REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS 214º y 165º Parte Recurrente: Jorge Alfredo Ruiz Casanova, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 9.465.208, de este domicilio.- Apoderadas Judiciales de la parte Recurrente: Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado, y Abrahanny María Maldonado Rodríguez, abogadas en ejercicios y de este domicilio, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nros. 109.744 y 184.643, de este domicilio.- Parte Recurrida: Gobernación del Estado Apure (Comandancia General de la Policía del Estado Apure). Motivo: Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad conjuntamente al initio con solicitud de acción de Amparo Cautelar y posteriormente solicitud de Medida Preventiva Innominada. Sentencia interlocutoria. I ANTECEDENTES Visto el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial de Nulidad conjuntamente al initio con solicitud de acción de Amparo Cautelar y posteriormente solicitud de Medida Preventiva Innominada, interpuesto por el ciudadano Jorge Alfredo Ruiz Casanova, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 9.547.881, debidamente asistido por el abogado José Gregorio Trejo Figueredo, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad N° V- 9.547.881 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el N° 80.629, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en RESOLUCION DE JUBILACION Nº 143, publicada en fecha 01 de Octubre del 2023, emanada por el Gobernador Germán Eduardo Piñate Rodríguez, Gobernador del Estado Apure. II DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR En fecha 15 de Abril de 2023, llas Abogadas Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado, y Abrahanny María Maldonado Rodríguez, abogadas en ejercicios y de este domicilio, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo los Nros. 109.744 y 184.643, respectivamente, en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadanoJorge Alfredo Ruiz Casanova, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº V- 9.465.208, consignaron ante la secretaria de este Órgano Jurisdiccional, escrito contentivo de Medida Preventiva Innominada mediante la cual solicitó a este Tribunal lo siguiente: (…)De conformidad con el articulo 588 parágrafo Primero del código de procedimiento civil, solicito muy respetuosamente se sirva decretar medida preventiva innominada en el sentido de que se libere el salario que me fue suspendido ya que propicia la transgresión de mis derechos, mientras dure la acción principal y en consecuencia ordene el pago de los salarios y demás beneficios que he dejado de percibir desde que me fue suspendido el suelo. Ya que en virtud de la suspensión de mi salario me he visto afectada no solamente en todo lo mencionado en cuanto a los derechos constituciones a la alimentación, a la salud, a una vivienda dicta, al pago de todo los servicios sino también a la protección de la familia como lo establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 78 que establece lo siguiente: Articulo 78.los niños niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y estarán protegidos por la legislación órganos y tribunales especializados los cuales respetaran, garantizaran y desarrollaran los contenidos de esta constitución la convención sobre los derechos del niño y demás tratados constitucionales que en esta materia allá suscrito y ratificado la república. El estado, la familia y la sociedad aseguraran con prioridad absoluta protección integral, para lo cual se tomara en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que le conciernan. El estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creara un sistema rector nacional para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Por otra parte la Ley Orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes en el artículo 358 establece todo lo relativo a la responsabilidad de crianza que es del deber compartido e irrenunciable de los padres de asistir material, moral y efectivo a sus hijos e hijas, Artículo 358: la responsabilidad de crianza comprende el deber y derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integran. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivos, físicos, de violencia psicológica o de trato humillante de perjuicio de los niños, niña y adolescente. Igualmente el Articulo 383 ejusdem extiende la obligación en la manutención para los hijos hasta los 25 años de edad cuando estos se encuentran cursando estudios por su naturaleza le impidan realizar trabajos remunerado. Artículo 383: La obligación de manutención se extingue: a) Por la muerte del obligado u obligada, o del Niño, Niña y adolescente beneficiario o beneficiaria de la misma. b) Por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario o la beneficiaria de la misma excepto que padezca discapacidades físicas o mentales que le impidan proveer su propio sustento o cuando se encuentre cursando estudios que por su naturaleza le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad. Previa aprobación judicial. “Ciudadana jueza, para el momento de la jubilación, la cual no solicite y de la que fui notificado vía telefónica, me encontraba en pleno ejercicio de mis funciones activo en mi trabajo y percibiendo además todos los beneficios laborales que me eran inherente a mi cargo y que me permitan cumplir con mis obligaciones de padres y jefe de familia, enorme fue mi sorpresa cuando se me notifica vía telefónica que me fue acordada mi jubilación siendo un hecho cierto que nunca le solicite en virtud de que no cuento con la edad reglamentaria para hacerlo y tampoco tenía la intención de hacerlo por cuanto aún me considero un funcionario policial con la capacidad física mental, y con la vitalidad de poder seguir prestando mis servicios a la patria y con una conducta intachable en el transcurso de mis labores como Comisario Jefe (CPBEA), Tal como consta en solvencia emitida por la inspectoría para el Control de la Actuación Policial. Ciudadana Juez no cuento con la edad reglamentaria para la jubilación, aunque sí con los años de servicio, pero también es cierto que no cuento con las cotizaciones suficientes ante el Instituto Venezolano del Seguro Social, para optar a una jubilación por ese Organismo. Además para el monto en que fue establecido mi jubilación es un monto irrito, la cual además no me fue explicada el tipo de jubilación que me fue concedida contra mi voluntad. Además ciudadana Juez, el hecho de que me fue otorgada una jubilación inespecífica, que no solicite, afecta no solamente mi trabajo sino que también, afecta muy directamente mi economía familiar, específicamente a mi menor JORGELIS DE JESUS RUIZ AGUILAR, titular de la cedula de identidad N° 33.460.484, tal como consta en acta de nacimiento N° 1662 del año 2009, quien se encuentra cursando sus estudios en la Unidad Educativa Sagrada Familia, tal como consta en constancia de Estudio, la cual consigno marcado con la letra “D”, y soy quien cubre sus gastos, es decir quien cancela la mensualidad ya que dicha institución es de carácter privado, y así consta en Boleta de Control de pago de mensualidades, la cual consigno marcada con la letra “E”.- Ante el acto administrativo Resuelto N° 143, que resuelve mi jubilación arbitraria, sin yo haberla pedido y sin especificarse exactamente qué tipo es y que ha conllevado además a un cambio drástico de mi sueldo, existen diferentes recursos que puede ejercer a los fines de ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso, recursos estos consistentes, bien sea en un recurso de reconsideración o el Recurso Contencioso Administrativo, el cual es el que he decido ejercer como en efecto lo hago, pero no es un secreto que la tramitación del presente recurso lleva tiempo por todos los lapsos y términos procesales que han de cumplirse en las diferentes etapas del proceso lo que se traduce en tiempo que ha de transcurrir y que en consecuencia constituye una violación a mis derechos constitucionales al trabajo y a percibir un salario por mi trabajo consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 87 y 91.- Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y al deber de trabajar. (…) artículo 91. Todo trabajador y trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para si y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales (…) Ciudadana Juez, actualmente tengo bajo mi responsabilidad a mi hija, la ciudadana JORGELIS DE JESUS RUIZ AGUILAR, quien es venezolana MENOR de edad, tal como consta en acta de nacimiento consignada en autos, y que actualmente cursa estudios de Tercer (3er) año de Educación Media General la en el presente año escolar 2023-2024”.- III MOTIVACIONES PARA DECIDIR Previo al pronunciamiento que corresponde emitir sobre el asunto sometido a consideración, estima necesario este Tribunal indicar que las medidas cautelares se encuentran consagradas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447 de fecha 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en gaceta N°39.451 del 22 del mismo mes y año), en la cual de conformidad con las disposiciones del artículo 103 y siguientes eiusdem, se estableció un procedimiento para la tramitación de las medidas cautelares requeridas, a petición de parte, ante los órganos que conforman dicha jurisdicción. En este sentido, cabe señalar que la Ley Orgánica en referencia establece respecto de las medidas cautelares, que el Juez o Jueza contencioso administrativa en ejercicio de sus amplios poderes cautelares en igual sentido, el artículo 4 de la comentada Ley, puede, a petición de parte o de oficio, acordar o decretar las medidas cautelares que estime pertinentes durante la prosecución de los juicios, con el objeto de proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos y ciudadanas, a los intereses públicos y, en general, para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas. En el caso en autos conforme quedó establecido ut supra la recurrente solicita se decrete Medida Preventiva Innominada a los fines de que: 1. Se libere el salario que le fue suspendido ya que propicia la transgresión de sus derechos mientras dure la acción principal y en consecuencia de ello ordene el pago de lo salario y demás beneficios dejados de percibir desde que se le fue suspendido su sueldo. A tal efecto el Artículo 104 establece: “(…) A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva. (…) El tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso. (…) En causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir garantías suficientes al solicitante. (…)”. Por disposición del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo anterior se concatena supletoriamente con lo previsto en los artículos 585 y 588 en su Parágrafo Primero del Código Procesal Civil vigente, que disponen: Artículo 585.- Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. “Artículo 588.(…) Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión (…)” En este sentido, resulta pertinente para quien decide indicar que, el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual la providencia cautelar sólo se concede cuando existen en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del derecho que se reclama y del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, por cuanto la emisión de cualquier medida cautelar, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil; está condicionada al cumplimiento coincidente de dos (2) requisitos principales, a saber: i) que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger con la cautelar (fumus boni iuris), es decir, que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil. Es decir, la apreciación del sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así lo considere; y ii) que exista el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), vale decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante, por el retardo en obtener la sentencia definitiva (vid. Sentencia Número 00925 de fecha 6 de junio de 2007 dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, caso: Municipio Baruta del Estado Miranda, contra las sociedades mercantiles Seguros Bancentro, S.A. y Compañía Anónima de Seguros Ávila).- En ese mismo orden de ideas, resulta pertinente traer a colación lo indicado en la sentencia Nº 02526, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 01 de noviembre de 2004, caso: Esteban Gerbasi Pagazani vs Ministro de la Defensa) mediante la cual se estableció lo siguiente: “Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora); y referente a la medida innominada, el artículo 588 eiusdem impone una condición adicional que es el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra (periculum in damni). Con referencia al primero de los requisitos fumus boni iuris, su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Puede comprenderse entonces como un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el libelo de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. En cuanto al segundo de los requisitos mencionados (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Respecto al periculum in damni, éste se constituye en el fundamento de la medida cautelar innominada para que el tribunal pueda actuar, autorizando o prohibiendo la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias necesarias para evitar las lesiones que una de las partes pueda ocasionar a la otra” (Cursivas del Tribunal).- No obstante, el Parágrafo Primero del artículo 588 ejusdem, consagra la facultad del Juez para acordar las providencias cautelares que estime adecuadas, siempre que verificados los anteriores requisitos, exista el fundado temor de que una de las partes pueda causar a la otra lesiones graves o de difícil reparación por la decisión que ponga fin al proceso. Así las cosas, a los fines de determinar la procedencia de la medida solicitada, resulta necesario examinar los requisitos exigidos en las referidas disposiciones, esto en cuanto, la presunción grave del derecho reclamado (fumus boni iuris), el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora), y el fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación a la otra (periculum in damni) por lo que este Órgano Jurisdiccional observo lo siguiente: La parte recurrente solicita que sea admitida y sustanciada la presente solicitud de medida cautelar innominada, con fundamento en el Artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos, 358, 383 de la Ley Orgánica para la Protección de niños, niñas y adolescentes, los cuales se refieren a todo lo concerniente a la responsabilidad de crianza, y a la obligación de manutención para los hijos hasta los 25 años de edad, ello en virtud que del hecho de su jubilación inesperada le ha desmejorado su ingreso salarial causándole un gran daño, por cuanto su hija JORGELIS DE JESUS RUIZ AGUILAR, titular de la cedula de identidad N° 33.460.484, actualmente cursa estudios de Tercer 3er año de Educación Media General en el presente año escolar 2023-2024; siendo menor de edad, y por tal motivo no puede realizar algún trabajo remunerado que le permita cubrir sus gastos personales y estudiantiles; así, es evidente que su hija depende de su ayuda económica para continuar con sus estudios, puesto que los gastos que se generan de ese hecho los ha venido cubriendo en gran parte con sus ingresos, que por salario percibía y al habérsele otorgado la jubilación que no solicito fue desmejorado su sueldo por lo que se le ha hecho cuesta arriba cumplir con los compromisos que se suman a una serie de necesidades básicas e inherentes al ser humano como lo son comida, medicina, salud, vestido, calzado y pasaje, considerando que de mantenerse los efectos jurídicos del Resuelto N° 143, que resuelve su jubilación, su hija tendría que cambiar su modalidad de estudio y de esa manera puede alterar su rutina diaria estudiantil, su ambiente y eso podría ocasionar que se vea afectada psicológicamente como individuo en continuo y libre desarrollo de su personalidad.- Así las cosas, este Tribunal puede evidenciar de las actas procesales que la recurrente de autos a los fines de sustentar y demostrar la urgencia de la solicitud de la referida Medida, acompaña en copias simples y certificadas, medios de prueba que considera útiles para crear elementos presuntivos para su procedencia, entre los que destacan los siguientes: 1. Anexo Marcado con la letra “A”, Resuelto N° 143, de fecha 01 de octubre de 2023, Emitido por el despacho del ciudadano Gobernador del Estado Apure Prof. German Eduardo Piñate, donde se le otorga la jubilación al ciudadano Jorge Alfredo Ruiz Casanova, titular de la cedula de identidad N° 9.465.208.- 2. Marcada con la letra “B”copia Fotostática certificada de partida de Nacimiento perteneciente a la ciudadana JORGELIS DE JESUS RUIZ AGUILAR, titular de la cedula de identidad N° 33.460.484.- 3. Marcada con la Letra “C”, constancia de Estudio emitida por la MSC. Marta Josefina Flores, titular de la cedula de identidad N° 11.244.011, Directora de la U.E. “SAGRADA FAMILA Fe Y ALEGRIA”, dependencia Privada ubicada en la calle Bolívar N° 122, de san Fernando Estado Apure.- 4. Marcado con la letra “E”, Boleta de Control de Pago de Mensualidades. Así las cosas, una vez revisado y verificado cada uno de los anexos consignados con la correspondiente solicitud de Medida Preventiva innominada, en base a ello y en relación a la jurisprudencia ha señalado que debe existir una estricta sujeción entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante produzca en los autos a los fines de demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para otorgar la medida, de manera que no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro (Vid. Sentencia de la Corte de fecha 21 de noviembre de 2007, caso: Instituto Autónomo de la Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado Barinas (Iaveb) vs. Servicios Integrales Alpasa, C.A.). Ello, considera oportuno esta juzgadora traer a colación Sentencia dictada por la Corte Segunda, hoy Juzgados Nacionales (Caso: Ydania Molina Landaeta Vs. Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat. de fecha 01 de Febrero de 2012), mediante la cual señaló lo siguiente: “Omissis…la tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, posee como contenido la necesidad de asegurar que luego del proceso judicial correspondiente se dicte una sentencia de fondo ajustada a derecho y que a su vez, dicha sentencia sea ejecutada de manera oportuna y en sus propios términos. Esa necesidad de que la sentencia sea oportunamente ejecutada, debe ser consustanciada con una debida protección cautelar a las cual tienen acceso las partes como medio para materializar la ejecución de lo juzgado, de forma que para la plena existencia del derecho a la tutela judicial efectiva, es necesario que se adopten, en caso de ser procedentes, las medidas cautelares adecuadas que aseguren el cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso. De esta forma, la garantía de efectividad del fallo final es la médula misma de la institución cautelar; sin esa garantía, no hay tutela judicial. (…) (…) Siendo ello así, la importancia de la verificación exhaustiva del buen derecho o del riesgo en la mora por parte del órgano jurisdiccional receptor del recurso que es interpuesto con medidas cautelares, debe ser verificado en estricta atención al caso en concreto y no con simples análisis técnico procesales que en nada ayudan al otorgamiento de una verdadera y efectiva protección de la tutela judicial, por el contrario pueden causar daños irreparables o de difícil reparación. (…)” Por los fundamentos que anteceden, éste Tribunal debe concluir que en el caso de marras, la recurrente logro demostrar el Fumus Boni Iuris que es la presunción grave del derecho que se reclama, y que acredita con base en los instrumentos que acompañan la solicitud de medida cautelar innominada conjuntamente con los consignados posteriormente en fecha 12 de diciembre de 2023. De igual forma se constata, que la solicitante interpuso la presente acción en virtud de la suspensión del goce de su sueldo el cual le ha generado un gran daño y que de continuar con la referida suspensión salarial se estaría causando un daño irreparable por cuanto su hija JORGELIS DE JESUS RUIZ AGUILAR, actualmente cursa estudios de Tercer 3er año de Educación Media General en el presente año escolar 2023-2024; siendo menor de edad, y por tal motivo no puede realizar algún trabajo remunerado que le permita cubrir sus gastos personales y estudiantiles; así, es evidente que su hija depende de su ayuda económica para continuar con sus estudios, puesto que los gastos que se generan de ese hecho los ha venido cubriendo en gran parte con sus ingresos, que por salario percibía y al habérsele otorgado la jubilación que no solicito fue desmejorado su sueldo, y su hija menorrequiere de su apoyo económico. De igual forma se constata, que el solicitante de la medida teme la infructuosidad en la ejecución del fallo definitivo lo que constituye el Periculum In Mora y en cuanto al cuanto al Periculum In Damni quedo demostrado plenamente el temor fundado de que una parte ocasione una lesión grave y definitivamente irreparable o de difícil reparación al derecho de la otra, la verificación de todo ello es necesario para que sea procedente el Decreto de la medida cautelar, supuestos de procedencia señalados por el legislador en el artículo 104 de Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; ya que, las medidas cautelares tienen la intención de garantizar la ejecución del fallo que en definitiva sea dictada en la causa, pero en ninguna manera pueden por ésta vía constituirse situaciones nuevas a favor de alguna de las partes o de terceros. Al encontrarse cumplidos en consecuencia los extremos de Ley, los cuales son requisitos concurrentes para decretar la medida solicitada, por cuanto el Juez debe velar por un pronunciamiento ajustado a derecho, se ordena la suspensión temporal de los efectos del acto administrativo contenido en la RESOLUCION DE JUBILACION Nº 143, publicada en fecha 01 de Octubre del 2023, emanada por el Gobernador Germán Eduardo Piñate Rodríguez, Gobernador del Estado Apure, en consecuencia de ello se ordena la reincorporación temporal del funcionarioJORGE ALFREDO RUIZ CASANOVA, titular de la Cédula De Identidad Nº9.465.208, al cargo que venía desempeñando para el momento de su Jubilación, o uno de igual jerarquía, se ordena la liberación del salario que se le fueron suspendidos así como también los demás beneficios dejados de percibir, todo ello en aras de salvaguardar y garantizar las normas constituciones y especiales establecidas tanto en el Artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela así como también lo dispuesto en los artículos, 358 y 383 de la Ley Orgánica para la Protección de niños, niñas y adolescentes, los cuales se refieren a todo lo concerniente a la responsabilidad de crianza, y a la obligación de manutención para los hijos hasta los 25 años de edad. Sin que esto constituya un adelanto de opinión al fondo de la causa principal; resultando forzoso para quien aquí decide, declarar PROCEDENTE la medida cautelar solicitada. Y así se decide. Así las cosas,este Tribunal a los fines de garantizar el derecho a la defensa de la parte contra quien obra la medida, ésta podrá hacer la correspondiente oposición, una vez ejecutada la misma, siguiendo a tal efecto el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.- Finalmente, en este mismo acto este Juzgado acuerda librar notificación de la presente decisión mediante oficio al Procurador General del Estado Apure, al Comandante General de la Policía de Estado Apure y al Gobernador del Estado Apure. Y así se decide. III DECISIÓN Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, RESUELVE: PRIMERO: PROCEDENTE la Medida Preventiva Innominada solicitada por lasabogadas Victelia Mavel Rodríguez de Maldonado y Abrahanny Maldonado, Inscritas en el Instituto De Previsión Social Del Abogado Bajo los Nros 109.744 y 184.64, en su carácter de apoderadas judiciales del ciudadano JORGE ALFREDO RUIZ CASANOVA, titular de la cedula de identidad N° 9.465.208.- SEGUNDO: Ordena la suspensión de los efectos temporalmente del acto administrativo contenido en la RESOLUCION DE JUBILACION Nº 143, publicada en fecha 01 de Octubre del 2023, emanada por el Gobernador Germán Eduardo Piñate Rodríguez, Gobernador del Estado Apure.- TERCERO: Ordena la reincorporación temporal del funcionarioJORGE ALFREDO RUIZ CASANOVA, titular de la cedula de identidad N° 9.465.208, al cargo que venía desempeñando para el momento de su Jubilación, o uno de igual jerarquía, así como también la cancelación de los salarios y demás beneficios dejados de percibir, ello en base a las consideraciones expuesta en la motiva del presente fallo. Diarícese, Publíquese, regístrese y notifíquese. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, en San Fernando de Apure a los veintinueve (29) días del mes de abril de dos mil veinticuatro (2024) Años: 214º de la Independencia y 164º de la Federación.- La Jueza Superior Provisoria. Abg. Dessiree Hernández Rojas La Secretaria, Abg. Aminta López de Salazar. En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión. La Secretaria, Abg. Aminta López de Salazar. Exp. Nro 6162. DHR/alds/aurora.