REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Juicio del Trabajo del Estado Apure
San Fernando de Apure, cinco de agosto de dos mil veintiuno
211º y 162º
ASUNTO: CP01-L-2012-000198
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos ALICIO DE JESUS VERENZUELA ROMERO, JESUS RAFAEL MARTINEZ, JEAN CARLOS RODRIUEZ, GIOVANNY ORLANDO LOPEZ MARTINEZ, EDGAR DARIO ALTAHONA, DAULIS VIANNEY SILVA, LIRIO ARMANDO CAMPOS, JEAN CARLOS JUAREZ, RAFAEL GIOVANNY SOTO, FREDDY ARTAHONA CABEZA, Y NELSON ENRIQUE MARTINEZ FAMA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.195.536, V-12.321.971, V-16.682.782, V-15.681.604, V-11.753.432, V-18.558.535, V-6.938.358, V-15.187.861, V-11.758.083, V-11.759.993, y V-15.359.995, respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogados LUISA MARIA GARCIA GUERRERO, YNGRYS TIBISAY ROMERO DE GIL y LIBARDO ALDIMARO GIL GRATEROL, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 44.965, 178.320 y 178.319.
PARTE DEMANDADA: CONSTRUCTORA BRASILERA E MINERADORA LTDA (CBEMI).
MOTIVO: COBRO POR DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS.
En fecha seis (06) de octubre de 2016, reingresa a este Tribunal la demanda proveniente de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, por Cobro por Diferencia de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos, incoado por los ciudadanos ALICIO DE JESUS VERENZUELA ROMERO, JESUS RAFAEL MARTINEZ, JEAN CARLOS RODRIUEZ, GIOVANNY ORLANDO LOPEZ MARTINEZ, EDGAR DARIO ALTAHONA, DAULIS VIANNEY SILVA, LIRIO ARMANDO CAMPOS, JEAN CARLOS JUAREZ, RAFAEL GIOVANNY SOTO, FREDDY ARTAHONA CABEZA, Y NELSON ENRIQUE MARTINEZ FAMA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.195.536, V-12.321.971, V-16.682.782, V-15.681.604, V-11.753.432, V-18.558.535, V-6.938.358, V-15.187.861, V-11.758.083, V-11.759.993, y V-15.359.995, respectivamente, Abogados LUISA MARIA GARCIA GUERRERO, YNGRYS TIBISAY ROMERO DE GIL y LIBARDO ALDIMARO GIL GRATEROL, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 44.965, 178.320 y 178.319, contra la CONSTRUCTORA BRASILERA E MINERADORA LTDA (CBEMI).
En fecha trece (11) de octubre de 2016 se libró auto donde se reanudó la siguiente causa, librando las notificaciones correspondiente. Asimismo, de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente asunto, se pudo observar que no consta la certificación de la parte demandada y que de igual forma la última actuación de la parte demandante fue en fecha treinta (07) de Abril de 2015.
En tal sentido, el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal de Trabajo publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.504 de fecha 13 de Agosto de 2002, dispone lo siguiente:
“Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención”.
Es oportuno citar lo sostenido en sentencia Nº 195, de fecha 16 de febrero de 2006 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
“…La perención de la instancia como institución netamente procesal constituye uno de los medios de terminación del proceso. Sin embargo, a diferencia de otros medios de terminación, ésta no está vinculada a la voluntad de las partes ni del Juez, sino a condiciones objetivas -transcurso de un período de tiempo sin impulso procesal de parte- que deben conjugarse a los fines de su materialización.
Tal figura ha sido considerada como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por un tiempo determinado por la ley.
Desde el punto de vista de sus efectos, en el juicio laboral la perención de la instancia, produce a tenor de lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo la extinción del proceso, aclarando el legislador que ello no impide proponer nuevamente la demanda, pero, para ello existe una imposibilidad pro tempore, ya que el demandante no podrá ejercerla en ningún caso, antes de transcurrido el lapso de noventa días después de declarada la perención”.
Asimismo, este Tribunal considera pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha catorce (14) de agosto de 2017, con ponencia de la Magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, (Caso: Enrique José Romero Perdomo y Carmen Luisa Durán), donde estableció lo siguiente:
El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. sentencia de esta Sala n.° 416 del 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”).
El interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. sentencia de esta Sala n.° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “Carlos José Moncada”).
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Por ello, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Vid. sentencia de esta Sala n.° 956 del 1° de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y otro”). (…)”. (Resaltado de este Tribunal)
Visto lo dispuesto por la Jurisprudencia antes transcrita, este Tribunal pasa a determinar si se ha verificado la perención de la causa en el caso bajo análisis.
Ahora bien, por cuanto se evidencia de la revisión de la presente causa, que la última actuación procesal realizada por la parte demandante fue el siete (07) de abril de 2015, y en virtud que han transcurrido cinco (05) años, tres (03) meses y veintisiete (27) días desde la fecha de la última actuación procesal a la presente fecha, sin que la parte demandante procediera ejecutar actuación alguna que le dé impulso a la causa; lo que denota claramente una falta de interés en el procedimiento por parte del demandante, y que a juicio de este Juzgador se considera como una inactividad en el presente expediente, lo cual conlleva a declarar la perención y la extinción del procedimiento, tal y como será establecido en la parte dispositiva del presente fallo. Y así se decide.
En consecuencia, visto que la causa se encontraba paralizada, sin que hasta la fecha conste en autos que el actor haya impulsado la presente causa, es por lo que este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el precitado artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, declara consumada la perención de la causa por la inactividad de las partes y en consecuencia extinguida la instancia en este juicio. Así se declara.
DECISIÓN
Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Consumada LA PERENCION Y LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA, DE LA CAUSA Y DEL PROCEDIMIENTO, en la presente demanda incoada por los ciudadanos ALICIO DE JESUS VERENZUELA ROMERO, JESUS RAFAEL MARTINEZ, JEAN CARLOS RODRIUEZ, GIOVANNY ORLANDO LOPEZ MARTINEZ, EDGAR DARIO ALTAHONA, DAULIS VIANNEY SILVA, LIRIO ARMANDO CAMPOS, JEAN CARLOS JUAREZ, RAFAEL GIOVANNY SOTO, FREDDY ARTAHONA CABEZA, Y NELSON ENRIQUE MARTINEZ FAMA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.195.536, V-12.321.971, V-16.682.782, V-15.681.604, V-11.753.432, V-18.558.535, V-6.938.358, V-15.187.861, V-11.758.083, V-11.759.993, y V-15.359.995, respectivamente, Abogados LUISA MARIA GARCIA GUERRERO, YNGRYS TIBISAY ROMERO DE GIL y LIBARDO ALDIMARO GIL GRATEROL, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 44.965, 178.320 y 178.319, contra la CONSTRUCTORA BRASILERA E MINERADORA LTDA (CBEMI). SEGUNDO: No hay condenatoria en costas.
Dada, sellada y firmada, en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los cinco (05) días del mes de agosto del año 2021.
La Jueza Titular,
Abg. Carmen Yuraima Morales de Villanueva
La Secretaria,
Firmado en su Original
Abg. Geraldine Goenaga Prieto
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