República Bolivariana de Venezuela En su Nombre Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas. Asunto Nº 6.092 Parte Recurrente: Rodríguez Sira Edilver José, titular de la cédula de identidad Nro.V-13.035.596. Abogado Asistente de la Parte Recurrente: Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado, titular de la cédula de identidad N°. V-5.359.950, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 109.744. Parte Recurrida: Gobernación del Estado Apure (Comandancia General de la Policía del Estado Apure). Motivo: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad De Efectos Particulares Sentencia Interlocutoria. Del Recurso Interpuesto: Mediante escrito presentado en fecha 24 de Febrero de 2022, por ante este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, por el ciudadano, Rodríguez Sira Edilver José, titular de la cédula de identidad Nro.V-13.035.596, debidamente asistido por la abogada Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado, titular de la cédula de identidad N°. V-5.359.950, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 109.744, correspondiente al Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de acto Administrativo de Efectos Particulares, contra la Gobernación del Estado Apure (Comandancia General de la Policía), quedando registrado bajo el N° 6.092. -I- De la Competencia. Considera este órgano jurisdiccional necesario, pronunciarse en referencia a su competencia para conocer del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, por lo que se declara Competente para conocer de la misma en razón de la materia, así como lo prevé el Artículo 259 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela que establece: “La jurisdicción Contenciosa Administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación del poder; condenar el pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”. Alega la parte recurrente: Que desde que inició su relación laboral se desempeñaba como Oficial de la Policía Bolivariana del Estado Apure (PBA),y que en el mes de Diciembre del año 2017, fue injustamente acusado de estar involucrado en un robo agravado de un teléfono celular, debido a que en el lugar donde se encontraba laborando, específicamente en la localidad de los algarrobos, en la realización de un evento denominado ¨Cielo Abierto¨, se consiguió en el suelo un chip simcard de la telefonía Digitel, a los cual decidió quedárselo y no obstante con eso se lo cedió a su hijo, quien posteriormente decide vender el celular junto con el chip y la persona que lo compró obtó por venderlo a otra, por quien inicia una averiguación entorno a la línea telefónica configurada con ese chip que se encontró en el piso y de esta manera el órgano actuante realizó una serie de detenciones, de las cuales fue involucrado en conjunto con su hijo, quedando privados de la libertad por un delito que no cometió. Manifiesta que la causa penal que se le sigue están en curso y que el tribunal de la causa ha decidido que no existen suficientes elementos de convicción que demuestren que cometió los delitos de Robo Agravado y Agavillamiento por lo cual el Ministerio Publico le acusó y como consecuencia el juez de la Causa ha cambiado la precalificación a robo simple, siendo puesto en libertad bajo medida de cautelar sustitutiva de la libertad consistente en presentaciones ante la oficina de alguacilazgo del Circuito Judicial Penal, las cuales fueron suspendidas por la pandemia del Covid-19, por lo que se encuentra a la espera de la continuidad del proceso que aun no ha finalizado con una sentencia que le condene. Arguye, que fue destituido de manera injusta e ilegal, en virtud del retardo procesal del procedimiento administrativo, el cual debió tener una duración legal máxima de 120 días, no obstante se realizó en casi dos años desde su principio hasta el final, presumiendo así que el expediente administrativo está viciado por el largo plazo en que se tomó la decisión de destituirlo, decisión Nº DCPEA 054-2021, siendo esta notificada en fecha 02 de Diciembre de 2021, tal como consta en copia simple marcada con letra “A”. Alega, que el único facultado para destituirlo es el Gobernador del Estado Apure, ya que en el artículo 101 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, establece que solamente este artículo faculta aplicar la apertura, intención y sustanciación y lo demás se rige por el artículo 89 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Finalmente solicito. Que se tenga por interpuesta la presente demanda de nulidad absoluta de acto administrativo sancionatorio de efectos particulares, contra el acto administrativo de tales efectos, suficientemente identificado, y se aplique por control difuso toda normativa que violente la constitucionalidad y la legalidad, en cuanto al caso concreto se refiere, que admitida como fuere el presente Recurso se tome en consideración el Decreto RD 463/2020-EDL 2020/6230 que establece que en virtud de la declaratoria del estado de emergencia por la Pandemia del Covid-19 los plazos de caducidad quedan suspendidos ex lege, desde el 15 de marzo del 2020 volviendo a reanudarse el plazo el mismo día en que entre en vigor un nuevo decreto que establezca el restablecimiento de los plazos y lapsos admitidos por la ley, que sea sustanciado de conformidad con la Ley, tramitada sus fases procésales y declarada con lugar en la definitiva, ordenándose en dicha sentencia la reincorporación a si sitio de trabajo con el cargo que tenía para el momento del irrito acto administrativo realizado por el Comandante General de la Policía del Estado Apure. Así pues, pasa de seguidas este Juzgado Superior a emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de Efectos Particulares, y en consecuencia emite. -II- De la Admisibilidad. En ese sentido estima necesario para quien aquí juzga realizar las siguientes consideraciones: el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública establece lo siguiente: “Todo recurso con fundamento en esta Ley sólo podrá ser ejercido válidamente dentro de un lapso de tres meses contado a partir del día en que se produjo el hecho que dio lugar a él, o desde el día en que el interesado fue notificado del acto”. Delimitado lo anterior, este Juzgado Superior observa que el lapso contenido en el aludido artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, (03) meses para la interposición del recurso, comenzó a transcurrir para el recurrente a partir de la fecha en que le fue notificado el acto que lo remueve del cargo como Oficial de la Policía Bolivariana del Estado Apure (PBA), es decir, el 02 de Diciembre del 2.021, momento en el cual se generó el derecho a acudir a la vía judicial, y visto que la querella de autos fue interpuesta el 24 de Febrero de 2022, observa este Tribunal, que la misma no supera el lapso en la norma ut supra señalada; en este sentido, este Órgano Jurisdiccional, desecha lo peticionado en ele numeral segundo del presente escrito libelar. Y así se Decide. En razón a lo antes expuesto, Observa este Órgano Jurisdiccional, que el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de Efectos Particulares, no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, aplicable por remisión expresa del artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Publica, en concordancia con el artículo 31 de la Ley que rige la jurisdicción. En consecuencia, se Admite el libelo de demanda, cuanto ha lugar en derecho. Procédase a la citación del ciudadano Procurador General del Estado Apure, a fin de que sea conminada a dar contestación a la presente querella en un lapso de quince (15) días de despacho siguientes contados a partir de la fecha en que conste en autos su citación, luego de haber transcurrido el lapso de quince (15) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, igualmente se le solicita el expediente administrativo relacionado con el caso, el cual debe constar en forma original o en copias debidamente certificadas, foliadas en números y letras, dentro del término de la contestación de la querella. Se ordena la notificación del ciudadano Comandante General de la Policía del Estado Apure y al Gobernador del Estado Apure. Líbrense oficios, anéxense las copias respectivas. Compúlsese por Secretaría el escrito recursivo y sus recaudos acompañados, con inclusión del presente auto. Vencido el plazo que la Ley otorga para dar contestación a la querella, este Tribunal fijará, dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes, el día y hora para que tenga lugar la audiencia preliminar, en la cual, a tenor de lo establecido en el Artículo 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, esta Juzgadora llamará a las partes a conciliación, por lo que, a fin de brindar una tutela judicial efectiva y garantizar la resolución alternativa de conflictos establecida en el Artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se les insta a las partes a tomar las medidas pertinentes a los fines de utilizar este medio alterno de solución de controversias para propender en la construcción de un Estado Social de Derecho y de Justicia. En ésta misma fecha se libró Oficio de citación a la ciudadana Procuradora General del Estado Apure, Oficios de notificación al ciudadano Comandante General de la Policía del Estado Apure y al Gobernador del Estado Apure, los cuales serán practicados una vez sean consignados los fotostatos correspondientes y previo cumplimiento de la carga procesal por parte del interesado, de conformidad con lo establecido en la sentencia de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia de fecha seis (06) de julio de dos mil cuatro (2004), Caso: José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual. -III- Decisión. Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley Admite el libelo de demanda contentivo de Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de Efectos Particulares, ejercido por el ciudadano, Rodríguez Sira Edilver José, titular de la cédula de identidad Nro.V-13.035.596, debidamente asistido por la abogada Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado, titular de la cédula de identidad N°. V-5.359.950, e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 109.744, correspondiente al Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de acto Administrativo de Efectos Particulares, contra la Gobernación del Estado Apure (Comandancia General de la Policía). Publíquese, regístrese y notifíquese y líbrese despacho de comisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Superior a los, Siete (07) días del mes de Marzo de dos mil veintidós 2022. Años 211° de la Independencia y 162° de la Federación. Fórmese expediente, inventaríese y numérese con la nomenclatura de este Tribunal. La Jueza Superior Provisoria. Abg. Dessiree Hernández Rojas. La Secretaria, Abg. Aminta López de Salazar. Conforme a lo ordenado, se libro la citación y las respectivas notificaciones, y se le dio entrada bajo el N° 6.092. La Secretaria, Abg. Aminta López de Salazar. Exp. N° 6092.- DHR/Alds/Antonio.-