REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio del Trabajo del Estado Apure
San Fernando de Apure, quince de marzo de dos mil dieciocho
207º y 159º
ASUNTO: CP01-L-2010-001250
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
PARTE DEMANDANTE: Ciudadano RAFAEL SANTANA CUERVO BLANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 9.597.696.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: Asdrúbal Vargas Abano, Inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.20.475.
PARTE DEMANDADA: AGROPECUARIA CAPANAPARO, C.A.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
En fecha Dieciséis (16) de noviembre de 2011, es recibido por este Tribunal la demanda proveniente del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Apure, por Cobro de Prestaciones Sociales incoado por el Ciudadano RAFAEL SANTANA CUERVO BLANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 9.597.696, debidamente asistido por el abogado Asdrúbal Vargas Abano, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 20.475, contra la AGROPECUARIA CAPANAPARO C.A.
En fecha dieciséis (16) de noviembre de 2011, se dio entrada al presente asunto en este Tribunal; y en fecha veintitrés (23) de noviembre de 2011 se libró auto providenciando las pruebas consignadas por las partes en la audiencia preliminar y se fijó la oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio oral y evacuación de pruebas.
Seguidamente, el once (11) de enero de 2012, visto que no constaba en autos la información solicitada por este Tribunal mediante auto de fecha veintitrés (23) de noviembre de 2011, y siendo que la misma podía ser relevante para la resolución del conflicto, en consecuencia se difirió la audiencia pautada, dejando en auto expreso la oportunidad para la celebración de la audiencia oral de Juicio y Evacuación de pruebas.
Asimismo, de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente asunto, se pudo observar que la última actuación de la parte demandante fue en fecha veinticuatro (24) de enero de 2012, donde solicitó copia simple del oficio CTCJA-TJ-0608-11, de fecha 23 de noviembre de 2011 constante a los folios 263 y 274 del presente asunto.
En tal sentido, el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.504 de fecha 13 de Agosto de 2002, dispone lo siguiente:
“Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.
Es oportuno citar lo sostenido en sentencia Nº 195, de fecha 16 de febrero de 2006 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
“…La perención de la instancia como institución netamente procesal constituye uno de los medios de terminación del proceso. Sin embargo, a diferencia de otros medios de terminación, ésta no está vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino a condiciones objetivas -transcurso de un período de tiempo sin impulso procesal de parte- que deben conjugarse a los fines de su materialización.
Tal figura ha sido considerada como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por un tiempo determinado por la ley.
Desde el punto de vista de sus efectos, en el juicio laboral la perención de la instancia, produce a tenor de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la extinción del proceso, aclarando el legislador que ello no impide proponer nuevamente la demanda, pero, para ello existe una imposibilidad pro tempore, ya que el demandante no podrá ejercerla en ningún caso, antes de transcurrido el lapso de noventa días después de declarada la perención.
Asimismo, este Tribunal considera pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha catorce (14) de agosto de 2017, con ponencia de la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, (Caso: Enrique José Romero Perdomo y Carmen Luisa Durán), donde estableció lo siguiente:
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. sentencia de esta Sala n.° 416 del 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”).
El interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. sentencia de esta Sala n.° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “Carlos José Moncada”).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Por ello, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Vid. sentencia de esta Sala n.° 956 del 1° de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y otro”). (…)”. (Resaltado de este Tribunal)
Visto lo dispuesto por la Jurisprudencia antes transcrita, este Tribunal pasa a determinar si se ha verificado la perención de la causa en el caso bajo análisis.
Ahora bien, por cuanto se evidencia de la revisión de la presente causa, que la última actuación procesal realizada por la parte demandante fue el veinticuatro (24) de enero de 2012, y en virtud que han transcurrido más de cinco (05) años, desde la fecha de la última actuación procesal a la presente fecha, sin que la parte demandante procediera ejecutar actuación alguna que le dé impulso a la causa; lo que denota claramente una falta de interés en el procedimiento por parte del demandante, y que a juicio de este Juzgador se considera como una inactividad en el presente expediente, lo cual conlleva a declarar la perención y la extinción del procedimiento, tal y como será establecido en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se decide.
En consecuencia, visto que la causa se encontraba paralizada, sin que hasta la fecha conste en autos que el actor haya impulsado la presente causa, es por lo que este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declara consumada la perención de la causa por la inactividad de las partes y en consecuencia extinguida la instancia en este juicio. Así se declara.
DECISIÓN
Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Consumada LA PERENCION Y LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA, DE LA CAUSA Y DEL PROCEDIMIENTO, en la presente demanda incoada por el ciudadano RAFAEL SANTANA CUERVO BLANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 9.597.696, debidamente asistido por el abogado, Asdrúbal Vargas Abano, Inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.20.475 contra la AGROPECUARIA CAPANAPARO C.A. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas.
Dada, sellada y firmada, en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los quince (15) días del mes de marzo del año 2018.
La Jueza Titular,
Abg. Carmen Yuraima Morales de Villanueva
La Secretaria,
Abg. Geraldine Goenaga Prieto
En la misma fecha se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las diez y treinta (10:30) horas de la mañana.
La Secretaria,
Abg. Geraldine Goenaga Prieto
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