TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Apure
San Fernando de Apure, tres de julio de dos mil diecinueve
208º y 160º

ASUNTO: CP01-L-2013-000077
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA (PERENCION DE LA INSTANCIA)
DEMANDANTE: GÓMEZ CORRALES EDWIN ARMANDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 24.967.581.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: MARCOS GOITIA, Inpreabogado N°75.239.
PARTE DEMANDADA: JOSÉ LARA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.321.315.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS
En fecha dieciséis (16) de Abril del 2013, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Coordinación Laboral, recibe DEMANDA POR COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS, seguida por el ciudadano GÓMEZ CORRALES EDWIN ARMANDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 24.967.581, debidamente asistido por el Abogado MARCOS GOITIA, Inpreabogado N°75.239, contra el ciudadano JOSÉ LARA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.321.315, correspondiéndole en la misma fecha al Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure.
En fecha dieciocho (18) de Abril de 2013, el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, se abstiene de Admitir el presente asunto, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por no llenarse el requisito establecido en el numeral 2 del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y ordena a la parte atora subsanar el libelo de la demanda, mediante Boleta de Notificación.
En fecha veinticuatro (24) de Febrero de 2016, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, hace remisión al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure.
En fecha veinticinco (25) de Febrero de 2016, este Juzgado, motivado a que se suprimió el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación Y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, conforme a la Resolución N° 2015-26, de fecha nueve (09) de diciembre de 2015, emanada del Tribunal Supremo de Justicia., el Juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, se aboca al conocimiento de la misma, y libra la respectiva notificación a la parte interviniente en el presente juicio, para que haga uso del derecho de recusación, y subsane el libelo de la demanda.
En fecha veintiuno (21) de Febrero de 2017, la Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, certifica Boleta de notificación, dirigida al ciudadano GÓMEZ CORRALES EDWIN ARMANDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 24.967.581, la cual no se efectuó en los términos indicados en la misma, conforme en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En fecha veintidós (22) de febrero de 2017, este tribunal, motivado a que fue imposible localizar al ciudadano GÓMEZ CORRALES EDWIN ARMANDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 24.967.581, ordena librar notificación del abocamiento por vía de Cartel fijado en la sede del Tribunal conforme lo establecido en el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En fecha dieciséis (16) de Marzo del 2017, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, certifica que la actuación ordenada por auto de fecha veintidós (22) de Febrero de 2017, del presente expediente se efectuó en los términos indicados en la misma.
Ahora bien, de una revisión exhaustiva realizada al expediente, observa este Tribunal en la presente causa, que ha transcurrido más de un (1) año, para ser exacto, seis (06) años, dos (02) meses y diecisiete (17) días, sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento que permita la interrupción de la perención, durante el lapso comprendido entre el dieciséis (16) de Abril del 2013, fecha en que, la parte demandante, consigno el libelo de la demanda, hasta la presente fecha; no obstante a ello, esta juzgadora antes de decretar la Perención de la Instancia, considera necesario mencionar lo siguiente:
Establece el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al respecto lo siguiente:
“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el juez, éste último deberá declarar la perención.”
En este mismo orden de ideas, el artículo 202 ejusdem establece:
“La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal”. Del contenido de los artículos transcritos, claramente puede evidenciarse que para que opere la institución de la perención, se requiere necesariamente la inactividad de las partes durante el transcurso de un (1) año, inactividad procesal referida a la no realización de actuación alguna de las partes en el proceso, lo que constituye a criterio del legislador una actividad omisiva de las partes, inobservándose su obligación de impulsar el proceso para evitar el evidente decaimiento de su interés. Al respecto, nuestra Jurisprudencia patria, ha sostenido en forma reiterada, que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes, y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la Instancia.
El fundamento de la perención de la instancia descansa sobre los siguientes motivos: la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo), ya que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 195, del 16 de febrero de 2006, caso: SUELATEX, C.A., respecto a la perención de instancia señaló lo siguiente:
“(…) Las normas anteriores recogen dos supuestos de perención en materia laboral: por una parte, la regla general que expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de pleno derecho, la cual puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y, por otra, la perención de la instancia después de vista la causa la cual opera transcurrido un lapso superior a un año sin que exista actividad alguna de las partes o del Juez, ello inserto dentro de las disposiciones transitorias de ese texto legal..."
De igual manera, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, de fecha 03-02-2005, caso Daniel Blanco, en contra de Manufacturas de Papel, C.A (MANPA), estableció que:
“… La Sala observa: La sentencia recurrida para decidir sobre la perención de la instancia, se fundamentó en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en la sentencia N° 956 de fecha 1° de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual analizó la figura procesal de la perención de la instancia a la luz de la norma prevista en el artículo 267 del Código de procedimiento Civil, y estableció que la inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención, pues tal disposición persigue sancionar la inactividad de los litigantes, produciendo la extinción del procedimiento. No obstante, lo anterior, la Sala estableció que la inactividad de las partes en estado se sentencia, tiene otro efecto que si las perjudica y que está determinado por el interés procesal, estableciendo dentro de las modalidades de la extinción de la acción, la perdida de interés que tiene lugar cuando el accionante no impulsa el proceso a estos fines. Esta falta de interés surge en el proceso en dos oportunidades procesales, a saber: la primera,…” “… y la segunda, cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como en el presente...”
Por lo que, de los elementos de hecho y de derecho previamente analizados considera este Tribunal, que habiéndose verificado mediante revisión de la causa en mención, ha transcurrido más de un (1) año, para ser exacto, seis (06) años, dos (02) meses y diecisiete (17) días, sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento que permita la interrupción de la perención, durante el lapso comprendido entre el dieciséis (16) de Abril del 2013, consigno el libelo de la demanda, hasta la presente fecha, que produce la sentencia de perención de la instancia, sin que se observe actuación alguna de la parte demandante en la causa; en consecuencia, encontrándose llenos los extremos legales que se contrae el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta obligante para esta Juzgadora decretar la perención de la instancia; por tanto, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCION Y LA EXTINCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio, de conformidad con los artículo 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE DECIDE.
SEGUNDO: A los efectos de garantizar las normas del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa de la parte demandante, se ordena su notificación.
TERCERO: No hay condenatoria en costa por la naturaleza de la decisión.
La Juez Titular,
Abg. Ana Trina Padrón Alvarado

La Secretaria,
Abg. Hilda Yamileth Gómez Alvarado