REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Apure San Fernando de Apure, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022) 212º y 163º ASUNTO: CP01-N-2022-000002 SENTENCIA INTERLOCUTORIA (INCOMPETENCIA FUNCIONAL) PARTE RECURRENTE: PROCURADORIA DISTRITAL DEL ESTADO APURE.- ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE RECURRENTE: Ciudadano SIMEON ANTONIO MAFILITO FARIAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.131.322, e inscrito en el inpreabogado bajo el N° 116.528, en su carácter de Procurador Distrital del Alto Apure.- PARTE RECURRIDA: INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL TRABAJO, SEDE GUASDUALITO. TERCERO INTERESADO: Ciudadana YOLEIDA DEL CARMEN LINARES, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 12.555.685, e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 113.230, actuando en su propio nombre y representación. MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO -I- ANTECEDENTES En fecha 01 de julio de 2009, se recibió en el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, el Recurso de Nulidad interpuesto por el Ciudadano SIMEON ANTONIO MAFILITO FARIAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.131.322, e inscrito en el inpreabogado bajo el N° 116.528, en su carácter de Procurador Distrital del Alto Apure, contra la INSPECTORIA DEL TRABAJO, SEDE GUASDUALITO. En Fecha 15 de febrero de 2022, el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, dictó Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva, donde declinó la competencia al Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Estado Apure. En fecha 23 de mayo de 2022, la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Coordinación Laboral, recibe Recurso Contencioso Administrativo, como consecuencia de la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, interpuesto por el ciudadano SIMEON ANTONIO MAFILITO FARIAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.131.322, e inscrito en el inpreabogado bajo el N° 116.528, en su carácter de Procurador Distrital del Alto Apure, contra el acto administrativo contenido en la providencia administrativa N° 046-2007, dictada en fecha 04 de octubre del 2007, en el expediente N° 031-2007-01-00028, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO APURE, SEDE GUASDUALITO, mediante la cual declaró CON LUGAR la Solicitud de Reenganche y pago de Salarios Caídos a la ciudadana YOLEIDA DEL CARMEN LINARES, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 12.555.685, dándosele entrada a este Tribunal, en la misma fecha. -II- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Una vez recibido el presente recurso de nulidad, distribuido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de esta Coordinación Laboral, este Tribunal considera necesario hacer las siguientes consideraciones al respecto: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 259, establece que la jurisdicción Contenciosa Administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás Tribunales que determine la Ley, y que dichos Órganos serán los competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, brindando la posibilidad por vía legal de atribuirle la competencia a Tribunales distintos a los Contenciosos Administrativos para el conocimiento de la Nulidad de los Actos Administrativos. Así que, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 25, establece los supuestos en que los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa son competentes, exceptuando las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por la Administración del Trabajo en materia de inamovilidad, en el marco de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, estableciendo por Ley la excepción del conocimiento de las nulidades de las Providencias Administrativas, con ocasión a la inamovilidad Laboral a dichos Juzgados Contenciosos Administrativos, pero sin establecer cuál es el Juzgado competente para conocer de las mismas. Debido que, en fecha 23 de septiembre de 2010 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de sentencia con carácter vinculante, N° 955, estableció que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión a las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los tribunales laborales, conociendo en Primera Instancia los Juzgados de Primera Instancia Laboral y en Segunda Instancia los Juzgados Superiores del Trabajo. Ahora bien, vistas así las atribuciones que en primera instancia tienen los Tribunales del Trabajo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 13 de octubre de 2011, dictó sentencia Nº 57, donde estableció lo siguiente: “(…) En este sentido, la función de sustanciación, mediación y ejecución se las atribuye al denominado Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, lo que significa, que este tribunal tiene limitadas sus funciones propiamente jurisdiccionales, por cuanto no conoce y, menos aún, tiene potestad decisoria sobre la controversia que se debate en la causa, sino que, como incluso lo expresa la denominación del órgano, cumple exclusivamente las funciones de sustanciar, mediar y ejecutar. Por su parte, el Tribunal de Juicio del Trabajo le corresponde la fase del juzgamiento, pues este juzgador es a quien corresponde conocer del contradictorio, la valoración de los medios de prueba producidos en el curso de la causa y cualquier otro acto constitutivo del proceso, por consiguiente, es quien dicta la sentencia. En síntesis, estamos pues en presencia de dos jueces que coexisten al mismo nivel de la estructura orgánica de la jurisdicción laboral, pero que cumplen funciones distintas, en lo atinente a las fases constitutivas del procedimiento laboral. En este contexto, guardando la lógica inherente a las fases que estructuran el procedimiento laboral, lo conducente es que el Juez de Juicio del Trabajo conozca y decida todo lo relacionado con las pretensiones que por su objeto y naturaleza implican un proceso de juzgamiento, por tanto, son los competentes para dirimir toda controversia que se suscite a propósito del cuestionamiento a las providencias administrativas por razones de constitucionalidad o legalidad. (Resaltado de la Sala). En consideración al razonamiento precedente, corresponde al Tribunal de Juicio del Trabajo conocer y decidir las pretensiones de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, bien sea que se ejerza de forma autónoma o conjuntamente con la solicitud de amparo, en virtud de que la controversia versa sobre la observancia constitucional o legal del acto objeto de impugnación, lo que significa a su vez, necesariamente, un proceso de juzgamiento. Así se decide (…)”. Se desprende de la citada sentencia, que los Tribunales de Sustanciación y Ejecución del Trabajo no les fue atribuido la competencia para conocer de los recurso de nulidad contra los actos administrativos, siendo atribuida la competencia a los Tribunales de juicio del Trabajo, el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por las Inspectorías del Trabajo; por lo tanto, este Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo debe declararse incompetente funcional para conocer y decidir la presente causa. Y así se decide. -III- DECISIÓN Por lo antes expuesto, y dado que el conocimiento de las acciones de nulidades de providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, fueron atribuidas a los Tribunales de Juicio del Trabajo, y debido que la presente causa se refiere a una pretensión generada de un acto administrativo como es la Ejecución de la Providencia Administrativa; este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del estado Apure, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Su INCOMPETENCIA FUNCIONAL para conocer y decidir la Ejecución del Acto Administrativo, interpuesto por el ciudadano SIMEON ANTONIO MAFILITO FARIAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.131.322, e inscrito en el inpreabogado bajo el N° 116.528, en su carácter de Procurador Distrital del Alto Apure, contra el acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo con sede en Guadualito, estado Apure, en la cual mediante Providencia Administrativa Nro. 046-2007 de fecha 04 de octubre de 2007, declaró Con Lugar el Reenganche y Pago de los Salarios Caídos a favor de la ciudadana YOLEIDA DEL CARMEN LINARES, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 12.555.685. SEGUNDO: DECLINA LA COMPETENCIA al Juzgado de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, para conocer del Recurso de Nulidad de Acto Administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nro. 046-2007 de fecha 04 de octubre de 2007, declaró Con Lugar el Reenganche y Pago de los Salarios Caídos a favor de la ciudadana YOLEIDA DEL CARMEN LINARES, ya identificada en autos. TERCERO: Remítase el presente asunto a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) para ser distribuido a un Tribunal de Juicio del Trabajo, en la oportunidad legal correspondiente. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN. Dada sellada y firmada en el despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año Dos Mil Veintidós (2022). Año 212º y 163º El Juez Provisorio, Abg. Luis Gabriel Martínez Betancourt. La Secretaria; Abg. Geraldine Goenaga Prieto.