REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Apure
San Fernando de Apure, veinte (20) de abril de dos mil veintidós (2022)
212º y 163º
ASUNTO: CP01-L- 2012-000248
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
(PERENCIÓN Y EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA)
PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos JOSE MANUEL GARCIA ARTAHONA, DEIVIS DANIEL DAZA ARAQUE, JOSE DOMINGO REYES CARVAJAL Y JUAN DE JESUS FRANCO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 5.361.209, 16.528.600, 15.145.773 y 11.242.211, en su orden respectivo.
APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: LUISA MARIA GARCIA GUERRERO Y ANA MARIA MARTINEZ MILANO, Inpreabogados N° 44.965 y 184.055.
PARTE DEMANDADA: “CONSTRUCTORA BRASILERA E MINERADORA LTDA.” (CBEMI) y solidariamente CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS S.A. (CVAL. S.A.)
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS LABORALES.
En fecha 05 de diciembre de 2012, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Coordinación Laboral, recibe demanda por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS LABORALES, seguida por los ciudadanos JOSE MANUEL GARCIA ARTAHONA, DEIVIS DANIEL DAZA ARAQUE, JOSE DOMINGO REYES CARVAJAL Y JUAN DE JESUS FRANCO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.361.209, V-16.528.600, V-15.145.773 y V-11.242.211, en su orden respectivo, debidamente representados por las Abogadas LUISA MARIA GARCIA GUERRERO y ANA MARIA MARTINEZ MILANO, venezolanas, mayores de edad titulares de las cédulas de identidad Nros. 8.879.486 y 11.761.942, respectivamente, Inpreabogados N° 44.965 y 184.055, en su orden respectivo, contra la “CONSTRUCTORA BRASILERA E MINERADORA LTDA.” (CBEMI), en su condición de Empresa perteneciente al “CONSORCIO COLORADO”, Sociedad Mercantil con su sede en la ciudad de Ribeirao Preto, Estado de Sao Paulo, Rua Sete de Setembro, N° 590.8 andar, Sala 82-B. República Federativa de Brasil, registrado en la Junta Comercial del Estado de Sao Paulo, N° NIRE 35.500.002.870, inscrito en CNPJ/MF N° 10.743.364/0001-15, en fecha 03 de abril de 2009, representada por el ciudadano EDUARDO PIMENTEL DOS SANTOS, en su condición de Gerente General de la Empresa, de nacionalidad Brasilera, mayor de edad, y solidariamente a la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS S.A. (CVAL. S.A.), creada por decreto presidencial N° 7.636, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.373 del 1° de marzo de 2010, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, e identificada en el Registro de Información Fiscal (RIF) con el N° G-20008365-0, cursante a los folios del 01 al 11 del expediente.
En fecha 05 de diciembre de 2012, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Apure, le dio entrada y ordenó su revisión, cursante al folio 73 del expediente.
En fecha 12 de diciembre de 2012, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Apure, admitió la demanda y ordenó librar las respectivas notificaciones, cursante del folio 74 al 76 del expediente.
En fecha 07 de febrero de 2013, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, declaró Improcedente la Ejecución de Fianza Laboral Contractual y Póliza de Responsabilidad Civil de Daños a Terceros, como medida cautelar innominada y se libraron las respectivas notificaciones, cursante del folio 95 al 99 del expediente.
En fecha 28 de junio de 2013, se certificó que la notificación dirigida a la Empresa Mercantil CONSTRUCTORA BRASILERA E MINERADORA LTDA. (CBEMI), no se efectuó en los términos indicados en la misma, cursante al folio 148 del expediente.
En fecha 12 de julio de 2013, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, suspende la causa por un lapso de 90 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 108 del Decreto Con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General De La República, cursante al folio 151 del expediente.
En fecha 14 de octubre de 2013, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, reanuda la causa, cursante al folio 152 del expediente.
En fecha 07 de febrero de 2014, ingresó diligencia suscrita por el Abogado LIBARDO ALDIMIRO GIL GRATEROL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.10.631.379, Inpreabogado N° 178.319, solicitando correo especial y suministrando dirección para la notificación, cursante al folio 154 del expediente.
En fecha 25 de febrero de 2014, ingresó diligencia suscrita por la Abogada LUISA MARIA GARCIA GUERRERO, solicitando correo especial, cursante al folio 157 del expediente.
En fecha 16 de julio de 2015, ingresó diligencia suscrita por la Abogada IVONNE PARRA VALERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.6.847.543, Inpreabogado N° 36.323, en su carácter de Apoderada Judicial de la Corporación Venezolana de Alimentos, S.A (CVAL, S.A), consignando escrito de aclaratoria, cursante al folio 166 del expediente.
En fecha 22 de julio de 2015, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, dictó Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva en la cual declaró la falta de jurisdicción del Poder Judicial frente a la Administración Pública de la demanda solidaria, CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS S.A (CVAL S.A), cursante del folio 185 al 188 del expediente.
En fecha 31 de julio de 2015, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, remitió el presente asunto a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, cursante al folio 190 del expediente.
En fecha 24 de febrero de 2016, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dictó sentencia en la cual declaró que el Poder Judicial tiene Jurisdicción para conocer y decidir sobre el presente asunto, ordenó la suspensión de la causa respecto a la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE ALIMENTOS S.A (CVAL S.A), y revocó la sentencia dictada por este Tribunal, cursante del folio 196 al 205 del expediente.
En fecha 05 de agosto de 2016, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Apure, le dio entrada los fines que la causa prosiga el curso de Ley, cursante al folio 207 del expediente.
En fecha 08 de agosto de 2016, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Apure, admitió la demanda y ordenó librar las respectivas notificaciones, cursante del folio 208 al 210 del expediente.
En fecha 22 de junio de 2017, se certificó que la notificación dirigida a la Empresa Mercantil CONSTRUCTORA BRASILERA E MINERADORA LTDA. (CBEMI), no se efectuó en los términos indicados en la misma, cursante al folio 285 del expediente.
Ahora bien, de una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente asunto se observa que ha transcurrido más de un (1) año, para ser exacto, ocho (08) años, un (01) mes y veinticinco (25) días, sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento que permita la interrupción de la perención, durante el lapso comprendido entre el veinticinco (25) de febrero del 2014, fecha en que, la parte demandante, solicitó correo especial en la causa, hasta la presente fecha, no obstante a ello, esta juzgadora antes de decretar la Perención de la Instancia, considera necesario mencionar lo siguiente:
Establece el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al respecto lo siguiente:
“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el juez, éste último deberá declarar la perención.”
En este mismo orden de ideas, el artículo 202 ejusdem establece:
“La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal”.
Del contenido de los artículos transcritos, claramente puede evidenciarse que para que opere la institución de la perención, se requiere necesariamente la inactividad de las partes durante el transcurso de un (1) año, inactividad procesal referida a la no realización de actuación alguna de las partes en el proceso, lo que constituye a criterio del legislador una actividad omisiva de las partes, observándose su obligación de impulsar el proceso para evitar el evidente decaimiento de su interés. Al respecto, nuestra Jurisprudencia patria, ha sostenido en forma reiterada, que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes, y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la Instancia.
El fundamento de la perención de la instancia descansa sobre los siguientes motivos: la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo), ya que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 195, del 16 de febrero de 2006, caso: SUELATEX, C.A., respecto a la perención de instancia señaló lo siguiente:
“(…) Las normas anteriores recogen dos supuestos de perención en materia laboral: por una parte, la regla general que expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de pleno derecho, la cual puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y, por otra, la perención de la instancia después de vista la causa la cual opera transcurrido un lapso superior a un año sin que exista actividad alguna de las partes o del Juez, ello inserto dentro de las disposiciones transitorias de ese texto legal..."
De igual manera, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, de fecha 03-02-2005, caso Daniel Blanco, en contra de Manufacturas de Papel, C.A (MANPA), estableció que:
“… La Sala observa: La sentencia recurrida para decidir sobre la perención de la instancia, se fundamentó en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en la sentencia N° 956 de fecha 1° de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual analizó la figura procesal de la perención de la instancia a la luz de la norma prevista en el artículo 267 del Código de procedimiento Civil, y estableció que la inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención, pues tal disposición persigue sancionar la inactividad de los litigantes, produciendo la extinción del procedimiento. No obstante, lo anterior, la Sala estableció que la inactividad de las partes en estado se sentencia, tiene otro efecto que si las perjudica y que está determinado por el interés procesal, estableciendo dentro de las modalidades de la extinción de la acción, la perdida de interés que tiene lugar cuando el accionante no impulsa el proceso a estos fines. Esta falta de interés surge en el proceso en dos oportunidades procesales, a saber: la primera,…” “… y la segunda, cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como en el presente...”
Por lo que considera este Tribunal, de los elementos de hecho y de derecho previamente analizados, que habiéndose verificado mediante revisión de la causa en mención, ha transcurrido más de un (1) año, es decir, ocho (08) años, un (01) mes y veinticinco (25) días, sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento que permita la interrupción de la perención, durante el lapso comprendido entre el veinticinco (25) de febrero del 2014, fecha en que, la parte demandante, solicitó correo especial en la causa, hasta la presente fecha, que produce la sentencia de perención de la instancia, sin que se observe actuación alguna de la parte demandante en la causa; en consecuencia, encontrándose llenos los extremos legales que se contrae el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta obligante para esta Juzgadora decretar la perención de la instancia; por tanto, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, de conformidad con los artículo 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE DECIDE.
SEGUNDO: A los efectos de garantizar las normas del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa de la parte demandante, se ordena su notificación. TERCERO: No hay condenatoria en costa por la naturaleza de la decisión.
La Juez;
Abg. Ana Trina Padrón Alvarado
La Secretaria
Abg. Yulimar De Los Ángeles Mirabal Núñez
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