JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y DEL MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS. San Fernando de Apure, cinco (05) de Octubre del año Dos Mil Dieciocho (2018). 208° Y 159° I DE LAS PARTES Y SUS ABOGADOS EXPEDIENTE Nº: A-0315-17.- DEMANDANTE: CARMEN ONOFRE BRAVO, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° V-13.465.098, domiciliado en la Agropecuaria Las Garcitas, sector Payara 2021, asentamiento campesino sin información, Parroquia Urbana Achaguas del Municipio Achaguas del Estado Apure. DEFENSOR PUBLICO ASISTENTE DEL DEMANDANTE: CHERRYS ARMANDO LAYA, Titular de la Cedula de identidad N° V-12.902.679, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 201.241 en su carácter de Defensor Publica Auxiliar Primero con competencia en Materia Agraria. DEMANDADOS: MOTIVO: ACCION POSESORIA POR RESTITUCION. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA). II SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA. De conformidad con lo establecido en el artículo 243, ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente, se procede a realizar una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la presente decisión, en tal sentido se observa: Inicia el presente Juicio por Acta levantada en este Despacho en horas de Despacho el día tres (03) de Febrero del año Dos Mil Diecisiete (2.017), el cual es contentivo de la demanda por ACCION POSESORIA POR RESTITUCION, de forma Oral expuesta por el Ciudadano CARMEN ONOFRE BRAVO, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° V-13.465.098, domiciliado en la Agropecuaria Las Garcitas, sector Payara 2021, asentamiento campesino sin información, Parroquia Urbana Achaguas del Municipio Achaguas del Estado Apure, mediante el cual solicita de este Juzgado, la ACCION POSESORIA POR RESTITUCION, este Juzgado de conformidad con el articulo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y tal como lo establece fue reducida en forma de Acta la cual riela al folio N° 01. III RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES En fecha tres (03) de Febrero del año Dos Mil Diecisiete (2.017), se levanta el Acta respectiva de la Demanda presentada en manera Oral y Ordena darle entrada. Se le dio entrada y el curso de Ley correspondiente, a su vez se Ordeno oficiar a la Defensa Publica a los fines de que designe un Defensor Publico con competencia Agraria a la parte Accionante, de igual forma se ordena oficiar a la Secretaria Ejecutiva de la Demarcacion Indigena del Estado Apure, en la misma fecha se libraron los Oficios N° 2017-0032 y 2017-0033 (Folios del 01 al folio 10) En de fecha ocho (08) de Marzo del año Dos Mil Diecisiete (2.017), se recibe Escrito suscrito por el Abogado CHERRYS ARMANDO LAYA, Titular de la Cedula de identidad N° V-12.902.679, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 201.241 en su carácter de Defensor Publica Auxiliar Primero con competencia en Materia Agraria mediante el cual informa a este Despacho que Fue designado como Defensor Publico del Accionante. (Folio 11) En fecha Veintisiete (27) de Marzo del año Dos Mil Diecisiete (2.017), Se recibe Oficio N° CRDP-APU-2017-051 de fecha 20 de Marzo del 2017, emando de la Coordinacion de la Defensa Publica del Estado Apure mediante la cual informa que el Defensor Solicitado en la presente es el Abogado CHERRYS LAYA. (Folio 12) En fecha veintiuno (21) de Abril de Dos Mil Diecisiete (2.017), se dicta auto ordenando agregar al Expediente el Escrito presentado por el Abogado CHERRYS ARMANDO LAYA, Titular de la Cedula de identidad N° V-12.902.679, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 201.241 en su carácter de Defensor Publica Auxiliar Primero con competencia en Materia Agraria (Folio 13) IV MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO. Este Tribunal al respecto observa: La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 182, establece: “La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de parte opositora, cuando hayan transcurrido seis (6) meses sin que haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora”. (…) (Subrayado de este Despacho) En el mismo orden de ideas, dispone al artículo 267 ordinal 2 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: Cuando transcurrido treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado. (Negrillas del Tribunal). De conformidad con los artículos anteriores y visto las actas procesales que anteceden en el proceso de ACCION POSESORIA POR RESTITUCION, presentada por medio de Acta levantada en este Despacho en horas de Despacho el día tres (03) de Febrero del año Dos Mil Diecisiete (2.017), de manera Oral expuesta por el Ciudadano CARMEN ONOFRE BRAVO, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° V-13.465.098, domiciliado en la Agropecuaria Las Garcitas, sector Payara 2021, asentamiento campesino sin información, Parroquia Urbana Achaguas del Municipio Achaguas del Estado Apure y la designación del Abogado CHERRYS ARMANDO LAYA, Titular de la Cedula de identidad N° V-12.902.679, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 201.241 en su carácter de Defensor Publica Auxiliar Primero con competencia en Materia Agraria manifestando su aceptación de la representación del Accionante. Analizadas como fueron las actas procesales, este tribunal observa que, en la presente causa, desde el veintiuno (21) de Abril de Dos Mil Diecisiete (2017), que se dicto auto ordenando agregar al Expediente el Escrito presentado por el Abogado CHERRYS ARMANDO LAYA, Titular de la Cedula de identidad N° V-12.902.679, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 201.241 en su carácter de Defensor Publica Auxiliar Primero con competencia en Materia Agraria, no se ha realizado ningún otra actuación procesal por la parte actora con la finalidad de lograr la continuación del presente proceso; específicamente un (01) año, cinco (05) meses y trece (13) días de inactividad procesal. Es por ello que se establece fehacientemente que existe una falta absoluta de actividad procesal por la parte actora ocurriendo ausencia de actividad procesal durante el período señalado, para la continuación del presente proceso, tal como lo establece el estamento jurídico positivo. El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca, pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal, cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión. Según el maestro italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973) estableció: “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.” El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo. Ese interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento, extinción de la acción o la Perención, figuras estas plenamente establecidas el ordenamiento jurídico. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión del 01 de junio de 2001 (caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero Exp. nº: 00-1491, sentencia. nº 956), al referirse al interés procesal señaló: A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional. (..) Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez. (..) Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. (..) La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.” De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la parte actora perdió el interés procesal para la continuación del presente proceso al no presentar el Libelo correspondiente para darle continuidad al proceso, lo que manifiesta de manera fehaciente que se consuma la perención de la instancia; por lo que resulta forzoso para este Tribunal, establecer la existencia en autos, de falta de interés del Accionante. En consecuencia, de conformidad con lo sentado en la sentencia ut supra, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y del Municipio Arismendi del Estado Barinas, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA del presente proceso por PÉRDIDA DEL INTERÉS DEL ACTOR y en consecuencia se da por terminado la presente proceso. Se ordena librar la respectiva Boleta de Notificación solamente a la parte demandante en virtud de que la parte demandada no estaba formalmente citada, comunicándole lo expresado en la presente decisión. Y ASÍ SE DECIDE.- V D I S P O S I T I V A Por todos los argumentos antes explanados, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y DEL MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA POR PERDIDA DEL INTERÉS DEL ACTOR Ciudadano CARMEN ONOFRE BRAVO, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° V-13.465.098, domiciliado en la Agropecuaria Las Garcitas, sector Payara 2021, asentamiento campesino sin información, Parroquia Urbana Achaguas del Municipio Achaguas del Estado Apure y así se decide.- SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a la parte demandante ciudadano CARMEN ONOFRE BRAVO, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° V-13.465.098 y/o al ciudadano abogado CHERRYS ARMANDO LAYA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 12.902.679, debidamente inscrito en el IPSA bajo el Nro. 201.241, en su carácter de Defensor Publico Auxiliar Primero con competencia en Materia Agraria, designado en su oportunidad para la defensa de los derechos de la parte actora.- TERCERO: SE ORDENA EL ARCHIVO del expediente y remítase al Archivo Judicial en su oportunidad Legal y después de estar formalmente notificado de la presente decisión la parte actora que en esta sentencia se ordeno notificar.- PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y del Municipio Arismendi del Estado Barinas, a los cinco (05) días del mes de Octubre de Dos Mil Dieciocho (2018). Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación. EL JUEZ PROVISORIO. Abg. ANTONIO AAYSENN FRANCO TOVAR Abg. LENIN ALEXANDER POLANCO RODRIGUEZ. SECRETARIO.- En la misma fecha, siendo las once y cincuenta de la mañana (11:50 a.m.) se publicó y registró la anterior decisión, y se expidió copia certificada a los fines de su registro y archivo en el copiador de sentencias llevado por éste Juzgado. Abg. LENIN ALEXANDER POLANCO RODRIGUEZ. SECRETARIO.- AAFT/ LAPR/ Exp. N° A-0315-17 JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y DEL MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS. San Fernando de Apure, cinco (05) de Octubre del año Dos Mil Dieciocho (2018). 208° Y 159° B O L E T A D E N O T I F I C A C I Ó N. Se hace saber. Al ciudadano CARMEN ONOFRE BRAVO, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° V-13.465.098, y/o el abogado CHERRYS LAYA, en su carácter de Defensor Publico Auxiliar Primero, parte demandante en la presente causa, que en esta misma fecha se decreto la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el expediente Nº A-0315-17, contentivo del juicio de ACCION POSESORIA POR RESTITUCION. Notificación que se le hace a los fines legales consiguientes. EL JUEZ PROVISORIO.- Abg. ANTONIO AAYSENN FRANCO TOVAR Abg. LENIN ALEXANDER POLANCO RODRIGUEZ. SECRETARIO.- AAFT/ LAPR/ Exp. N° A-0315-17