REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Estado Apure
San Fernando de Apure, diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)
211º y 163º
ASUNTO: CP01-L-2014-000183
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
(PERENCIÓN Y EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA)
PARTES DEMANDANTES: Ciudadanos, MARQUEZ TORREALBA RICHARD MANUEL, CAILE HUMBERTO DE LA CRUZ, CONTRERAS ZAMBRANO LUIS ORLANDO, OSORIO DIAZ JESUS RAMON, ROJAS GALVAN YASMAIRA ESTHER, GARRIDO BETANCUR REINALDO ELIGIO, GARRIDO ELIGIO, VILLASANA SANDOVAL JOSE MANUEL, PARRA JOSE MARCELINO, GONZALEZ ARAQUE FRANK LEONARDO, OBANDO JAIMES DAVID LEMUEL, PARRA MONTOYA FRANCISCO ANTONIO, NIEVES JOSE YOVANINO, GONZALEZ HERRERA JESUS EVAGRIO, CAILE MEDIOMUNDO GILBER JOSE, ZAMBRANO JUAN GABRIEL, OCHOA GUERRERO JOSE RAMON, PARRA CARLOS JOSE, SORIANO TREJO ANTONIO JOSE y ARAGOZA YESI ANTONIO.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: MARIA NIEVES SUAREZ, CARMEN BESTALIA AREVALO DELGADO, Inpreabogados N° 166.771 y 175.342, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: CONSTRUCTORA JADE C.A. E INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, (INAVI-APURE).
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS.
En fecha 12 de agosto de 2014, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Coordinación Laboral, recibe demanda por PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS, seguida por los ciudadanos, MARQUEZ TORREALBA RICHARD MANUEL, CAILE HUMBERTO DE LA CRUZ, CONTRERAS ZAMBRANO LUIS ORLANDO, OSORIO DIAZ JESUS RAMON, ROJAS GALVAN YASMAIRA ESTHER, GARRIDO BETANCOURD REINALDO ELIGIO, GARRIDO ELIGIO, VILLASANA SANDOVAL JOSE MANUEL, PARRA JOSE MARCELINO, GONZALEZ ARAQUE FRANK LEONARDO, OBANDO JAIMES DAVID LEMUEL, PARRA MONTOYA FRANCISCO ANTONIO, NIEVES JOSE YOVANINO, GONZALEZ HERRERA JESUS EVAGRIO, CAILE MEDIOMUNDO GILBER JOSE, ZAMBRANO JUAN GABRIEL, OCHOA GUERRERO JOSE RAMON, PARRA CARLOS JOSE, SORIANO TREJO ANTONIO JOSE, ARAGOZA YESI ANTONIO venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 19.050.518, 5.737.671, 12.630.543, 26.168.904, 22.687.075, 20.479.649, 10.131.699, 17.375.907, 8.181.909, 23.601.175, 18.148.164, 19.952.366, 10.133.022, 8.187.377, 16.487.869, 13.983.014, 11.492.684, 18.685.623, 16.858.365 y 10.014.483, en su orden respecto, debidamente representados por las Abogadas MARIA NIEVES SUAREZ, CARMEN BESTALIA AREVALO DELGADO, venezolanas, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 10.130.045 y 7.280.513, respectivamente, Inpreabogados N° 166.771 y 175.342, en su orden respectivo, contra la CONSTRUCTORA JADE C.A, inscrita en el Registro de Comercio con fecha 24 de abril de 1997, bajo el tomo 834-A y siendo su ultima Acta de Asamblea por ante el mismo registro en fecha 06 de julio del 2007, bajo el Nro. 30, Tomo 53-A, Representada por su director SALVADOR ANTONIO TORRES GUDIÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 7.284.361, E INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA, (INAVI-APURE), creado por Decreto Ley N° 908, de fecha 13-05-1975, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°1746 Extraordinario, de fecha 23 de mayo de 1975, nombramiento consta en resolución del Ministerio para la vivienda y Hábitat, N°003 de fecha 30 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°38.205 de fecha 09 de junio de 2005, cursante a los folios del 01 al 20 del expediente.
En fecha 12 de agosto de 2014, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Apure, le dio entrada y ordenó su revisión, cursante al folio 42 del expediente.
En fecha 14 de agosto de 2014, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Apure, se abstiene de admitirla y ordenó librar las respectivas notificaciones, cursante del folio 43 al 50 del expediente.
En fecha 30 de octubre de 2014, ingresó por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Coordinación Laboral, diligencia suscrita por las Abogadas MARIA NIEVES SUAREZ, CARMEN BESTALIA AREVALO DELGADO, Inpreabogados N° 166.771 y 175.342, respectivamente, consignando presentación de escrito de Subsanación de la demanda, cursante del folio 60 al 67 del expediente.
En fecha 06 de noviembre de 2014, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, mediante auto de la misma fecha, admitió la demanda y ordenó librar las respectivas notificaciones a las partes intervinientes en el presente juicio, cursante a los folios del 94 al 96 del expediente.
En fecha 16 de marzo de 2015, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, por cuanto se incurrió en error material involuntario en fecha seis (06) de noviembre de 2014, se repuso la causa con fundamento en el artículo 206 por aplicación analógica del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal Del Trabajo y se acordó librar las notificaciones respectivas, cursante al folio 134 del expediente.
En fecha 16 de marzo de 2015, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, admitió la demanda y ordenó librar las respectivas notificaciones, cursante a los folios del 135 al 137 del expediente.
En fecha 17 de febrero de 2016, se certificó que la notificación dirigida al Ministerio Del Poder Popular Para Ecosocialismo Hábitat Y Vivienda, al Procurador General De La República y a los miembros de la Junta Liquidadora Del Instituto Nacional De La Vivienda (INAVI) fue efectiva, cursante al folio 255 del expediente
En fecha 01 de marzo de 2016, ingresó por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Coordinación Laboral, mediante diligencia suscrita por las Abogadas MARIA NIEVES SUAREZ, CARMEN BESTALIA AREVALO DELGADO, escrito suministrando información a los efectos de notificar a la parte demandada, cursante al folio 260 del expediente.
En fecha 03 de marzo de 2016, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure, ordenó librar nuevamente notificación a la parte demandada, cursante a los folios 261 y 262 del expediente.
Ahora bien, de una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el presente asunto se observa que ha transcurrido más de un (1) año, para ser exacto, seis (06) años y dieciséis (16) días, sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento que permita la interrupción de la perención, durante el lapso comprendido entre el primero (01) de marzo del 2016, fecha en que, la parte demandante, consignó escrito suministrando nueva dirección, hasta la presente fecha, no obstante a ello, esta juzgadora antes de decretar la Perención de la Instancia, considera necesario mencionar lo siguiente:
Establece el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, al respecto lo siguiente:
“Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el juez, éste último deberá declarar la perención.”
En este mismo orden de ideas, el artículo 202 ejusdem establece:
“La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal”.
Del contenido de los artículos transcritos, claramente puede evidenciarse que para que opere la institución de la perención, se requiere necesariamente la inactividad de las partes durante el transcurso de un (1) año, inactividad procesal referida a la no realización de actuación alguna de las partes en el proceso, lo que constituye a criterio del legislador una actividad omisiva de las partes, observándose su obligación de impulsar el proceso para evitar el evidente decaimiento de su interés. Al respecto, nuestra Jurisprudencia patria, ha sostenido en forma reiterada, que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes, y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la Instancia.
El fundamento de la perención de la instancia descansa sobre los siguientes motivos: la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo), ya que el interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia.
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia N° 195, del 16 de febrero de 2006, caso: SUELATEX, C.A., respecto a la perención de instancia señaló lo siguiente:
“(…) Las normas anteriores recogen dos supuestos de perención en materia laboral: por una parte, la regla general que expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de pleno derecho, la cual puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y, por otra, la perención de la instancia después de vista la causa la cual opera transcurrido un lapso superior a un año sin que exista actividad alguna de las partes o del Juez, ello inserto dentro de las disposiciones transitorias de ese texto legal..."
De igual manera, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, de fecha 03-02-2005, caso Daniel Blanco, en contra de Manufacturas de Papel, C.A (MANPA), estableció que:
“… La Sala observa: La sentencia recurrida para decidir sobre la perención de la instancia, se fundamentó en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en la sentencia N° 956 de fecha 1° de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual analizó la figura procesal de la perención de la instancia a la luz de la norma prevista en el artículo 267 del Código de procedimiento Civil, y estableció que la inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención, pues tal disposición persigue sancionar la inactividad de los litigantes, produciendo la extinción del procedimiento. No obstante, lo anterior, la Sala estableció que la inactividad de las partes en estado se sentencia, tiene otro efecto que si las perjudica y que está determinado por el interés procesal, estableciendo dentro de las modalidades de la extinción de la acción, la perdida de interés que tiene lugar cuando el accionante no impulsa el proceso a estos fines. Esta falta de interés surge en el proceso en dos oportunidades procesales, a saber: la primera,…” “… y la segunda, cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, como en el presente...”
Por lo que considera este Tribunal, de los elementos de hecho y de derecho previamente analizados, que habiéndose verificado mediante revisión de la causa en mención, ha transcurrido más de un (1) año, es decir, seis (06) años y dieciséis (16) días, sin haberse llevado a efecto acto alguno de procedimiento que permita la interrupción de la perención, durante el lapso comprendido entre el primero (01) de marzo del 2016, fecha en que, la parte demandante, consignó escrito suministrando nueva dirección, hasta la presente fecha, que produce la sentencia de perención de la instancia, sin que se observe actuación alguna de la parte demandante en la causa; en consecuencia, encontrándose llenos los extremos legales que se contrae el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, resulta obligante para esta Juzgadora decretar la perención de la instancia; por tanto, este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: LA PERENCIÓN Y LA EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, de conformidad con los artículo 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE DECIDE.
SEGUNDO: A los efectos de garantizar las normas del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa de la parte demandante, se ordena su notificación. TERCERO: No hay condenatoria en costa por la naturaleza de la decisión.
La Juez;
Abg. Ana Trina Padrón Alvarado
La Secretaria
Abg. Yulimar De Los Ángeles Mirabal Núñez
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