TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Apure
San Fernando de Apure, diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021)
211º y 162º

ASUNTO: CP01-L-2016-000066
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
(PERENCIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA)
PARTES DEMANDANTES: Ciudadanos MANUEL RODRIGUEZ, HARRY PARRA, ADEMAR ACEVEDO, JESUS NUÑEZ, OSWALDO VASQUEZ Y JOHAN ORLANDO PINEDA ACEVEDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-16.000.395, V-13.559.782, V-16.384.061. V-15.047.934, V-14.342.716 y V-15.359.376.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: ROSMAURY DEL CARMEN ECHENIQUE DE PARRA, Inpreabogado Nro. 239.094.
PARTE DEMANDADA: Empresa “DISTRIBUIDORA CARTOTEL C.A.” debidamente inscrita por el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 06 de Julio de 2007, bajo el N° 96 Tomo 1615-A y ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Aragua, en fecha 16 de julio de 2007, bajo el N° 32, Tomo 43-A en la persona del ciudadano PLINIO TINEO, venezolano, mayor de edad, en su carácter de Gerente de Administración.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES
En fecha veintiuno (21) de noviembre de 2016, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Coordinación Laboral recibe demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES, seguida por los Ciudadanos MANUEL RODRIGUEZ, HARRY PARRA, ADEMAR ACEVEDO, JESUS NUÑEZ, OSWALDO VASQUEZ Y JOHAN ORLANDO PINEDA ACEVEDO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nro. V-16.000.395, V-13.559.782, V-16.384.061. V-15.047.934, V-14.342.716 y V-15.359.376, debidamente asistidos por la abogada, ROSMAURY DEL CARMEN ECHENIQUE DE PARRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-19.917.994, Inpreabogado Nro. 239.094, contra la Empresa “DISTRIBUIDORA CARTOTEL C.A.” inscrita por el registro mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 06 de Julio de 2007, bajo el N° 96 Tomo 1615-A y ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Aragua, en fecha 16 de julio de 2007, bajo el N° 32, Tomo 43-A en la persona del ciudadano PLINIO TINEO, venezolano, mayor de edad, en su carácter de Gerente de Administración, correspondiéndole en la misma fecha al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, en la misma fecha se le da entrada, a los fines de su pronunciamiento de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En fecha veintitrés (23) de noviembre de 2016, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, ordenó el despacho saneador en el presente asunto, motivado a las omisiones contenidas en su escrito libelar, de conformidad con el artículo 123 numeral 2, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En fecha ocho (08) de Diciembre de 2016, mediante diligencia suscrita por los ciudadanos MANUEL RODRIGUEZ, HARRY PARRA, ADEMAR ACEVEDO, JESUS NUÑEZ, OSWALDO VASQUEZ Y JOHAN ORLANDO PINEDA ACEVEDO, ya identificados, debidamente asistidos por la abogada, ROSMAURY DEL CARMEN ECHENIQUE DE PARRA, del despacho saneador.
En fecha ocho (08) de Diciembre de 2016, ingresa por ante la Unidad de Actos de Comunicación de la Coordinación del Trabajo del Estado Apure (UAC), diligencia confiriendo poder Apud-Acta a los abogados en ejercicio JOSE ALONSO HERNANDEZ LAMUÑO, venezolano, mayor de edad titular de la cedula de identidad Nro. V-11.759.370, Inpreabogado Nro. 143.285, RAFAEL IVAN VIVAS ZAPATA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-16.272.156, Inpreabogado Nro. 143.451 y ROSMAURY DEL CARMEN ECHENIQUE DE PARRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 19.917.994, Inpreabogado Nro. 239.094. Folios 37 y 38, en la presente causa.
En fecha ocho (08) de Diciembre de 2016, ingresa mediante diligencia por ante la Unidad de Actos de Comunicación de la Coordinación del Trabajo del Estado Apure (UAC), escrito contentivo de la subsanación del libelo de demanda. Folios 40 al 41 y sus vueltos, en la presente causa.
En fecha nueve (09) de Diciembre de 2016, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación Y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, acordó tener como apoderados Judiciales a los abogados en ejercicio JOSE ALONSO HERNANDEZ LAMUÑO, RAFAEL IVAN RIVAS ZAPATA Y ROMAURY DEL CARMEN ECHENIQUE DE PARRA, Inpreabogado Nros.- 143.285, 143.451 y 239.094, respectivamente.
En fecha trece (13) de Diciembre de 2016, el Tribunal Segundo de Primera instancia de Sustanciación Mediación Y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, Admitió la Demanda, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y ordenó la notificación a la parte demandada Empresa “DISTRIBUIDORA CARTOTEL C.A.”, en la persona del ciudadano PLINIO TINEO, venezolano, mayor de edad, en su carácter de Gerente de Administración.
En fecha veinte (20) de Julio de 2017, la secretaria adscrita a Tribunal Segundo de Primera instancia de Sustanciación Mediación Y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, certifica las resultas del Exhorto dirigido al Tribunal Decimo segundo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en virtud de haberse practicado en los términos indicados en la misma, todo ello conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
En fecha nueve (09) de Agosto de 2017, El Tribunal Segundo de Primera instancia de Sustanciación Mediación Y Ejecución del Trabajo del Estado Apure decidió dejar sin efecto las actuaciones insertas en los folios (55) y ochenta y siete (87) de la causa y se ordenó notificar nuevamente a los apoderados Judiciales de la parte demandante, y a la parte demandada, Empresa “DISTRIBUIDORA CARTOTEL C.A”, en la persona del ciudadano PLINIO TINEO, venezolano, mayor de edad, en su carácter de Gerente de Administración, mediante Cartel de Notificación. En la misma fecha, se libraron las notificaciones correspondientes.
Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente asunto se observa que ha transcurrido más de un (1) año, para ser exacto, cuatro (04) años, nueve (09) meses y nueve (09) días, sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento que permita la interrupción de la perención, durante el lapso comprendido entre el veintiuno (21) de Noviembre de 2016, fecha en que, la parte demandante, consignó el libelo de la demanda, hasta la presente fecha; no obstante a ello, esta juzgadora antes de decretar la Perención de la Instancia, considera necesario mencionar lo siguiente:
Establece el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al respecto lo siguiente:
“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el juez, éste último deberá declarar la perención.”

En este mismo orden de ideas, el artículo 202 ejusdem establece:
“La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal”. Del contenido de los artículos transcritos, claramente puede evidenciarse que para que opere la institución de la perención, se requiere necesariamente la inactividad de las partes durante el transcurso de un (1) año, inactividad procesal referida a la no realización de actuación alguna de las partes en el proceso, lo que constituye a criterio del legislador una actividad omisiva de las partes, observándose su obligación de impulsar el proceso para evitar el evidente decaimiento de su interés. Al respecto, nuestra Jurisprudencia patria, ha sostenido en forma reiterada, que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes, y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la Instancia.
El fundamento de la perención de la instancia descansa sobre los siguientes motivos: la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo), ya que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 195, del 16 de febrero de 2006, caso: SUELATEX, C.A., respecto a la perención de instancia señaló lo siguiente:

“(…) Las normas anteriores recogen dos supuestos de perención en materia laboral: por una parte, la regla general que expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de pleno derecho, la cual puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y, por otra, la perención de la instancia después de vista la causa la cual opera transcurrido un lapso superior a un año sin que exista actividad alguna de las partes o del Juez, ello inserto dentro de las disposiciones transitorias de ese texto legal..."

De igual manera, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, de fecha 03-02-2005, caso Daniel Blanco, en contra de Manufacturas de Papel, C.A (MANPA), estableció que:
“… La Sala observa: La sentencia recurrida para decidir sobre la perención de la instancia, se fundamentó en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en la sentencia N° 956 de fecha 1° de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual analizó la figura procesal de la perención de la instancia a la luz de la norma prevista en el artículo 267 del Código de procedimiento Civil, y estableció que la inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención, pues tal disposición persigue sancionar la inactividad de los litigantes, produciendo la extinción del procedimiento. No obstante, lo anterior, la Sala estableció que la inactividad de las partes en estado se sentencia, tiene otro efecto que si las perjudica y que está determinado por el interés procesal, estableciendo dentro de las modalidades de la extinción de la acción, la perdida de interés que tiene lugar cuando el accionante no impulsa el proceso a estos fines. Esta falta de interés surge en el proceso en dos oportunidades procesales, a saber: la primera,…” “… y la segunda, cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como en el presente...”

Por lo que, de los elementos de hecho y de derecho previamente analizados considera este Tribunal, que habiéndose verificado mediante revisión de la causa en mención, ha transcurrido más de un (1) año, para ser exacto, cuatro (04) años, nueve (09) meses y nueve (09) días, sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento que permita la interrupción de la perención, durante el lapso comprendido entre el veintiuno (21) de Noviembre del 2016, consignó el libelo de la demanda, hasta la presente fecha, que produce la sentencia de perención de la instancia, sin que se observe actuación alguna de la parte demandante en la causa; en consecuencia, encontrándose llenos los extremos legales que se contrae el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta obligante para esta Juzgadora decretar la perención de la instancia; por tanto, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: LA PERENCIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, de conformidad con los artículo 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE DECIDE.
SEGUNDO: A los efectos de garantizar las normas del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa de la parte demandante, se ordena su notificación.
TERCERO: No hay condenatoria en costa por la naturaleza de la decisión.
La Juez;

Abg. Ana Trina Padrón Alvarado
La Secretaria

Abg. Hilda Yamileth Gómez Alvarado