República Bolivariana de Venezuela En su Nombre Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas. Asunto Nº 6.091 Parte Recurrente: Josué Ismael Pérez Milano, titular de la cédula de identidad Nro.V-16.000.875. Representante Judicial de la parte Recurrente: Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado, titular de la cédula de identidad N°. V-5.359.950, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 109.744. Parte Recurrida: Gobernación del Estado Apure (Comandancia General de la Policía del Estado Apure). Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad De Efectos Particulares Sentencia Interlocutoria. Del Recurso Interpuesto: Mediante escrito presentado en fecha 17 de Febrero de 2022, por ante este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, por el ciudadano, Josué Ismael Pérez Milano, titular de la cédula de identidad Nro.V-16.000.875, debidamente asistido por la abogada Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado, titular de la cédula de identidad N°. V-5.359.950, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 109.744, correspondiente al Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad de acto Administrativo de Efectos Particulares, contra la Gobernación del Estado Apure (Comandancia General de la Policía, quedando registrado bajo el N° 6.091. -I- De la Competencia. El régimen jurídico de la función pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio del 2002. Esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su título VIII, todo un proceso dirigido a controlar en sede jurisdiccional los actos, actuaciones, hechos u omisiones de la Administración Pública en ejercicio de la función pública. Así, establece la referida Ley en sus artículos 1, 93 y 95 lo siguiente: “Artículo 1. La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, lo que comprende: 1. El sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas. 2. El sistema de administración de personal, el cual incluye la planificación de recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras, evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencia, valoración y clasificación de cargos, escalas de sueldos, permisos y licencias, régimen disciplinario y normas para el retiro.” “Artículo 93. Corresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes: 1. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública. “Artículo 95. Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente Ley se iniciarán a través del recurso contencioso administrativo funcionarial, el cual consiste en una querella escrita…” (Negrillas y cursivas del Tribunal). Así pues, pasa de seguidas este Juzgado Superior a emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad del presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad de Efectos Particulares, y en consecuencia emite. Alega la parte recurrente: Que desde que inició su relación laboral se desempeñaba como Oficial Agredo (PBA), pero en el mes de Abril del año 2017. Asimismo, enfatizo que fue injustamente acusado de estar involucrado en una extorción de grado perpetrador, en las instalaciones de la comandancia de la Policía, acusándole de que había solicitado dinero a unos ciudadanos y manifestándole que había incurrido en una conducta contraria a las normas del buen proceder de un funcionario policial. Señalo, que el día de 07 de agosto del año 2017, se celebro audiencia preliminar en mi caso y la ciudadana Yuli Teresa Bali Arvelo no admitió el escrito acusatorio en mi contra por cuanto el Ministerio Publico no tuvo pruebas por lo que decreto Sobreseimiento Definitivo, otorgándose la libertad plena sin restricción tal como consta en copia simple marcada con letra “B”. Enfatizo, que se le otorgo la libertad y acudió con la boleta de libertad al Concejo Disciplinario a consignar copias de la Audiencia Preliminar y boleta de libertad, pero le dijeron que aun seguía el procedimiento Nº CPBA-ICAP-No 436-2018 aperturado en su contra. Argumento, que 08 meses después de la libertad sin restricciones el concejo disciplinario siguió con la averiguación administrativa; de igual forma resaltó que la destitución fue injusta e ilegal motivado a el retardo procesal, ya que el tiempo legal estimado de un procedimiento administrativo de esta naturaleza tiene una duración máxima de 90 días, en los cuales se debe tramitar, dictar la decisión y aplicar la sanción correspondiente. Destaco, que en el proceso que se le destituye injustamente, tuvo una duración de casi dos (02) años. Que todo lo antes expuesto, lo esgrimió como defensa en el transcurso del procedimiento administrativo, pero en sus defensas no fueron tomadas en cuenta, mucho menos escuchadas o investigadas, por lo cual fue injustamente destituido sin que existiera una verdadera investigación a fondo de los hechos contenido en el expediente administrativo. Que fue injustamente acusado, procesado y por la parte penal exculpado pero por la vía administrativa destituido pero no recibió por parte del concejo disciplinario la constancia de baja. Arguyo, que el único facultado para destituirlo es el Gobernador del Estado Apure, ya que en el artículo 101 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece que solamente este artículo faculta aplicar la apertura, intención y sustanciación y lo demás se rige por el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, que es por ello al ser un funcionario público de carrera y ordinario y teniendo respecto de la pretensión descrita en este libelo y el acto mismo, solicito muy respetuosamente se sirva revocar el procedimiento disciplinario contenido en la Averiguación Administrativa de carácter Disciplinario signada con el N°CPBA-ICAP-N° 436-2018. Finalmente solicito. Que se tenga por interpuesta la presente demanda de nulidad absoluta de acto administrativo sancionatorio de efectos particulares, contra el acto administrativo de tales efectos, suficientemente identificado, y se aplique por control difuso toda normativa que violente la constitucionalidad y la legalidad, en cuanto al caso concreto se refiere. Que admitida como fuere el presente Recurso se tome en consideración el Decreto RD 463/2020-EDL 2020/6230 que establece que en virtud de la declaratoria del estado de emergencia por la Pandemia del Covid-19 los plazos de caducidad quedan suspendidos ex lege, desde el 15 de marzo del 2020 volviendo a reanudarse el plazo el mismo día en que entre en vigor un nuevo decreto que establezca el restablecimiento de los plazos y lapsos admitidos por la ley, que sea sustanciado de conformidad con la Ley, tramitada sus fases procésales y declarada con lugar en la definitiva, ordenándose en dicha sentencia la reincorporación a si sitio de trabajo con el cargo que tenía para el momento del irrito acto administrativo realizado por el Comandante General de la Policía del Estado Apure. Así pues, pasa de seguidas este Juzgado Superior a emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad del presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad de Efectos Particulares, y en consecuencia emite. -II- De la Admisibilidad. En ese sentido estima necesario para quien aquí juzga realizar las siguientes consideraciones: el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece lo siguiente: “Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto”. Delimitado lo anterior, este Juzgado Superior observa que el lapso contenido en el aludido artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, son (03) meses para la interposición del recurso, y comenzó a transcurrir para el recurrente a partir de la fecha en que le fue notificado del acto que lo remueve del cargo como Oficial/ Agregado (PBA), es decir, el 02 de Julio del 2.020, momento en el cual se generó el derecho a acudir a la vía judicial; por consiguiente, visto que el recurso de autos fue interpuesto el 17 de Febrero de 2.022, su extemporaneidad la supera los tres (03) meses establecido en la norma anteriormente señalada, sin embargo es un hecho público que fue Decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.610 Extraordinario, de la misma fecha; visto que subsiste la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que motivó la declaratoria del Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, lo que ha imposibilitado a los ciudadanos desplazarse de un lugar a otro, siendo así y por aplicación del principio pro actione que postula la necesidad de adoptar la interpretación que surja más favorable al ejercicio del derecho de acción, y sin perjuicio de que lo que llegara a acreditarse en una etapa ulterior del proceso con la incorporación del expediente administrativo y de lo que en su oportunidad tenga a bien establecer este Órgano Jurisdiccional. Y así se establece. En razón a lo antes expuesto, observa este Órgano Jurisdiccional, que el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad de Efectos Particulares, no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aplicable por remisión expresa del artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, en concordancia con el artículo 31 de la Ley que rige la jurisdicción. En consecuencia, se Admite el libelo de demanda, cuanto ha lugar en derecho. Procédase a la citación del ciudadano Procurador General del Estado Apure, a fin de que sea conminada a dar contestación a la presente querella en un lapso de quince (15) días de despacho siguientes contados a partir de la fecha en que conste en autos su citación, luego de haber transcurrido el lapso de quince (15) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, igualmente se le solicita el expediente administrativo relacionado con el caso, el cual debe constar en forma original o en copias debidamente certificadas, foliadas en números y letras, dentro del término de la contestación de la querella. Se ordena la notificación del ciudadano Comandante General de la Policía del Estado Apure y al Gobernador del Estado Apure. Líbrense oficios, anéxense las copias respectivas. Compúlsese por Secretaría el escrito recursivo y sus recaudos acompañados, con inclusión del presente auto. Vencido el plazo que la Ley otorga para dar contestación a la querella, este Tribunal fijará, dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes, el día y hora para que tenga lugar la audiencia preliminar, en la cual, a tenor de lo establecido en el Artículo 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, esta Juzgadora llamará a las partes a conciliación, por lo que, a fin de brindar una tutela judicial efectiva y garantizar la resolución alternativa de conflictos establecida en el Artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se les insta a las partes a tomar las medidas pertinentes a los fines de utilizar este medio alterno de solución de controversias para propender en la construcción de un Estado Social de Derecho y de Justicia. En ésta misma fecha se libró Oficio de citación a la ciudadana Procuradora General del Estado Apure, Oficios de notificación al ciudadano Comandante General de la Policía del Estado Apure y al Gobernador del Estado Apure, los cuales serán practicados una vez sean consignados los fotostatos correspondientes y previo cumplimiento de la carga procesal por parte del interesado, de conformidad con lo establecido en la sentencia de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia de fecha seis (06) de julio de dos mil cuatro (2004), Caso: José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual. -III- Decisión. Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley Admite el libelo de demanda contentivo de Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad de Efectos Particulares, ejercido por el ciudadano Josué Ismael Pérez Milano, titular de la cédula de identidad Nro.V-16.000.875, debidamente asistido por la abogada Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado, titular de la cédula de identidad N° V-5.359.950, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 109.744; contra la Gobernación del Estado Apure (Comandancia General de la Policía del Estado Apure). Para la elaboración de las copias se autoriza suficientemente a la Secretaria de este Tribunal Superior, quien suscribirá la respectiva nota de certificación. Publíquese, regístrese y notifíquese y líbrese despacho de comisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior a los, Veintidós (22) días del mes de Febrero de dos mil veintidós 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación. Fórmese expediente, inventaríese y numérese con la nomenclatura de este Tribunal. La Jueza Superior Provisoria. Abg. Dessiree Hernández Rojas. La Secretaria, Abg. Aminta López de Salazar. Conforme a lo ordenado, se libro la citación y las respectivas notificaciones, y se le dio entrada bajo el N° 6.091. La Secretaria, Abg. Aminta López de Salazar. Exp. N° 6091- DHR/alds/luis B.