TSJ Regiones - Decisión

Biruaca, 02 de marzo de 2018

EXPEDIENTE: Nº 1558-12

REPRESENTANTE LEGAL: INGRID YURADIA TABLERA MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°21.006.110, en su condición de madre y representante legal del menor cuya identidad se omite de conformidad con criterio jurisprudencial con carácter vinculante emanado de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 1554 de fecha 12-11-2013, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán.

OBLIGADO EN MANUNTENCIÓN: FRANKLIN ANIBAL LOPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.505.594.

MOTIVO: REVISIÒN DE OBLIGACION DE MANUTENCIÓN.

NARRATIVA

En fecha 09 de agosto de 2017, se recibió solicitud de Revisión de Obligación de Manutención, suscrito por la ciudadana INGRID YURADIA TABLERA MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°21.006.110, en su condición de madre y representante legal del menor cuya identidad se omite de conformidad con criterio jurisprudencial con carácter vinculante emanado de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 1554 de fecha 12-11-2013, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en contra del ciudadano FRANKLIN ANIBAL LOPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.505.594.

Al folio (118) del expediente, cursa auto admitiendo la presente solicitud de Revisión de Obligación de Manutención, librando citación al ciudadano Franklin Aníbal López, ya identificado, para que comparezca al tercer (3er) día de despacho siguientes a su citación, a los fines de dar contestación a la presente demanda, advirtiéndosele que ese mismo día a las 10:00 a.m., se llevara a cabo la audiencia conciliatoria. Asimismo, se libró Boleta de Notificación a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
Al folio (124) consta en el Expediente, consignación realizada por el Alguacil de este Tribunal, a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.
Cursa al folio (138) del Expediente, certificación de la secretaria de haberse practicado la citación del ciudadano Franklin Aníbal López.
Al folio (139) consta en el Expediente, acta mediante la cual se dejó constancia de la incomparecencia del demandado, haciendo acto de presencia únicamente la madre y representante legal, en tal sentido, no siendo posible acuerdo alguno, se declaró abierta la articulación probatoria estipulada en el artículo 517 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescentes.
Al folio (140), cursa auto para dictar sentencia en el presente asunto.

PARTE MOTIVA

En el caso de marras, se evidencia que siendo la oportunidad legal para dar contestación a la solicitud de obligación de manutención, el obligado en manutención NO compareció a la audiencia conciliatoria, ni acudió por si ni por medio de apoderado judicial alguno, a dar contestación a la referida demanda, como consecuencia de la no contestación de la demanda, surge la presunción de confesión ficta, lo que hace apuntar al estudio del artículo 362 de Código de Procedimiento Civil, aplicado supletoriamente de conformidad al artículo 178 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente. En tal sentido, el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: "Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquel lapso, ateniéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento."

Con respecto a la norma transcrita se evidencia que deben transcurrir tres requisitos elementales para que proceda la confesión ficta:
1) Que el demandado no diere contestación a la demanda.
2) Que el demandado nada probare que le favorezca.
3) Que la pretensión de la parte demandante no sea contraria a derecho o al orden público.
Este Tribunal procede a examinar si en el presente caso se han cumplido estos requisitos elementales. Con respecto al primer requisito como lo es que la parte demandada no diere contestación a la demanda dentro del lapso señalado en el artículo 461 de la Ley Orgánica de Protección al Niño y Adolescente, se tiene como satisfecho por cuanto no corre en el expediente escrito alguno que evidencie la contestación a la demanda. Continuando con el segundo requisito de la norma, para que proceda la confesión ficta, abierta la causa a pruebas, la parte demandada no probó nada que le favoreciera y tampoco alegó el caso fortuito o la fuerza mayor que le hubiese impedido dar contestación a la demanda, si tal fuera el caso, configurándose otro de los requisitos de la norma invocada.
Por último, acerca del tercer requisito, se observa que la pretensión de la demandante no sólo no es contraria a derecho, sino que está amparada por la legislación especial que regula los derechos de los niños, niñas y adolescentes, normas que tienen el carácter de orden público. Conforme a lo anteriormente expuesto, es criterio de quien aquí juzga que se encuentran llenos los extremos exigidos por el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, para que el demandado SEA DECLARADO CONFESO. Y ASÍ SE DECIDE.

PRUEBAS DE LA PARTE SOLICITANTE

En el escrito presentado, debidamente asistida por la Defensoría Pública del Niño, Niña y Adolescente del Municipio Biruaca del Estado Apure, consignó:
1.- Copia simple de la cédula de la ciudadana representante legal INGRID YURAIDA TABLERA MORENO. Esta juzgadora le da pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por no haber sido impugnada por la parte demandada, con la misma se evidencia la identidad de la demandante y representante legal. ASI SE DECIDE

2.- Copia simple de la partida de nacimiento del adolescente, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en cuyo beneficio se solicita la obligación de manutención, la cual posee pleno valor probatorio, por tratarse de un documento público, que en ningún momento ha sido desconocido o impugnado por la vía de tacha durante el proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 1357, 1359, 1360, 1380 y siguientes del Código Civil, en concatenación con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 429, 438 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. De modo que, hace plena prueba del vínculo de filiación paterna existente entre el demandado Franklin Aníbal López, con respecto al adolescente en cuyo beneficios se solicita la revisión de los montos por concepto de manutención, a los fines exigidos en el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, quedando demostrada la cualidad del referido ciudadano como legitimado pasivo en obligación de manutención en beneficio de su hijo. Y así se decide.
3.-Copia simple de sentencia proferida, por este Juzgado en fecha 11 de agosto de 2016. Esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por no haber sido impugnada por la parte demandada, con la misma se evidencia el tiempo transcurrido desde el último aumento de los montos por concepto de obligación de manutención, y así se decide.
4.- Copia simple de informe médico, de fecha 03 de noviembre de 2015, correspondiente al estado de salud del menor en cuyo favor se demanda la revisión de los montos por concepto de manutención. Esta juzgadora le otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por no haber sido impugnada por la parte demandada, con la misma se evidencia la urgencia que presenta el adolescente del caso de marras, en recibir en forma expedita y ajustado al costo de la canasta alimentaria, cada uno de los conceptos por Obligación de Manutención. Y así se decide.

PRUEBAS DEL OBLIGADO

Durante el lapso de pruebas el obligado no consignó prueba alguna. Así se establece.-

PRUEBAS SOLICITADAS POR EL TRIBUNAL

Este tribunal solicitó mediante auto cursante al folio (127) del expediente, constancia de trabajo del ciudadano Franklin Aníbal López, titular de la cédula de identidad N°13.805.594, cuyas resultas cursan al folio (131) del expediente, en tal sentido, de conformidad con el artículo 429 del Cogido de Procedimiento Civil, se le otorga valor probatorio por no haber sido impugnada por la parte demandada, a los fines de demostrar que el obligado en manutención labora como obrero en la Alcaldía del Municipio Pedro Camejo del Estado Apure, sin embargo, no se toma como salario devengado el señalado en la misma, en virtud de los ajustes salariales que han acontecido, desde la fecha de expedición de dicha constancia, hasta la actualidad. Así se decide.

Por los razonamientos antes expuestos y por lo que se desprende de las actas procesales, analizadas las probanzas consignadas por ante este Tribunal por la parte solicitante, esta Juzgadora pasa a resolver el fondo del presente asunto en los siguientes términos:

Señala el Doctor Guillermo Blanco, en sentencia como Juez Superior Civil, Mercantil, Tránsito y Protección del Niño y Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, hoy día Magistrado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo criterio esta juzgadora comparte de conformidad al principio de expectativa plausible, con respecto al derecho de alimentos “ es la facultad que se otorga, para recibir de otra, los recursos necesarios para su subsistencia, en virtud de un precepto legal, de un convenio, de una disposición testamentaria, o como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito; y desde el punto de vista del Derecho de Familia, se puede definir, como el derecho y la correlativa obligación legal que tiene por objeto proporcionar a una necesitada, por parte de su pariente obligado, los recursos necesarios para su manutención y sobrevivencia, que conforme al artículo 911 del Código Civil al referirnos al legado de alimentos, nos señala que éste comprende : “ la comida, el vestido, la habitación y demás cosas necesarias durante la vida del legatario”

En cuanto a la obligación alimentaria debida a niños y adolescentes, la Ley Orgánica para la Protección de éstos, es más clara y precisa en su artículo 365 señala que: “La Obligación alimentaria comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia médica, medicinas, recreación y deportes , requeridos por el niño y el adolescente”.

De la misma manera la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el segundo aparte del artículo 76 expresa: “ el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas… la ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria”.

De tal manera, que hay supuestos necesarios, que deben concurrir para la existencia de la obligación alimentaria, tales como: Que exista una persona incapaz para subvenir por si sola sus necesidades vitales; Que la persona necesitada esté ligada por un vínculo parental a otra, a quien la ley imponga la obligación de prestarle alimentos; Que la persona obligada éste en capacidad económica de prestársela.

En este orden de ideas, se observa en el presente caso, en primer lugar que se encuentra suficientemente demostrada la relación paterna filial entre el accionado y el menor cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en cuyo nombre y representación se ha pretendido la acción por revisión de los concepto de obligación de manutención. Asimismo, aunado a la pública y notoria situación de incremento de los índices de inflación, que percute en el costo de los bienes y servicios esenciales para un nivel y calidad de vida acorde para un menor en pleno desarrollo.

Asimismo se evidencia de las actas procesales, que la actora como madre y guardadora asume directamente la manutención de su hijo tanto de alimentación, educación y vestuario dentro de sus limitaciones, y en cuanto a la capacidad económica del padre, de las argumentaciones de la parte actora se extrae que el mismo labora en la Alcaldía del Municipio Pedro Camejo, y en cuanto al salario devengado, no se encuentra actualizado en virtud de los incrementos salariales que han sido decretados, desde la fecha de expedición de dicha constancia hasta la actualidad, en tal sentido, en aras de la celeridad procesal y la tutela judicial efectiva, este tribunal establece como salario devengado por el demandado en manutención, el salario mínimo urbano actual, dado que el mismo es de obligatorio cumplimiento tanto para los entes públicos como privados, a lo largo de todo el territorio nacional, y así se establece, aunado a ello, el demandado no demostró en la oportunidad procesal legal, tener otra carga familiar, ni nada que le favorezca, en tal sentido, se procede a fijar un incremento en la obligación de manutención que cubra las necesidades de subsistencia del adolescente ente cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, a fin de asegurar su desarrollo integral, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.
Por tales consideraciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tomando en cuenta el artículo 8 y 369 de la Ley Orgánica del Protección al Niño y Adolescente, se declara con lugar la demanda de obligación de manutención, incoada por la ciudadana INGRID YURAIDA TABLERA MORENO, en su condición de madre y representante legal del adolescente cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en los términos y particularidades antes expuestas. Y así se decide.-
En consecuencia, esta examinadora determina la obligación de manutención, tomando en cuenta la inflación, el alto costo de la vida, y tomando en consideración que la obligación de manutención se ejerce de forma compartida por ambos progenitores, en tal sentido se fija de carácter definitivo la cantidad de CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL SALARIO DEL OBLIGADO ALIMENTISTA, por concepto de obligación de manutención; en cuanto al bono por concepto de gastos de útiles escolares, y adicional a la cuota de manutención ordinaria se establece el CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL BONO VACACIONAL DEL OBLIGADO ALIMENTISTA. En cuanto al bono por concepto de gastos decembrinos, y adicional a la cuota de manutención ordinaria, se fija CUARENTA POR CIENTO (40%) DE LAS UTILIDADES DE FIN DE AÑO DEL OBLIGADO ALIMENTISTA. Asimismo, se ordena el descuento de todos y cada uno de los beneficios que de ley corresponden al beneficiario alimentista relacionados con cesta juguetes, contribución por estudio y ayuda social para útiles y textos, los cuales una vez descontados de la nomina del obligado en manutención mediante su ente empleador, Alcaldía del Municipio Pedro Camejo del Estado Apure, deberán ser depositados en la cuenta bancaria aperturada para tal fin.
Por último, el obligado en manutención, deberá aportar el 50% de los gastos de medicina cuando sean requeridas por el adolescente, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así se decide.

DISPOSITIVA

Por las consideraciones antes expuestas, este Juzgado SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FERNANDO Y BIRUACA de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de ley, DECLARA: PRIMERO: LA CONFESIÓN FICTA del ciudadano FRANKLIN ANIBAL LOPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.505.594. SEGUNDO: CON LUGAR, la demanda por revisión de obligación de manutención, presentada por la ciudadana INGRID YURADIA TABLERA MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°21.006.110, en su condición de madre y representante legal del menor cuya identidad se omite de conformidad con criterio jurisprudencial con carácter vinculante emanado de Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia Nº 1554, en contra del ciudadano FRANKLIN ANIBAL LOPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.505.594. TERCERO: CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL SALARIO DEL OBLIGADO ALIMENTISTA, por concepto de obligación de manutención; en cuanto al bono por concepto de gastos de útiles escolares, y adicional a la cuota de manutención ordinaria se establece el CUARENTA POR CIENTO (40%) DEL BONO VACACIONAL DEL OBLIGADO ALIMENTISTA. En cuanto al bono por concepto de gastos decembrinos, y adicional a la cuota de manutención ordinaria, se fija CUARENTA POR CIENTO (40%) DE LAS UTILIDADES DE FIN DE AÑO DEL OBLIGADO ALIMENTISTA. Asimismo, se ordena el descuento de todos y cada uno de los beneficios que de ley corresponden al beneficiario alimentista relacionados con cesta juguetes, contribución por estudio y ayuda social para útiles y textos, los cuales una vez descontados de la nomina del obligado en manutención mediante su ente empleador, Alcaldía del Municipio Pedro Camejo del Estado Apure, deberán ser depositados en la cuenta bancaria aperturada para tal fin. CUARTO: El obligado en manutención, deberá aportar el 50% de los gastos de medicina cuando sean requeridas por el adolescente, cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así se decide. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente procedimiento. Regístrese, publíquese y déjese copia para el archivo del Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FERNANDO Y BIRUACA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, a los dos (02) días del mes de marzo del año dos mil Dieciocho (2018).
La Jueza Provisoria,

Abg. Inés M. Alonso Aguilera

La Secretaria,

Abg. Johanna A. Laya Díaz

Seguidamente siendo las 11: 30 a.m, y como fue ordenado se registró, publicó y se dejó copia certificada de la anterior Sentencia Definitiva.

La Secretaria,

Abg. Johanna A. Laya Díaz