REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE San Fernando de Apure, 22 de enero del año 2019. 208° y 159° DEMANDANTES: Abogados JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ y EGAUDYS NAZARENO RODRÍGUEZ ÁVILA. DEMANDADA: NUBILDE CAROLINA VELÁZQUEZ VÉLIZ. MOTIVO: ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES JUDICIALES. EXPEDIENTE: Nº 16.558. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA. Por recibida la anterior demanda de ESTIMACIÓN E INTIMACIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES JUDICIALES constante dos (02) folios útiles con sus respectivos anexos, intentada por los ciudadanos Abogados JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ y EGAUDYS NAZARENO RODRÍGUEZ ÁVILA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad N° V-8.196.491 y V-19.689.766, respectivamente, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 264.565 y 264.566, respectivamente, sin domicilio procesal explanado en el escrito libelar; incoada en contra de la ciudadana NUBILDE CAROLINA VELÁZQUEZ VÉLIZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.581.881, domiciliada en el sector “La Esperanza”, a pocos metros de la granja de Arichuna, Parroquia Peñalver, Municipio San Fernando del Estado Apure; este Tribunal vencido el lapso de tres (03) días de despacho, otorgado en el auto de entrada dictado en fecha 16 de enero del año 2019, y antes de pronunciarse sobre la admisibilidad de la misma, quien decide observa: PRIMERO: Revisado el escrito libelar, en el acápite destinado a la narración de los hechos, indican los accionantes que la parte demandada de autos ciudadana NUBILDE CAROLINA VELÁZQUEZ VÉLIZ, antes identificada, contrató sus servicios como profesionales del Derecho a los fines de que surtiera efectos su asistencia jurídica en la causa penal identificada con el Nº S2C-1833-18, nomenclatura correspondiente al Tribunal Segundo de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, expediente en el cual la accionada de autos tenía retenido un bien de su propiedad consistente en un (01) motor fuera de borda que posee las siguientes características: marca: YAMAHA, serial de motor: S-1011749, serial de cuadro: S-1011749, color: GRIS OSCURO, tipo: E40GMHS, Modelo: E40GMHS, Cilindros: DOS, capacidad: 40 H-P, peso: 70 Kg.; así pues indican en el escrito libelar lo que a continuación se transcribe: “… consistiendo nuestra labor en realizar todos los trámites judiciales y extrajudiciales con el fin de lograr la entrega material de un motor fuera de borda propiedad de la demandada de autos, bien mueble plenamente identificado anteriormente en este escrito, cumpliendo nosotros bien y fielmente con nuestros servicios profesionales, realizando las diligencias inherentes y necesarias a los fines de lograr la entrega material del bien antes descrito, tal como consta en anexo marcado con la letra “B”. (Acta de entrega) que acompañamos con el presente libelo de demanda…” (Subrayado y resaltado del Tribunal). SEGUNDO: Revisado lo anterior es importante traer a colación el criterio Jurisprudencia reiterado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, plasmado recientemente en sentencia Nº RC-000555, proferida en fecha 10 de agosto del año 2017, dictada en el expediente identificado con el Nº 2017-000176, con ponencia del Magistrado FRANCISCO VELÁZQUEZ ESTÉVEZ, en el cual se ratificó el criterio mantenido desde hace aproximadamente diez (10) años referido a la inepta acumulación de acciones por incompatibilidad de procedimientos, arguyendo lo que se transcribe a continuación: “…Asimismo, al respecto, sobre la acumulación de actuaciones judiciales y extrajudiciales, en los juicios de intimación y estimación de honorarios, ha señalado esta Sala el criterio imperante, entre ellas en sentencia N° 583, de fecha 3 de octubre de 2013, Exp. N° 2013-000217, en el juicio por estimación e intimación de honorarios profesionales, incoado por el abogado Balmore Rodríguez Noguera, contra la sociedad mercantil Panamco de Venezuela C.A. (hoy Coca-Cola Femsa de Venezuela S.A.) y la sociedad mercantil Distribuidora Jenniber C.A., la cual expresamente señaló lo siguiente: “…Asimismo, y en lo que respecta a la acumulación de pretensiones en los juicios de estimación de honorarios, esta Sala ha señalado en sentencia N° 179, expediente N° 2008-655, de fecha 15 de abril de 2009, en el caso de Miguel Santana Mujica y otra contra Asociación (sic) Civil (sic) Sucesores de Mario Oliveira, S.A. (SUDOLIMAR) y otra, lo siguiente: (…Omissis…) “Esta Sala de Casación Civil ha establecido en diferentes oportunidades, que la figura de la acumulación procesal consiste en la unificación, dentro de un mismo expediente, de causas que revisten algún tipo de conexión, o en los que exista entre ellos una relación de accesoriedad o continencia, para que, mediante una sola sentencia, estas sean decididas y con ello, se eviten decisiones contradictorias que puedan versar sobre un mismo asunto. En este sentido, ha sostenido que la acumulación tiene como finalidad influir positivamente en la celeridad, ahorrando tiempo y recursos al fallar en una sola sentencia asuntos en los que no hay razón para que se ventilen en diferentes procesos. Sin embargo, debe verificarse si la acumulación se ajusta a derecho, esto es, que se trate de pretensiones compatibles, que no se contraríen o excluyan entre sí, y que puedan ser tramitadas en un mismo procedimiento. Ahora bien, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o sean contrarias entre sí, cuando por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. Así pues, toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación. Se entiende entonces -y ello ha sido criterio reiterado de esta Sala-, que la acumulación de pretensiones incompatibles, no puede darse en ningún caso, es decir, ni de forma simple o concurrente, ni de manera subsidiaria (en este último caso, a menos que los procedimientos no sean incompatibles, en cuyo caso sí podrán acumularse, según lo dispuesto en el único aparte del artículo 78 del Código de Procedimiento Civil). De manera que la inepta acumulación de pretensiones, en los casos en que estas se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, constituye causal de inadmisibilidad de la demanda. (Al efecto ver sentencia de esta Sala N° 175 del 13 de marzo de 2006, caso: José Celestino Sulbarán Durán c/ Carmen Tomasa Marcano Urbáez) (…Omissis…) Asimismo, esta Sala ha señalado en su fallo N° 99, expediente N° 2000-178, de fecha 27 de abril de 2001, en el caso de María Josefina Mendoza Medina contra Luis Alberto Bracho Inciarte, lo siguiente: (…Omissis…) “Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía de juicio breve y ante el Tribunal (sic) Civil (sic) competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda. La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con los establecido en el Artículo (sic) 386 (607 del nuevo Código) (sic) del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias”. En este sentido, la Sala en sentencia N° 54, expediente N° 98-677, de fecha 16 de marzo de 2000, en el juicio de Iris Molina de García y otra contra Administradora Myt, S.R.L., señaló: “...actividades como la redacción del poder, el estudio y elaboración de la demanda y/o de la contestación, no pueden considerarse extrajudiciales ya que están íntimamente ligadas al proceso (Nemo auditus sine actore). Para la Sala, el desarrollo de todas aquellas actividades conexas al juicio, ya sea en representación del actor o del demandado, que permiten al profesional del derecho adecuar los hechos que configuran la pretensión (actor) o su rechazo (demandado) a los supuestos normativos, conllevan una actividad que ha de valorarse como estrictamente judicial, a los efectos de estimar e intimar honorarios y al momento de acordarlos por parte del Tribunal (sic) de Retasa (sic). Así se decide...”. El artículo 22 de la Ley de Abogados, ya citado, determina con precisión los procedimientos que hay que cumplir para uno y otro caso. Así cuando hay discrepancia entre el abogado y su cliente por el monto de honorarios profesionales de abogados causados extrajudicialmente la ley determina que el juicio comienza por demanda ante el Tribunal (sic) competente por la cuantía, y el procedimiento que se aplica es el del juicio breve y la incidencia, si surgiere, se hará conforme al artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Ahora para el caso de la estimación de honorarios por actuaciones judiciales estas se harán en el mismo expediente contentivo del juicio principal el cual tendrá otro procedimiento como es la intimación al pago en el plazo de diez (10) días conforme al artículo 25 de la Ley de Abogados. En ambos procedimiento el demandado puede acogerse al derecho de retasa. De tal manera que se está en presencia de dos procedimientos distintos que se excluyen mutuamente.- En el presente caso, la Sala observa que en el libelo de la demanda que está presentado independientemente del juicio principal, se indica en su mayoría actuaciones extrajudiciales realizadas por la abogada del demandado en reuniones en restaurantes, en la casa de la abogado y en otros sitios; reuniones con la cónyuge del poderdante en su de habitación etc, que condujeron luego a que la abogada presentara una solicitud de divorcio al Juez (sic) competente, pidiendo la disolución del vinculo (sic) conyugal de su cliente conforme al artículo 185-A del Código Civil, que es un procedimiento breve y sumario y sin contención.- Como se podrá observar, en el presente caso se acumulan estimaciones de honorarios cuyo procedimiento son excluyentes conforme lo establece la Ley de Abogados. Así, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, establece: “...No podrá acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal (sic); ni aquéllas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí...” (…Omissis…) En consecuencia, considera este Alto Tribunal que habiéndose acumulado acciones distintas que son incompatibles por tener procedimientos distintos, se está en presencia de lo que la doctrina ha llamado “inepta acumulación de acciones”, y siendo esta materia de orden público es imperativo casar de oficio el fallo recurrido y, anular todo el procedimiento hasta el estado de admisión de la demanda por el cobro de honorarios profesionales de abogado, la cual se debe tramitar por el procedimiento breve las actuaciones extrajudiciales en conformidad con lo que establece el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 881 y siguientes y estimar los honorarios correspondientes a las actuaciones judiciales conforme a lo que establece la ley de abogados.- Así se decide.- En efecto, el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, prohíbe la concentración de pretensiones en una misma demanda, en los casos en que las pretensiones se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, cuando, por razón de la materia, no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, y en los casos en que los procedimientos sean incompatibles. De tal modo, que toda acumulación de pretensiones realizada en contravención a lo dispuesto por la mencionada ley adjetiva, es lo que la doctrina denomina inepta acumulación. (…Omissis…) Ahora bien, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Abogados, el cobro de honorarios profesionales por actuaciones judiciales debe tramitarse según el procedimiento previsto en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil de 1916, hoy artículo 607 de la Ley (sic) Adjetiva (sic) Civil (sic) Vigente (sic), el cual establece (…): Por su parte, el cobro de honorarios por actuaciones extrajudiciales se debe tramitar por el procedimiento breve previsto en los artículos 881 y siguientes Código de Procedimiento Civil, el cual establece lapsos más largos y más oportunidades que el anterior procedimiento. Por vía de consecuencia, al haberse admitido la demanda no obstante la evidente acumulación de pretensiones que tienen procedimientos incompatibles y a pesar de que de los recaudos acompañados a la misma se comprueba la falta de cualidad de la parte demandada, por no ser la beneficiaria de las actuaciones profesionales en las que se sustenta la pretensión, se infringieron -por falta de aplicación- los artículos 78 y 341 del Código de Procedimiento Civil. En conclusión, acreditada como está en autos la inepta acumulación de pretensiones por estar fundada la demanda de honorarios tanto en una actuación judicial como en actuaciones extrajudiciales, (…) resulta imperativo para esta Sala casar de oficio el fallo recurrido, declarar nulas todas las actuaciones del presente juicio y sin necesidad de reenvío, pues resulta innecesario un nuevo pronunciamiento sobre el fondo, inadmisible la demanda con fundamento en lo establecido en los artículos 78 y 341 del Código de Procedimiento Civil y los criterios jurisprudenciales citados supra…”. (Negrilla y subrayado de la Sala). Cónsono con lo expuesto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido la imposibilidad derivada del texto de los artículos 22 de la Ley de Abogados y 78 del Código de Procedimiento Civil, de reclamar judicialmente el cobro de honorarios profesionales por actuaciones judiciales y extrajudiciales. Atendiendo a los razonamientos anteriormente expuestos, y en aplicación de los criterios jurisprudenciales examinados, resulta necesario concluir en la imposibilidad que tiene quien demanda o intima honorarios profesionales judiciales exigir junto con tal pretensión, el cobro de honorarios extrajudiciales. De lo anterior se colige, que se encuentran dados los supuestos de la inepta acumulación de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose, que las pretensiones contenidas en el libelo se excluyen, por cuanto de acuerdo a la doctrina, desarrollada ut supra, los honorarios profesionales de actuaciones judiciales no pueden ser peticionados conjuntamente con actuaciones extrajudiciales, dada la naturaleza de esta, ello en virtud de la unidad de procedimiento que es una característica de la acumulación en general, y cuando a cada pretensión corresponde un procedimiento incompatible con el de la otra, la acumulación no es posible, de modo que como fuera señalado por la doctrina reiterada de esta Sala de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, el cobro de los honorarios profesionales judiciales deberá tramitarse según el procedimiento previsto en el artículo 607 de Código de Procedimiento Civil. Por su parte, el cobro de honorarios por actuaciones extrajudiciales se tramita por el procedimiento breve previsto en los artículos 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, siendo en efecto procedimientos incompatibles que se excluyen mutuamente. Conforme con los postulados constitucionales, y a la reiterada jurisprudencia antes referida, es deber de los jueces como directores del proceso, analizar las actas del proceso de modo de evitar formalismos inútiles que impidan la tutela judicial, en este sentido, se evidencia del libelo de la demanda que lo peticionado por el accionante es el cobro de honorarios profesionales judiciales y extrajudiciales conjuntamente. De acuerdo a lo antes indicado, estamos en presencia de una inepta acumulación de pretensiones, por cuanto se configuran los elementos para que prospere la misma, ya que en los casos como el de autos, debe el juez entrar analizar el caso concreto de acuerdo a lo señalado en el libelo y en consecuencia, pronunciarse sobre su procedencia en los términos antes indicados, de modo que concluye esta Sala, que se encuentran dados los supuestos de la inepta acumulación de conformidad con el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, evidenciándose, que las pretensiones contenidas en el libelo son incompatibles. En consecuencia, esta Sala estima que el juez de la recurrida incurrió en el menoscabo de formas procesales del procedimiento que causan indefensión a las partes, infringiendo los artículos 22 de la Ley de Abogados y 78, 881 y 341 del Código de Procedimiento Civil, lo cual, constituye razones suficientes para que la Sala proceda a declarar la procedencia de la denuncia examinada. Así se decide. Con vista a las anteriores consideraciones esta Sala concluye de acuerdo a la reiterada doctrina que lo determinante en el presente caso es que se causó un gravamen, por consiguiente, la recurrida incurrió en el menoscabo de formas procesales del procedimiento que causan indefensión a las partes, infringiendo los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo lo cual, constituye razones suficientes para que la Sala proceda a corregir el error detectado y restituya el orden público conculcado. Así se decide…” (Subrayado y resaltado del Tribunal). TERCERO: De la revisión efectuada al libelo de demanda y visto el anterior criterio Jurisprudencial, claramente existe una ACUMULACIÓN PROHIBIDA DE ACCIONES en la demanda incoada pues los actores pretenden obtener a través de la acción intentada el cobro de honorarios profesionales por actuaciones JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES, hecho éste incompatible procesalmente ya que tal como se estableció en la sentencia citada supra, la sustanciación de las demandas por cobro de honorarios judiciales se lleva a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, mientras que el trámite para la obtención del cobro de los honorarios extrajudiciales se realiza por el Juicio Breve contemplado en el artículo 881 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual, siendo la acción intentada contraria a derecho debe declararse INADMISIBLE de conformidad con lo establecido en el artículo 341 eiusdem. CUARTO: Por otra parte, considera necesario quien suscribe realizar una serie de observaciones a los respetables colegas que acuden ante éste Órgano Jurisdiccional, se denota con preocupación que los accionantes de autos no indicaron el domicilio procesal en el cual pudieran localizarse, así como tampoco se anexaron de manera formal copias fotostáticas certificadas de las actuaciones en las cuales consta de manera fidedigna que se realizaron actuaciones de algún tipo en el cual se reflejara la representación en el trámite judicial que alegan, el simple hecho de anexar los recibos (originales) de las consignaciones en la sede del Departamento de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, no obsta a determinar que las actuaciones hicieron el efecto para el cual fueron contratadas; en este sentido, en el escrito presentado en fecha 18 de enero del año 2019, pretenden restarle la importancia que deriva del carácter de documentos públicos a las copias fotostáticas certificadas, el Administrador de Justicia no puede de ninguna manera INFERIR que se llevó a cabo una actuación judicial por parte de los colegas, así como tampoco, puede convertirse en pitonisa para dar por sentados hechos que como todo profesional del Derecho deben ser PROBADOS, en eso se sustenta el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil y en aplicación formal del mencionado principio iura novit curia, es que ésta Juzgadora le otorgó la oportunidad para que se realizara la presentación de los fotostatos certificados respetando principios Constitucionales de Acceso a la Justicia y Debido Proceso contemplados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hecho éste que no ocurrió; lo antes expuesto evidentemente atenta contra lo establecido en el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, el cual se cita a continuación: Artículo 340 C.P.C.: “El libelo de la demanda deberá expresar: 1° La indicación del Tribunal ante el cual se propone la demanda. 2° El nombre, apellido y domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. 3° Si el demandante o el demandado fuere una persona jurídica, la demanda deberá contener la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. 4° El objeto de la pretensión, el cual deberá determinarse con precisión, indicando su situación y linderos, si fuere inmueble; las marcas, colores, o distintivos si fuere semoviente; los signos, señales y particularidades que puedan determinar su identidad, si fuere mueble; y los datos, títulos y explicaciones necesarios si se tratare de derechos u objetos incorporales. 5° La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión, con las pertinentes conclusiones. 6° Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. 7° Si se demandare la indemnización de daños y perjuicios, la especificación de éstos y sus causas. 8° El nombre y apellido del mandatario y la consignación del poder. 9° La sede o dirección del demandante a que se refiere el artículo 174.” (Subrayado del Tribunal). QUINTO: De la exhaustiva revisión efectuada al libelo de demanda y al artículo precedentemente transcrito, este Tribunal observa que aunado a lo establecido en el literal TERCERO de la presente sentencia interlocutoria, los actores no cumplieron con los presupuestos establecidos en los ordinales 2º y 6º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, referidos a la identificación del domicilio de los demandantes y la consignación de los instrumentos FIDEDIGNOS en los cuales se sustenta la pretensión establecida en el escrito libelar. SEXTO: En concordancia a lo que antecede, el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil establece que en caso que la demanda sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley se negará su admisión; y en el presente caso la demanda es contraria a la disposición contenida en el citado artículo 340 del Código de Procedimiento Civil, por no llenar los requisitos contemplados en los ordinales 2º y 6º del artículo 340 íbidem y por imperio de lo establecido en el artículo 78 eiusdem. Y así se decide. En consecuencia, y por todos los razonamientos antes expuestos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que este Tribunal declara INADMISIBLE la presente demanda. Y así se decide. Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente decisión. Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho de este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a las 11:25 a.m., del día de hoy, martes veintidós (22) de enero del año dos mil diecinueve (2019). Años 208° de la Independencia y 159º de la Federación.- La Jueza Temporal. Abg. AURI TORRES LÁREZ. El Secretario Titular. Abg. FRANCISCO RAMÓN REYES PIÑATE. En esta misma fecha siendo las 11:25 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia interlocutoria, inclusive en la página Web, dejándose en la Unidad de Archivo la copia certificada a la cual hace referencia el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.- El Secretario Titular. Abg. FRANCISCO RAMÓN REYES PIÑATE. Exp. Nº 16.558. ATL/atl.