TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y
Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure
San Fernando, 18 de Diciembre del 2024
214º y 165º

SENTENCIA DE DIVORCIO “CONTENCIOSO”
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:
Exp. JMS1-2958-24
DEMANDANTE: MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-25.507.882.
DEMANDADA: DEICY LILIANA CASTILLO CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-27.416.961.
BENEFICIARIA: NIÑA (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).
MOTIVO: DIVORCIO 185-A.
PRIMERA PARTE
NARRATIVA
Se inicia el presente procedimiento, en virtud de la Solicitud presentada en fecha 03 de Mayo del año 2024, por ante la URDD de éste Circuito Judicial, y que por previa distribución le correspondió a éste Tribunal pronunciarse sobre la admisión de la solicitud que por Divorcio 185-A, suscrita por los ciudadanos MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR y DEICY LILIANA CASTILLO CASTILLO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-25.507.882 y V-27.416.961, debidamente asistidos por el Abg. CARLOS ALBERTO CARREÑO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.216.660, padres biológicos de la NIÑA (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), emitida por el Registro Civil del Municipio Camaguan Edo Guárico, fundamentando la presente solicitud de Divorcio 185-A.
II
En fecha 07 de Mayo de 2024, mediante auto se admitió solicitud de Divorcio 185- “A”, intentada por los ciudadanos MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR y DEICY LILIANA CASTILLO CASTILLO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-25.507.882 y V-27.416.961, debidamente asistidos por el Abg. CARLOS ALBERTO CARREÑO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.216.660, fijando Audiencia Única de reconciliación, para el día 09 de Octubre del 2024.

En fecha 07 de Mayo del 2024, mediante auto expreso se acordó librar notificación a la ciudadana DEICY LILIANA CASTILLO CASTILLO, parte demandada en la presente causa.
En fecha 07 de Mayo del 2024, mediante auto expreso se acordó librar notificación a la Fiscal Sexta.
En fecha 08 de Agosto del 2024, compareció el Alguacil de este Tribunal, consignó boleta de notificación dirigida a la ciudadana DEICY LILIANA CASTILLO CASTILLO cuya labor logro realizar de manera efectiva.
En fecha 23 de Septiembre del 2024, compareció el Alguacil de este Tribunal, consigno boleta de notificación, para notificar a la Fiscal Sexta, cuya labor logro realizar de manera efectiva.
En fecha 25 de Septiembre del 2024, la Secretaria de éste Tribunal, certificó de haberse cumplido con las formalidades previstas en la Ley, con relación a la notificación de la última de las partes, inserta al folio 13 de los autos.
En fecha 26 de Septiembre del 2024, mediante auto se fijo oportunidad para que tenga lugar la Audiencia Única de Reconciliación para el día 09 de Octubre del 2024 a las 09:30am.
En fecha 09 de Octubre del 2024, siendo la oportunidad señalada para la realización de la Audiencia Única de reconciliación, compareció el ciudadano MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-25.507.882, debidamente asistido por el Abg. CARLOS ALBERTO CARREÑO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.216.660, quién insistió en la presente demanda y solicitó a este tribunal continúe el presente procedimiento a la fase de sustanciación de la audiencia preliminar.
En fecha 10 de Octubre del 2024, mediante auto se fijo oportunidad para que tenga lugar la Fase de Sustanciación de la Audiencia Preliminar para el día 05 de Noviembre del 2024 a las 10:30am.
En fecha 15 de Octubre del 2024, se agrego a los autos la opinión fiscal, inserta en el folio 17 de los autos.
En fecha 18 de Octubre del 2024, mediante escrito compareció el ciudadano MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR, debidamente asistido de Abogada, ratifico el medio probatorio y promovió a los testigos SOBELLA JOSEFINA SALAZAR DE ORTIZ, ANGEL LUCIANO ORTIZ RANGEL Y REBECA MARCELINA OROPEZA CABRERA.
En fecha 23 de Octubre del 2024, mediante auto expreso se acordó agregar a los autos el escrito de Promoción de Pruebas presentado por la parte Demandante.
En fecha 05 de Noviembre del 2024, siendo la oportunidad fijada para celebrar la Audiencia de Sustanciación, se deja constancia que compareció el ciudadano MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR, así mismo se deja constancia que no compareció la parte demandada ciudadana DEICY LILIANA CASTILLO CASTILLO, a pesar de haber sido notificada en fecha 08 de Agosto del 2024, tal como lo demuestra la consignación del alguacil inserta en los folios 09 y 10 de los folios.
En fecha 05 de Noviembre del 2024, el Juez Temporal del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de mediante oficio N° 1132 dirigido al Coordinador Judicial de este circuito judicial, se remitió el expediente JMS1-2958-24 constante de 27 folios útiles, referente a un Divorcio 185-A Contencioso, a los fines de que sea remitido al Tribunal de Juicio de este circuito Judicial.

En fecha 26 de Noviembre del 2024, se libro oficio N- CJ-0286-2024, proveniente de la Coordinación Judicial del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Apure dirigido a la Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del estado Apure.
En fecha 03 de Diciembre del 2024, mediante auto se fijo oportunidad para que tenga lugar la Audiencia de Articulación Probatoria para el día 16 de Diciembre del 2024 a las 10:30am.

DE LA AUDIENCIA DE ARTICULACION PROBATORIA:
Siendo el día Dieciséis (16) de Diciembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), oportunidad señalada para la Celebración de la Audiencia de Articulación Probatoria, tal como fue fijada por auto de fecha 03/12/2024, se verificó la presencia personal de las partes, estando presente el ciudadano MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-25.507.882, parte demandante de la presente causa debidamente asistido por el Abg. CARLOS ALBERTO CARREÑO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.216.660, igualmente se dejó constancia que la parte demandada ciudadana DEICY LILIANA CASTILLO CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-27.416.961, no compareció ni por si, ni mediante apoderado alguno.
Se celebró la referida Audiencia de Articulación Probatoria, en la cual se admitieron, evacuaron e incorporaron todas las pruebas presentadas por la parte demandante, compareciendo los testigos promovidos por la parte demandante ciudadanos SOBELLA JOSEFINA SALAZAR DE ORTIZ, ANGEL LUCIANO ORTIZ RANGEL y REBECA MARCELINA OROPEZA CABRERA, venezolanos, titulares de las cedulas de identidad Nros.V-13.805.823,V-14.219.984 y V-16.511.501, quienes declararon a tenor del interrogatorio respectivo en la presente causa.-
DEL DERECHO ALEGADO:
La parte demandante de la Articulación Probatoria a través de su Abogado asistente, expuso en forma sencilla, oral y breve las razones de fondo de la pretensión contenidas, ratifican en todas y cada unas de sus partes, así como la pretensión para que este tribunal declare disuelto el vinculo matrimonial”.
ANÁLISIS PROBATORIO:
PRUEBAS DOCUMENTALES DE LA PARTE DEMANDANTE:
1. Original del Acta de Matrimonio, de las partes, inserta al folio 03 de los autos.
2. Copia del Acta de Nacimiento de la Niña (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), inserta en el folio Nro. 04 de los autos.
3. Fotostáticas de las cedulas de identidad de MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR, inserta en el folio Nro. 05 de los autos
Documentos éstos que valora este Juzgador como plena Prueba y da por comprobada la existencia del vínculo matrimonial y el establecimiento de la filiación materno-filial entre el demandante (en la articulación probatoria) y los hijos de su cónyuge, pruebas éstas que valora este Sentenciador de acuerdo al criterio de libre convicción y me da fe de que existe tanto el vínculo matrimonial entre los cónyuges objeto de este juicio como la filiación de sus hijos habidos entre ellos. Y así se decide.-
PRUEBAS TESTIMONIALES DE LA PARTE ACTORA:
Se determina en autos que la parte demandante promovió como testigo en la Audiencia de Articulación Probatoria, a los ciudadanos SOBELLA JOSEFINA SALAZAR DE ORTIZ, ANGEL LUCIANO ORTIZ RANGEL Y REBECA MARCELINA OROPEZA CABRERA. , venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-13.805.823, V- 14.219.984 y V-16.511.501, quienes declararon sobre las preguntas formuladas a tenor del interrogatorio respectivo formulado por la parte accionante en la presente causa, testigos estos que este Tribunal les otorga pleno valor probatorio, por cuanto en las preguntas realizadas identificadas con los numerales, 3 y 4, los mismos manifestaron que tienen conocimiento que los cónyuges están casados y les consta que están separados de hecho desde hace mas de cinco (05) años, por lo tanto se observa que la presente solicitud cumple con las exigencia pautadas en el artículo 185-A del Código Civil, es por lo que este Juzgador considera que los mencionados testigos conocen los hechos narrados en el Libelo, por lo que se valoran sus declaraciones por cuanto se constituyen en prueba legal, pertinente e idónea y el hecho de no haberse contradicho en sus declaraciones en la Audiencia, por lo que son valorados sus testimonios, conforme a los criterios de la libre convicción razonada, obtenida mediante aplicación de las reglas de la sana critica, máximas de experiencia y a los conocimientos científicos, de conformidad con lo establecido en el artículo 480 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 508 del Código de Procedimiento Civil.- Y así se decide.-

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:
La parte demandada ciudadana DEICY LILIANA CASTILLO CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-27.416.961, no contestó ni promovió ningún tipo de prueba documental, ni testimonial a su favor, tal como se evidencia en el auto expreso dictado en fecha 05/11/2024, el cual riela en los folios 24,25 y 26 de los autos de la presente causa.- Así se hace constar.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
Debemos partir primeramente que el matrimonio es la base fundamental de la familia, ya que un hombre y una mujer se asocian generando así obligaciones recíprocas entre ambos, siendo su objeto esencial la creación de una familia. A su vez, la familia es la base fundamental de la sociedad, razón por la cual el Estado debe proteger al matrimonio y a la familia como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, conforme a lo establecido en los artículos 75 y 77 de nuestra Carta Magna.
El presente caso se trata de la solicitud de Divorcio Contencioso, presentado por el ciudadano MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR, suficientemente identificado en autos, debidamente asistido de Abogado, alegando que la ruptura prolongada de la comunidad conyugal entre su persona y la ciudadana DEICY LILIANA CASTILLO CASTILLO, lleva más de cinco (05) años, requisito tal exigido en el Artículo 185-A del Código Civil Venezolano. Ahora bien, una vez presentada la solicitud, éste Juzgado, procedió a admitir la misma, por cuanto no es contraria al orden público, a la moral pública o a alguna disposición expresa en el ordenamiento jurídico venezolano, fijando la Audiencia Única de Jurisdicción Voluntaria, a la cual compareció solamente el ciudadano MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR, quien solicitó al Tribunal se apertura la Articulación Probatoria correspondiente, dejándose constancia que la ciudadana DEICY LILIANA CASTILLO CASTILLO, no compareció a dicha audiencia, acordándose aperturar la referida Articulación probatoria por medio de auto expreso a fin de determinar la veracidad de los hechos narrados por la demandante y que podían ser negados por su cónyuge promoviendo dentro del Lapso de Ley, las pruebas tanto documentales, como testimoniales que considerara pertinente y a su favor, constando en autos que la parte actora Promovió y Ratificó las pruebas insertas en autos, y la contraparte no contestó, ni promovió ningún tipo de prueba documental, ni testimonial alguna a su favor.
MOTIVACIONES PARA DECIDIR:
Ahora bien, llevado a cabo el estudio minucioso e individual de las actas procesales que conforman el presente expediente, el Tribunal pasa a decidir y, en tal sentido, se fundamenta en lo siguiente:
El cónyuge demandante alegó como fundamento legal el Artículo 185-A del Código Civil Venezolano, el establece:
Cuando los Cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Al analizar los hechos referentes a dicha causal, observa este Sentenciador que ciertamente los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, tal cuál como fue probado por el ciudadano MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR, mediante los testimoniales quienes declararon sobre las preguntas formuladas a tenor del interrogatorio respectivo formulado por la parte accionante en la presente causa, y los mismos manifestaron que tienen conocimiento que los cónyuges están casados y les consta que están separados de hecho desde hace mas de cinco (05) años, por lo tanto se observa que la presente solicitud cumple con las exigencia pautadas en el artículo 185 -A del Código Civil.
Con relación al particular de los hechos alegados, este Juzgador acoge el criterio de la nueva doctrina emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nro. 446, de fecha 15-05-2014, la cual riela en el expediente Nro. 14-0094, con ponencia del Magistrado Dr. ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES, caso Víctor José de Jesús Vargas Irausquín Vs. Carmen Leonor Santaella de Vargas, en la cual desarrolla el nuevo criterio acogido por esta Juzgadora la cual cito un extracto a continuación:
“(….) El matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento–la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem). En efecto, esta última norma del mencionado Código prevé que el domicilio conyugal “será el lugar donde el marido y la mujer tengan establecido, de mutuo acuerdo, su residencia” (….)
(…) Por tanto, conforme a las citadas normas, a juicio de esta Sala, si el libre consentimiento de los contrayentes es necesario para celebrar el matrimonio, es este consentimiento el que priva durante su existencia y, por lo tanto, su expresión destinada a la ruptura del vínculo matrimonial, conduce al divorcio. Así, debe ser interpretada en el sentido que –manifestada formalmente ante los tribunales en base a hechos que constituyen una reiterada y seria manifestación en el tiempo de disolver la unión matrimonial, como es la separación de hecho, contemplada como causal de divorcio en el artículo 185-A del Código Civil–, ante los hechos alegados, el juez que conoce de la solicitud, debe otorgar oportunidad para probarlos, ya que un cambio del consentimiento para que se mantenga el matrimonio, expresado libremente mediante hechos, debe tener como efecto la disolución del vínculo, si éste se pide mediante un procedimiento de divorcio. Resulta contrario al libre desenvolvimiento de la personalidad individual (artículo 20 constitucional), así como para el desarrollo integral de las personas (artículo 75 eiusdem), mantener un matrimonio desavenido, con las secuelas que ello deja tanto a los cónyuges como a las familias, lo que es contrario a la protección de la familia que debe el Estado (artículo 75 ibidem). (….)
(….) Por otra parte, el artículo 137 del Código Civil, que refiere la obligación de los cónyuges de cohabitar, establece:
“Artículo 137.- Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente”, en ese orden, destaca también el aspecto de la citación, dado que el curso normal del proceso implica el emplazamiento del cónyuge que no da lugar a la misma, ello con la finalidad de que, frente a la pretensión del cónyuge solicitante, aquél dé lugar a la exposición de las razones fundadas (de hecho o de derecho) que habiliten o no a la declaratoria del divorcio; donde como bien es sabido, puede existir el rechazo del cónyuge contra el cual va dirigida la misma. (….)
(….) Lo anterior descansa sobre un pilar fundamental, que es la comprobación de la ruptura fáctica del deber de vida en común de los cónyuges por un lapso mayor a cinco (5) años, aspecto que corresponde ser dilucidado de forma sumaria a través del cauce procedimental contenido en el mismo y en la forma que mejor convenga a los intereses del proceso, asegurando la consecución de la justicia material. Ello es lo que permite así calificar el carácter potencialmente contencioso del proceso estatuido en el artículo 185-A del Código Civil, a través del cual se declara el divorcio cuando es solicitado por uno de los cónyuges aduciendo la ruptura fáctica del deber de vida en común por un lapso mayor a cinco (5) años; pues como ya se ha dicho, puede surgir la situación según la cual, el cónyuge que no propuso la solicitud, en ejercicio del derecho de acción (desde el punto de vista pasivo, por haber sido citado y llamado a contestar la solicitud contra él dirigida), puede perfectamente oponer, negar y contradecir los hechos sostenidos por el solicitante” (….)
(….) el tema de fondo versa sobre la interpretación constitucional del artículo 185-A del Código Civil y la ponderación de derechos y garantías constitucionales, como los contenidos en los artículos 75 y 77 constitucionales, los relacionados con las libertades del ser humano y el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, cuya importancia –vale resaltar– no se limita al orden público vinculado con la protección de la familia y el matrimonio; sino también comprende los derechos al debido proceso y a la defensa en procedimientos donde el control probatorio de los hechos deviene en fundamental y en los cuales las conductas procesales individuales no pueden condicionar el desarrollo y final resolución del iter procesal, esto es, en el que una de las partes pueda unilateralmente poner fin a un proceso instado por la otra. (….)
(….) Por lo tanto, debe entonces analizarse los elementos que convergen en el proceso de divorcio regulado en el artículo 185-A del Código Civil, todo lo cual conducirá a dilucidar su carácter y naturaleza jurídica, cuestión que finalmente permitirá a esta Sala determinar si resulta correcto que el juez de primera instancia habilite la apertura de una articulación probatoria, como consecuencia de la interpretación comentada. (….)
(………). De la precitada norma se desprende que cualquiera de los cónyuges podrá solicitar el divorcio alegando ruptura prolongada de la vida en común, siempre y cuando ‘…hayan permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años…’. Sobre este particular, también la Sala de Casación Social del Alto Tribunal del País, puntualiza y hace énfasis sobre el Divorcio-Solución; tal como consta en fallo de fecha 26 de Julio del año 2.001, con ponencia del Magistrado emérito Dr. JUAN RAFAEL PERDOMO, caso Víctor José Hernández Oliveros Vs. Irma Yolanda Caliman Ramos, en la cual declaró que:
“El antiguo divorcio-sanción, que tiene sus orígenes en el Código Napoleón ha dado paso en la interpretación, a la concepción del divorcio como solución, que no necesariamente es el resultado de la culpa del cónyuge demandado, sino que constituye un remedio que da el Estado a una situación que de mantenerse, resulta perjudicial para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general.
Esto se evidencia de la inclusión, como causal de divorcio, de la interdicción por causa perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común, pues en tal situación no puede pensarse en culpa, sino en una aflicción que necesita ser resuelta; e igualmente incide en la interpretación de las otras causas de divorcio establecidas por la ley.
La existencia de previas o contemporáneas injurias en las cuales pueda haber incurrido el cónyuge demandante, darían derecho a la demandada a reconvenir en la pretensión de divorcio, pero de manera alguna pueden desvirtuar la calificación de injuriosa dada por el Juez a las expresiones y actos de la demandada; por el contrario, hacen más evidente la necesidad de declarar la disolución del vínculo conyugal…
… Por el contrario, cumpliendo con el deber de hacer justicia efectiva, el Estado debe disolver el vínculo conyugal cuando demostrada la existencia de una causal de divorcio, se haga evidente la ruptura del lazo matrimonial.
No debe ser el matrimonio un vínculo que ate a los ciudadanos en represalia por su conducta, sino por el común afecto; por tanto, las razones que haya podido tener un cónyuge para proferir injurias contra el otro, sólo demuestran lo hondo de la ruptura y la imposibilidad de una futura vida común. En estas circunstancias, en protección de los hijos y de ambos cónyuges, la única solución posible es el divorcio”.
Además de ello, en cuanto a la discusión sobre la naturaleza contenciosa o no de este procedimiento, ha sido amplia dentro de la doctrina venezolana, a modo de ejemplo, podemos señalar que el autor JUAN JOSÉ BOCARANDA en su obra “GUÍA INFORMÁTICA DE DERECHO DE FAMILIA”, opina que:
“El procedimiento establecido en el artículo 185-A, es en principio de jurisdicción voluntaria, pero no puede negarse que, en los hechos, puede devenir en algo litigioso, cuando uno de los cónyuges introduce algún elemento contencioso, como lo es el alegato de reconciliación, alegato litigioso que no debe dejarse en el aire, sin solución, por cuanto habría denegación de justicia. Además, la propia Corte Suprema de Justicia ha admitido el carácter dialéctico del procedimiento’ (negrita y subrayado de este Tribunal).
Al respecto, puede este Juzgador concluir, que la solicitud que se pretende ha sido concebida bajo un marco legal establecido en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, sin embargo, es evidente y necesario resaltar que fruto de la relación habida entre los cónyuges solicitantes, se procreó un (01) hijo de nombres ANGELICA DESIREE ORTIZ CASTILLO, tal como se desprende de los documentos de identidad y las Actas de Nacimiento, inserta en el folio N° 04 del presente expediente, y que no es menos cierto de que ellos tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen, pero a juicio de éste Sentenciador como conductor del proceso, considera que sería infructuoso mantener una comunidad conyugal donde existan desavenencias entre los cónyuges, donde los afectados directos serían los Niños, Niñas y Adolescentes que conviven bajo la Responsabilidad de Crianza de tales progenitores, generándose entre otras cosas en tal hogar, una violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio en los Niños, Niñas y Adolescentes, estipulado en el artículo 358 de nuestra Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, y así se Decide.-
DECISIÓN
Por todos los razonamientos de Hechos y de Derechos anteriormente explanados, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Divorcio “Contencioso”, intentada por el ciudadano MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-25.507.882, debidamente asistida por el Abg. CARLOS ALBERTO CARREÑO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.216.660, en contra de la ciudadana DEICY LILIANA CASTILLO CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-27.416.961, fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil Venezolano, y acogiendo el criterio emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la Sentencia Nro. 446, de fecha 15-05-2.014, la cual riela en el expediente Nro. 14-0094, con ponencia del Magistrado Dr. ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES, caso Víctor José de Jesús Vargas Irausquín Vs. Carmen Leonor Santaella de Vargas.- Se declara disuelto el vínculo matrimonial que los unía, contraído el día treinta 14 de Junio del 2016, por ante El Registro Civil del Municipio Esteros de Camaguan, Parroquia Camaguan, Estado Guárico, según Acta número Cuarenta y Ocho (48).
SEGUNDO: Las Instituciones Familiares se establecen de la siguiente manera: El Padre ciudadano MIGUEL ANGEL ORTIZ SALAZAR, se obliga a cumplir la Obligación de Manutención a favor de la niña (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la cantidad de TREINTA DOLARES AMERICANOS (30$) mensuales, además un aporte extra de Bono Vacacional en el mes de Julio de SESENTA DOLARES AMERICANOS (60$), en cuanto a los gastos de uniformes, útiles escolares le dará a su hija y le comprara un uniforme y la mitad de los útiles y los demás lo compraría la madre. En cuanto a Diciembre, gastos de medicina y urgencia médica que pueda necesitar su hija será un 50% para ambos padres, montos estos que serán transferidos directamente a la cuenta de la madre, asimismo en cuanto a lo referente por gastos médicos serán en razón de 50% para cada unos de los padres. La Custodia la seguirá ejercida por la madre. Patria Potestad la ejercerán ambos padres, la Responsabilidad de Crianza será compartida, el Régimen de Convivencia Familiar será ejercido por el padre de manera amplia”.- Y ASÍ SE DECIDE.- Cúmplase.
Liquídese la comunidad conyugal.
Publíquese y Regístrese la presente Decisión, déjese copia de la misma.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en la ciudad de San Fernando de Apure, a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre del Año Dos Mil Veinticuatro (2024). Año 214° de la Independencia y 165° de la Federación.-
El Juez Temporal
Abg. JOSE ANTONIO FIGUEREDO ACOSTA

La Secretaria Temporal,
Abg. STEFANY MUÑOZ

Seguidamente se le dio cumplimiento a lo ordenado.-

La Secretaria Temporal,
Abg. STEFANY MUÑOZ

Exp. JMS1-2958-24
JAFA/SM/SG