REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS 213º y 164º PARTE RECURRENTE: Esmirna Del Rosario Viamonte Salguero, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.323.005, de este domicilio.- ABOGADOS ASISTENTES DE LA PARTE RECURRENTE: Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado y Abrahanny Maldonado, venezolanas, mayores de edad, e Inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 109.744 y 184.643, respectivamente. PARTE RECURRIDA: Dirección Ejecutiva de la Magistratura (D.E.M).- ABOGADO DE LA PARTE RECURRIDA: No tiene constituido en autos. MOTIVO: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad Conjuntamente con Acción de Amparo Cautelar. Sentencia Interlocutoria. I DEL RECURSO INTERPUESTO En fecha Veintisiete (27) de septiembre del año 2023, fue recibido ante esta sede judicial escrito contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad de Acto Administrativo de Efectos Particulares Conjuntamente con Solicitud de Amparo Constitucional, interpuesto por la ciudadana Esmirna Del Rosario Viamonte Salguero, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.323.005, debidamente asistida por las abogadas en ejercicio Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado y Abrahanny Maldonado, venezolanas, mayores de edad, e Inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 109.744 y 184.643, respectivamente, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en RESOLUCIÓN N°-CJPNNA-2023-05, dictada en fecha 28 de julio del año 2023, por el Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ciudadano Abg. Julio Elías Suarez Martínez.- Alega la Parte Recurrente: Que fue designada por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (D.E.M.) según Oficio DE/S.A.-3241 de fecha 12 de Septiembre del año 2017 para ocupar el cargo de Secretaria de Circuito (Grado 16), adscrita al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure con sede en San Fernando de Apure, designación que tuvo vigencia desde el día 18 de septiembre del años antes mencionado, considerado cargo de confianza, en consecuencia de libre nombramiento y remoción, asimismo arguyo que tomó posesión en fecha 18 de septiembre del mismo año, y que a lo largo de su carrera laboral, realizo un buen desempeño, y eficiencia. Por otro lado indico, que ocupó otros cargos como lo fueron de Coordinadora de Secretarios Temporal, Jueza Suplente, Jueza Temporal, jueza accidental tal y como se evidencia en los anexos presentados, ello hasta la fecha del 09 de Noviembre del 2022, debido a que el circuito paralizó sus actividades hasta el 25 de Julio. Asimismo, manifiesto que el día 08 de noviembre de 2022 encontrándose en plena actividad laboral en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Niños, Niñas y Adolescentes, entró a ese despacho el abogado Nicxon Martínez, quien fungía como juez suplente del tribunal antes descrito, quien informo que tenían que retirarse debido a que iban meterse he iban a quemar el tribunal, haciendo referencia el mismo a unas personas ajenas al poder judicial que estaban protestando en la sede del circuito de protección, en descontento por una decisión tomada en ese juzgado, siendo así un caso emblemático y de dominio público. Manifestó que la Juez de juicio Meralyz Manzanilla les indico que debían resguardarse en rectoría, sitios donde estuvieron esperando que llegara el juez rector, ciudadano Edwin Manuel Blanco lima, y varios jueces de la jurisdicción civil quienes seguidamente convocó a una reunión con todos para dar sugerencias y buscar una manera útil de calmar los ánimos de los manifestantes. Posteriormente cuando ya se había calmado un poco la situación, pudieron entrar a la sede del tribunal de juicio a buscar las pertenencias personales y fue en ese momento en que se percataron que el abogado Nicxon Martínez, conjuntamente con dos alguaciles de nombres José Aguirre y Robert Gómez permanecían dentro del circuito de protección, abrieron un hueco donde estaba localizado un aire acondicionado en el despacho del tribunal de juicio, siendo esta la salida del abogado NicxonMartinez con un expediente, tal como fue visto en las redes sociales, en un hecho público, notorio y comunicacional, dicho hecho fue expuesto en escrito de informe suscrito por la juez Provisorio de Juicio, Ciudadana Meralys Manzanilla y por su persona en fecha 11 de agosto de 2023. Indico que cuando el Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure reanudó sus actividades ocho meses después de los hechos sucedidos en fecha 25 de Julio de 2023, se dispuso a reincorporarse a su puesto de trabajo,así como también trabajar responsablemente como lo ha hecho, el día tres de agosto del año en curso, se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que su sueldo fue suspendido y que fue despedida injustificadamente, haciéndoselo saber el coordinador del circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ciudadano Julio Elías Suarez Martínez, por medio del alguacil ciudadano Pablo Jiménez, quien le notificó que mediante Acto Administrativo Resolución Nro. CJPNNA-2023-05 dictado en fecha 28 de Julio de 2023, mediante la cual se decidió removerla del cargo debido a que asumió una conducta fuera de los esquemas normales de comportamiento dentro del circuito judicial de protección el día 8 de noviembre del año 2022, hecho este que negó, rechazo y contradijo, debido a que la realidad de lo acontecido es que ese día estaban siendo víctimas de pánico, terror y angustia y trataba de resguardarse en la rectoría. Por otro lado aludió que en fecha 28 de Junio de 2022, fue privada de su libertad ilegítimamente, secuestrada junto a sus compañeros de labores por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales (D.I.P.) de la Policía del Estado Apure, dentro de las instalaciones del circuito, quienes acudieron al llamado del ciudadano Julio Elías Suarez Martínez sin una orden de allanamiento, ello debido a que se había extraviado un expediente, siendo el correcto proceder denunciar ante la Fiscalía del Ministerio Publico para que investigara los hechos y no privarlos de la libertad ilegítimamente como lo hizo a los trabajadores, quienes también fueronvíctimas de insultos, amenazas, improperios, amedrentamiento, y que en su caso fue víctima de violencia de género y acoso laboral. Preciso que, por todo lo acontecido en ese momento los funcionarios afectados hicieron una denuncia ante la fiscalía 7ma del Ministerio Público, siendo esta la encargada de llevar los asuntos de derechos fundamentales y fue a partir de esa fecha, 29 de julio del año 2021, que el coordinador, abogado Julio Elías Suarez Martínez no les dirigió más la palabra a los veinte funcionarios que le denunciaron, lo cual continuo con amenazas y acoso laboral lo que conllevo a la remoción injustificada de sus cargos. Arguyo que es Funcionario Público Judicial, adscrita a la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (D.E.M.) del Estado Apure para que surta los efectos legales correspondiente y en consecuencia se le tenga como tal y agraviada, por cuanto fue injustificadamente despedida, cuando lo que ha hecho es cumplir con sus labores habituales en el horario establecido ante el ente adscrito y las condiciones y competencias, subordinación y dependencia que tenía en el cargo en el cual desempeñaba sus funciones de manera cabal, satisfactoria y efectiva, al punto de que hasta la fecha de su injustificado despido no había sido sancionada por ningún procedimiento administrativo y que a su parecer su único delito o falta fue estar en su puesto de trabajo el día 9 de Noviembre del años 2022, día en que personas de la comunidad decidieron protestar al no estar de acuerdo con una decisión que nada tenía que ver con su persona. Finalmente solicita: Se tenga por interpuesta la presente demanda de nulidad y se sirva revocar la resolución Interna NºCJPNNA-2023-05, dictada en fecha 28 de julio del año 2023, por el Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ciudadano Julio Elías Suarez Martínez en la que se resolvió removerle y retirarle del cargo de Secretaria de Circuito al Servicio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (D.E.M.), asimismo solicita se ordene la reincorporación a su puesto de trabajo, el pago de todos los salarios y demás beneficios laborales dejados de percibir y se aplique por control difuso toda normativa que violente la constitucionalidad y la legalidad, en cuanto al caso se refiere II DE LA COMPETENCIA El Régimen Jurídico de la Función Pública en Venezuela se encuentra contenido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, publicada en la Gaceta Oficial Nº 37.482, de fecha 11 de julio del 2002. Esta Ley, además de regular el régimen de administración de personal y determinar los derechos y deberes de los funcionarios públicos, consagra en su título VIII, todo un proceso dirigido a controlar en sede jurisdiccional los actos, actuaciones, hechos u omisiones de la Administración Pública en ejercicio de la función pública. Así, establece la referida Ley en sus artículos 1, 93 y 95 lo siguiente: “Artículo 1. La presente Ley regirá las relaciones de empleo público entre los funcionarios y funcionarias públicos y las administraciones públicas nacionales, estadales y municipales, lo que comprende: 1. El sistema de dirección y de gestión de la función pública y la articulación de las carreras públicas. 2. El sistema de administración de personal, el cual incluye la planificación de recursos humanos, procesos de reclutamiento, selección, ingreso, inducción, capacitación y desarrollo, planificación de las carreras, evaluación de méritos, ascensos, traslados, transferencia, valoración y clasificación de cargos, escalas de sueldos, permisos y licencias, régimen disciplinario y normas para el retiro.” “Artículo 93. Corresponderá a los tribunales competentes en materia contencioso administrativo funcionarial, conocer y decidir todas las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de esta Ley, en particular las siguientes: 1. Las reclamaciones que formulen los funcionarios o funcionarias públicos o aspirantes a ingresar en la función pública cuando consideren lesionados sus derechos por actos o hechos de los órganos o entes de la Administración Pública. “Artículo 95. Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la presente Ley se iniciarán a través del recurso contencioso administrativo funcionarial, el cual consiste en una querella escrita…” (Negrillas y cursivas del Tribunal). Así pues, pasa de seguidas este Juzgado pasa a emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad del presente Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad Conjuntamente con Acción de Amparo Cautelar, y en consecuencia emite.- III De la Admisión del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Acción de Amparo Cautelar Ahora bien, antes de pronunciarse sobre la procedencia del amparo cautelar solicitado, corresponde a éste Juzgado pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente querella de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por lo que en atención a los principios constitucionales de tutela judicial efectiva e instrumentalizad del proceso, consagrados en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respectivamente, el análisis se efectuará haciendo excepción de la causal referida a la caducidad de la acción, conforme a lo previsto en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En este sentido, este Juzgado hace suyo el criterio de la Sala Político Administrativa cuando en sentencia Nro 01055-3811, de fecha 3 de agosto de 2011 en interpretación de los artículos 103 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con relación a la admisión de un recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con una acción de amparo constitucional dispuso lo siguiente: “…estima la Sala que el trámite previsto en el artículo 105 antes trascrito no es el más idóneo cuando la medida solicitada sea un amparo cautelar, el cual se fundamenta en la violación de derechos y garantías de rango constitucional, por lo que su examen debe realizarse de manera expedita a los fines de restablecer la situación jurídica infringida sin dilaciones indebidas, conforme al principio de tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.” (…omissis…) “…a juicio de esta Sala, cuando se interponga un recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con una acción de amparo constitucional, la Sala deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción principal con prescindencia del análisis del requisito relativo a la caducidad del recurso ejercido, cuyo examen, de resultar improcedente el amparo cautelar, corresponderá al Juzgado de Sustanciación”. Ahora bien, de acuerdo al criterio anteriormente expuesto, en aras de garantizar una tutela judicial efectiva, este Tribunal ha realizado la revisión del escrito libelar y sus recaudos en relación con el artículo 95 de la Ley del Estatuto de la Función Pública y no observa la existencia de alguna de las causales de inadmisibilidad (exceptuando la relativa a la caducidad), establecidas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En consecuencia, se ADMITE cuanto ha lugar en derecho. Procédase a la citación de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (D.E.M.), a fin de que sea conminada a dar contestación a la presente querella en un lapso de quince (15) días de despacho siguientes contados a partir de la fecha de que conste en autos su citación, luego de haber transcurrido el lapso de quince (15) días hábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en Gaceta Oficial Nº 6.220, de fecha 15/03/2016, aplicable al caso según lo ordenado en el artículo 36 de la Ley Orgánica Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público, mas cinco (05) días continuos que se le conceden por el término de la distancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, se ordena la notificación del ciudadano Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, al Director General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y al Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Abg. Julio Elías Suarez Martínez. Compúlsese por Secretaría el escrito recursivo y sus recaudos acompañados, con inclusión del presente auto. Vencido el plazo que la Ley otorga para dar contestación a la querella, este Tribunal fijará, dentro de los cinco (05) días de despacho siguientes, el día y hora para que tenga lugar la audiencia preliminar, en la cual, a tenor de lo establecido en el Artículo 104 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, esta Juzgadora llamará a las partes a conciliación, por lo que, a fin de brindar una tutela judicial efectiva y garantizar la resolución alternativa de conflictos establecida en el Artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo establecido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, se les insta a las partes a tomar las medidas pertinentes a los fines de utilizar este medio alterno de solución de controversias para propender en la construcción de un Estado Social de Derecho y de Justicia. En ésta misma fecha se libró Oficio de citación al Director de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (D.E.M.), Oficio de notificación al ciudadano Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, al Director General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, y al Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, los cuales serán practicados una vez sean consignados los fotostatos correspondientes y previo cumplimiento de la carga procesal por parte del interesado, de conformidad con lo establecido en la sentencia de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia de fecha seis (06) de julio de dos mil cuatro (2004), Caso: José Ramón Barco Vásquez contra Seguros Caracas Liberty Mutual. Ahora bien, admitido el presente recurso funcionarial, este Órgano Jurisdiccional procede a emitir pronunciamiento respecto a la procedencia de la acción de amparo constitucional solicitada. III De la Acción de Amparo Cautelar Ha sido conteste la doctrina y la jurisprudencia al precisar el carácter accesorio e instrumental y cautelar del amparo ejercido de manera conjunta con la acción principal y que su finalidad es otorgar protección temporal en la forma más breve y eficaz posible a los derechos de rango constitucional, dada la naturaleza que revisten mientras se dicta decisión definitiva en el juicio principal. Este instituto del amparo cautelar encuentra su fundamento legal en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece: “Artículo 5. La acción de amparo procede contra todo acto administrativo; actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucionales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional. Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso-Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamente, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve y sumaria y conforme a lo establecido en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio (…).” Sobre el amparo cautelar, resulta obligatorio resaltar sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nº 402, de fecha 20 de marzo de 2001, caso: Marvin Enrique Sierra, que reinterpretó y precisó los lineamientos a seguir para el conocimiento y sustanciación de la acción de amparo ejercida conjuntamente con la acción de nulidad, particularmente en lo que respecta al trámite que se le ha venido otorgando, en los términos siguientes: “Por ello, a juicio de la Sala, al afirmarse el carácter accesorio e instrumental que tiene el amparo cautelar respecto de la pretensión principal debatida en juicio, se considera posible asumir la solicitud de amparo en idénticos términos que una medida cautelar, con la diferencia de que la primera alude exclusivamente a la violación de derechos y garantías de rango constitucional, circunstancia ésta que por su trascendencia, hace aún más apremiante el pronunciamiento sobre la procedencia de la medida solicitada. En tal sentido, nada obsta a que en virtud del poder cautelar que tiene el juez contencioso-administrativo, le sea posible decretar una medida precautelativa a propósito de la violación de derechos y garantías constitucionales, vista la celeridad e inmediatez necesarias para atacar la transgresión de un derecho de naturaleza constitucional. Con tal objeto, y en tanto se sancione la nueva ley que regule lo relacionado con la interposición y tramitación de esta especial figura, la Sala Político-Administrativa estima necesaria la inaplicación del procedimiento previsto en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que el mismo es contrario a los principios que informan la institución del amparo, lo cual no es óbice para que la Ley continúe aplicándose en todo aquello que no resulte incongruente a la inmediatez y celeridad requerida en todo decreto de amparo. En su lugar, es preciso acordar una tramitación similar a la aplicada en los casos de otras medidas cautelares. Se justifica, entonces, que una vez admitida la causa principal por la Sala, se emita al mismo tiempo un pronunciamiento sobre la medida cautelar de amparo solicitada, con prescindencia de cualquier otro aspecto, cumpliéndose así con el propósito constitucional antes acotado. En ese sentido, es menester revisar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptados naturalmente a las características propias de la institución del amparo en fuerza de la especialidad de los derechos presuntamente vulnerados. Dicho lo anterior, estima la Sala que debe analizarse en primer término, el fumusboni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación del derecho constitucional alegado por la parte quejosa y que lo vincula al caso concreto; y en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. Asimismo, debe el juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y la acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un verdadero perjuicio de los derechos constitucionales del accionante. En virtud de lo expuesto, se entiende que cuando se ejerce el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad Conjuntamente con un Amparo Constitucional de Carácter Cautelar, lo que se persigue es el restablecimiento de los derechos y garantías constitucionales que han podido resultar lesionados por la actividad administrativa y, en tal sentido, es necesario corroborar la existencia de una eventual lesión de algún derecho y/o garantía de rango constitucional, para que así el Juez pueda proceder al restablecimiento de la situación original mediante cualquier previsión que considere acertada en aras de evitar o impedir que tal violación se produzca o continúe produciéndose. Señalado lo anterior, resulta necesario para este Órgano Jurisdiccional verificar el cumplimiento de los requisitos que condicionan la procedencia de toda medida cautelar, adaptado naturalmente a las características propias de la institución de amparo en razón de la especialidad que implican los derechos constitucionales que busca proteger este tipo de acción. En efecto, aun pese a su especialidad debe analizarse, en primer lugar, el fumusboni iuris, ello con el objeto de concertar la presunción grave de violación o amenaza de violación de los derechos y garantías constitucionales que se reclaman; y, en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola constatación del requisito anterior, pues […] la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho de orden constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido en forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la violación. Dentro de este contexto, es menester señalar que el análisis del fumusboni iuris, o lo que es lo mismo, la presunción de buen derecho, debe ser efectuado con el objeto de constatar la existencia de una presunción grave de violación o amenaza de violación de los derechos constitucionales indicados por la parte actora como conculcados, no pudiendo así limitarse a corroborar a un simple alegato de perjuicio, pues el mismo debe ser respaldado por argumentación y acreditación suficiente acerca de los hechos concretos presuntamente inconstitucionales. Conforme a lo anterior, este juzgado observa que en el caso sub iudicela ciudadana Esmirna Del Rosario Viamonte Salguero, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 12.323.005, fundamentó su solicitud de amparo cautelar refiriéndose en que toda persona tiene derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vida, si bien es cierto son derechos consagrados en nuestra constitución para toda persona natural o jurídica, no es menos cierto que el Amparo cautelar se solicita ante el Órgano Jurisdiccional para la restitución provisional del derecho que fueren violentado, siendo ello así para quien aquí suscribe debe hacer mención que la parte acciónate solicita que se suspendan los efectos del lascivo acto administrativo que propicia la transgresión de los referidos derechos constitucionales, mientras dure la acción es decir, pretende la suspensión de efectos de la resolución NºCJPNNA-2023-05, dictada en fecha 28 de julio del año 2023, por el Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ciudadano JULIO ELIAS SUAREZ MARTINEZ, por lo que puede esta juzgadora dilucidar que la accionante, no utilizó los mecanismos adecuados para alcanzar el fin de la pretensión esgrimida, por lo que debe este Órgano Jurisdiccional declarar Improcedente la presente acción de amparo cautelar por no ser la vía idónea para alcanzar el fin perseguido. Y así se decide. -IV- DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1.-COMPETENTE, para conocer en primer grado de jurisdicción, la presente causa.- 2.- ADMITE el Recurso Contencioso Administrativo funcionarial de Nulidad de Acto Administrativo de Efectos Particulares Conjuntamente con solicitud de Amparo Constitucional, interpuesto por la ciudadana Esmirna del Rosario Viamonte Salguero, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.323.005, debidamente asistida por las abogadas en ejercicio Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado y Abrahanny Maldonado, venezolanas, mayores de edad, e Inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 109.744 y 184.643, respectivamente, contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (D.E.M).- 3.-IMPROCEDENTE, la solicitud de Amparo Cautelar.- A los fines de practicar las notificaciones ordenadas, se ordena librar despacho de comisión a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D.) de los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Área Metropolitana de Caracas, Sede los Cortijos de Lourdes. Cúmplase.- Diarícese, Publíquese, regístrese y notifíquese. Dada firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, en San Fernando de Apure a los tres (03) días del mes de Octubre de dos mil veintitrés (2023). Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.- La Jueza Superior Provisoria. Abg. Dessiree Hernández Rojas El Secretario Temporal Abg. Darvys Prieto En esta misma fecha, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó la presente decisión. El Secretario Temporal Abg. Darvys Prieto Exp. Nº 6.151. DHR/DP/Antonio.