TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO
CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE
SEDE EN SAN FERNANDO DE APURE

San Fernando de Apure, Cinco (05) de Marzo de 2024
214º, 165º y 21°

Exp. Nº JJ-1384-2876-23.-

SENTENCIA DEFINITIVA DE COLOCACION FAMILIAR

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

PARTE SOLICITANTE: ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº. V- 5.359.614, domiciliada en el Barrio La Morenera, Sector I, Casa N° s/n, Municipio San Fernando del Estado Apure.

ABOGADO DEFENSOR: Abg. KAIRUZAN PINTO GARCIA, inscrito bajo el Inpreabogado Nro. 255.906. Defensora Pública Tercera.

PARTES DEMANDADAS: RUHT MAGALIS DIAZ CHAVEZ y GERSY ALEXANDER BLANCO, titulares de las cédulas de identidad Nro. V-20.231.592 y 17.394.705, respectivamente en ese orden.

BENEFICIARIO: ADOLES: (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).

MOTIVO: DEMANDA DE COLOCACION FAMILIAR.

SINTESIS DE LA CONTROVERSIA:

El presente asunto se recibió en fecha 05 de Octubre del año 2023, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de este Circuito Judicial, quedando en su distribución en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial del Estado Apure, presentado por el ciudadano: ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº. V- 5.359.614, domiciliada en el Barrio La Morenera, Sector I, Casa N° s/n, Municipio San Fernando del Estado Apure; actuando en defensa de los derechos e intereses del ADOLES: (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), debidamente asistido por la Abg. KAIRUZAN PINTO GARCIA, inscrito bajo el Inpreabogado Nro. 255.906. Defensora Pública Tercera, constante de tres (03) folios útiles, mas sus recaudos anexos, en contra de los ciudadanos RUHT MAGALIS DIAZ CHAVEZ y GERSY ALEXANDER BLANCO, titulares de las cédulas de identidad Nro. V-20.231.592 y 17.394.705, respectivamente en ese orden. Actualmente la ciudadana RUHT MAGALIS DIAZ CHAVEZ se encuentra domiciliada en la siguiente dirección: Municipio San Luis de Palengue, Casamare, Colombia. En cuanto al ciudadano GERSY ALEXANDER BLANCO, se encuentra domiciliado en la siguiente dirección: Barrio Calderón, Calle Pilomena, Provincia del Oro, Ecuador. La presente demanda fue admitida en fecha 06 de Octubre del año 2023.

DEL LIBELO DE DEMANDA:

Alega la parte accionante que:

“..Es el caso ciudadano Juez, que desde hace once años y en la actualidad mantengo bajo mis cuidados y atenciones al adolescente (mi nieto) (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), porque sus padres se encuentra residenciados fuera del país, la madre de él, la ciudadana: RUHT MAGALIS DIAZ CHAVEZ, (mi hija) titular de la cedula de identidad N° V-20.231.592, actualmente se encuentra residenciada fuera del país, específicamente en Colombia y el padre, el ciudadano GERSY ALEXANDER BLANCO, titular de la cedula de identidad N° V-17.394.705, también se encuentra residenciado fuera del país, específicamente en Ecuador, cuestión que determino que mi persona quedara con la responsabilidad de crianza de mi nieto antes mencionado y situación que fue propicia a mi persona por ser su abuela materna. Cabe señalar que el adolescente David Alexander Blanco Díaz, ha permanecido bajo mi responsabilidad que desde que tenía 2 años ya sus padres tenían una vida inestable y desordenada que no le brindaba estabilidad económica, psicológica ni emocional a mi nieto, por lo que decidí asumir su crianza para protegerlo de la vida desequilibrada de sus padres, quienes ya tienen más de 6 años que no residen en el país, en consecuencia mi nieto quedo enteramente bajo mi responsabilidad. En virtud de que por cuanto no soy la madre biológica de él, se me hace difícil representarle legalmente en todos los asuntos civiles que le conciernen, tomando en cuenta que le corresponden realizar el trámite por sus documentos de identidad y realizar la inscripción en la institución educativa para que pueda continuar sus estudios, se me hace necesario ejercer efectivamente la responsabilidad de crianza de el cómo efectivamente lo hago, no obstante de contar con el apoyo de los padres.”

Del Tribunal…
AUDIENCIAS DE MEDIACION, SUSTANCIACION Y JUICIO

Vista la demanda presentada en fecha 05 de Octubre del año 2023, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) de este Circuito Judicial, quedando en su distribución en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de este Circuito Judicial del Estado Apure, pronunciarse sobre la Admisión de la demanda de COLOCACION FAMILIAR incoada por la ciudadana: ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº. V- 5.359.614, debidamente asistido en este acto por la Abogada, KAIRUZAN PINTO GARCIA, inscrito bajo el Inpreabogado Nro. 255.906. Defensora Pública Tercera, constante de tres (03) folio útiles, más sus recaudos anexos; en contra de los ciudadanos: RUHT MAGALIS DIAZ CHAVEZ y GERSY ALEXANDER BLANCO, titulares de las cédulas de identidad Nro. V-20.231.592 y 17.394.705, respectivamente en ese orden, a favor del ADOLES: (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). Se le dio entrada y se le anotó en los libros respectivos, y por cuanto la demanda no era contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, de conformidad con lo establecido en el Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, llenos los extremos exigidos en el Artículo 457 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en adelante LOPNNA, este Tribunal dictó auto en fecha 08-08-2023, mediante el cual se ADMITIÓ en cuanto a lugar en derecho por el Procedimiento Ordinario; en consecuencia, se notificó de la admisión ocurrida a la parte demandada y se ordenó en la cual se acordó en primer lugar, notificar las partes demandadas, ciudadanos RUHT MAGALIS DIAZ CHAVEZ y GERSY ALEXANDER BLANCO, mediante medios electrónicos practicado por el Alguacil. Asimismo Notificar la Fiscal Sexta del Ministerio Publico de conformidad con el 463 y 170 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente. En ese orden, se ordeno Oficiar al Equipo Multidisciplinario para que practique Informe Integral incluyendo al Adolescente que nos ocupa, y con respecto a las medidas el tribunal se pronunciara una vez conste en auto el Informe Integral ordenado realizar. Así se hace constar.

En fecha 29-11-2023, consigno el alguacil de este Circuito GIOVANNY CORTEZ, (06) folios útiles resultas de las Boletas de notificaciones electrónicas practicadas a los ciudadanos RUHT MAGALIS DIAZ CHAVEZ y GERSY ALEXANDER BLANCO, cuya labor fue realizada de manera efectiva. Inserta en el folio Nro. 14 al 20 de las actas.

En fecha 29-11-2023, consigno el alguacil de este Circuito GIOVANNI CORTEZ, (02) folios útiles de la boleta de notificación practicada de manera efectiva a la Fiscal VI del Ministerio Publico, inserta en los folios Nro. 21 al 22.-

En fecha 30-11-2023, dejo constancia la Secretaria Adscrita al Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Abg. STEFANY YESKARIC MUÑOZ PEÑA, haberse notificado la última de las parte en la presente causa, inserta en los folios Nro. 23.-

En fecha 01-12-2023, mediante Auto se fijó Audiencia Preliminar de Sustanciación para el día 15-01-2024, a las 10:00 a.m. dejando constancia que las partes, tienen a partir de la presente fecha los primeros diez (10) días hábiles son para que la parte actora promueva pruebas y la parte demandada conteste la demanda y promueva pruebas que considere pertinente, de conformidad con lo establecido en los artículos 474 y 476 eiusdem. Inserta en los folios Nro. 24.-

En fecha 05-12-2023, La representación del Ministerio Público, Abg. MADELYN ISABEL RAMOS MOTA, en su carácter de Fiscal VI, como parte de buena fe en el presente asunto, mediante diligencia, emite opinión favorable, inserta en los folios Nro. 25.-

En fecha 14-12-2023, se recibió oficio No. 55-23 emanado del Equipo Multidisciplinario de este Circuito Judicial, consignando Informe Integral correspondiente al ADOLES: (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), inserta en los folios Nro. 26 al 33.-

En fecha 15-01-2024, tuvo lugar la celebración de la Audiencia de Sustanciación con la comparecencia de la parte demandante, ciudadana: ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ. Se sustanciaron las pruebas promovidas por la parte demandante, siendo Admitidas por no ser contrarias a las buenas costumbres y al orden público, en consecuencia, se ordena su materialización, de conformidad con lo establecido en el artículo 476 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con los artículos 507 y 509 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente, así mismo se ordena la remisión de la presente causa al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de ésta Circunscripción Judicial. Inserta en el folio Nro. 35 al 37 de las actas.

En fecha 22-01-2024, se le dio entrada al presente expediente y se fijó Audiencia Oral de Juicio para el día 27-02-2024 a las 09:30 Am, celebrándose la misma con la presencia de la parte demandante, ciudadana: ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ, debidamente asistida por la Abg. KAIRUZAN PINTO GARCIA, Defensora Publica Tercera, inscrita bajo el Inpreabogado Nro. 255.906, asimismo se dejo constancia que compareció la Fiscal VI del Ministerio Público. Inserta en el folio Nro. 41 al 44 de los autos.

Estando dentro de la oportunidad para reproducir el fallo en extenso, este tribunal lo hace conforme a las consideraciones siguientes:

ANALISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS

Esta sentenciadora observa, que tal como lo establece el principio general, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho y el juez no decide entre la simples y contrapuestas afirmaciones de las partes, sino conforme a los hechos acreditados en el juicio, y es por ello que los jueces deben analizar y juzgar todas y cada una de las pruebas que se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio respecto de ellas, de conformidad con los artículos 506 y 509 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien conforme a este deber, quien suscribe procede a analizar las pruebas presentadas e incorporada por las partes en el libelo de la demanda de la siguiente manera.

PRUEBAS DOCUMENTALES DE LA PARTE DEMANDANTE

1.- Copia del Acta de Nacimiento del Adolescente (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes).- Quien decide les concede valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el artículo 77 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 429 del Código de Procedimiento Civil, la misma está suscrita por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y de ella se evidencia la filiación entre las partes demandadas de autos y el Adolescente que nos ocupa. Así se decide.

2.- Copia Simple de la Cedula de Identidad de la parte demandante, ciudadana: ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ. Insertada en el folio N° 06 de la presente causa.- Quien decide les concede valor probatorio por cuanto la misma está suscrita por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y de ella se evidencia la filiación entre la demandante de autos y el Adolescente que nos ocupa. Así se decide.
3.- Constancia de Inscripción en el Programa de Colocación Familiar en Familia sustituta, inserta en el folio Nro. 07.- Documento administrativo, no impugnado en juicio al cual se le da pleno valor probatorio, por cuanto en la oportunidad correspondiente, la solicitante de autos fue capacitada por éste órgano administrativo de conformidad con lo establecido en los artículos 401 y 401-A de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes Así se declara.

PRUEBAS TESTIMONIALES DE LAS PARTES DEMANDANTES

Se deja constancia que en la presente Audiencia Oral de Juicio, no se evacuaron los testigos antes mencionados, en virtud de que no comparecieron a la referida Audiencia.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA

La parte demandada no contestó ni promovió prueba alguna a su favor, tampoco compareció a la presente audiencia ni por sí, ni mediante apoderado judicial alguno.

PRUEBAS SOLICITADAS POR EL TRIBUNAL:

1.- Informe Integral emanado por el Equipo Multidisciplinario de este Circuito Judicial, inserta en los folios Nro. 27 al 33 del presente expediente. Esta Juzgadora le concede valor, el mismo constituye una prueba pericial de vital importancia en la toma de decisiones del Juez en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por cuanto refleja la dinámica familiar en su conjunto es una de las llamadas “experticias calificada”, por cuanto proviene de un órgano del propio Tribunal y del sistema de Justicia, por tal motivo y por tratarse de informe emanado de un órgano auxiliar de Justicia, esta juzgadora lo aprecia en todas y cada una de sus partes, conforme al artículo 481 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así se decide.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

De la revisión de las actas observa este Tribunal, que el punto controvertido es determinar la procedencia o no de la solicitud Colocación Familiar hecha por la ciudadana: ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ, actuando en defensa de los derechos e intereses del Adolescente (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), en razón de lo narrado, el solicitante indica que en la actualidad mantiene bajo su responsabilidad, el Adolescente antes mencionada.

Al respecto señala este Tribunal, el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresamente dispone:
“Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la ley, la Convención sobre Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, la familia y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral de las niñas, niños y adolescentes.”
Con esta consagración, acogida por el constituyente, asume la Doctrina de la Protección Integral, que había sido consagrada legalmente a través de la Convención de los Derechos del Niño y con la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, lo que genera un cambio de paradigma, no solo a nivel legal sino constitucional, entre los postulados la doctrina, reconoce que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, personas naturales a los cuales la ley, les considera su condición de sujeto en desarrollo con una capacidad progresiva y una protección especial.
De igual forma establece La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 75 único aparte establece:
“Los niños, niñas y adolescentes tiene derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley.”
De las normas y criterios transcritos se infiere, sin lugar a dudas, que los niños, niñas y adolescentes dejaron de ser objeto de tutela jurídica para ser reconocidos como sujetos de derechos, involucrando ello el ser titulares de todos los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico, sin discriminación alguna, adicionalmente se les han reconocidos otros derechos específicamente por su especial condición de personas en desarrollo.
Así pues, al reconocer en el Texto Fundamental a las familias como asociación natural de la sociedad, las dota de contenido propio, definiéndolas como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y previendo una serie de disposiciones, derechos y garantías, dirigidas a materializar efectivamente la existencia de ese espacio fundamental, por eso la Carta Magna fija, incluso, la regla general que debe regir las relaciones entre los integrantes del grupo familiar, norte de las actuaciones del Estado;
“Reconociendo el derecho de niños, niñas y adolescentes a ser criados, formados, educados y desarrollarse en el seno de su familia de origen”.
Esto último debe ser el norte de la actuación judicial, de suerte que aquellos solo pueden ser separados de esa asociación natural, en los supuestos excepcionales previstos en el ordenamiento jurídico.
En este sentido la ley ha establecido varios mecanismos de protección, que permiten la restitución del ejercicio de sus derechos cuando se encuentren amenazados o violados sus derechos, de manera personal colectiva y difusa.
La Responsabilidad de Crianza debe ser entendida de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 358 de esta Ley;
“La Responsabilidad de Crianza comprende el deber y derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, de violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescente”.

La misma comprende la custodia, la asistencia material, la vigilancia y la orientación moral y educativa del Adolescente in comento, así como la facultad de ponerle correcciones adecuadas que no vulneren su dignidad, derechos, garantía o desarrollo integral y para su ejercicio, se requiere el contacto directo con el Adolescente y por lo tanto, facultad para decidir acerca del lugar de residencia o habitación de esta, por lo tanto la jueza debe confiar la Responsabilidad de Crianza (custodia) a aquella persona que reúna las mejores condiciones morales, afectivas y materiales que le permita a los niños, niñas y adolescentes sentir el aporte material y el soporte afectivo, por parte de quien la solicita.

En este caso concreto, del análisis del informe Integral emanado del Equipo Multidisciplinario de este Circuito Judicial, se constata que el Adolescente (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), está actualmente bajo los cuidados y atenciones de la ciudadana: ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ, quien hoy día está solicitando la presente Colocación Familiar ya que la solicitante se encuentra interesada y preocupada por el bienestar integral del Adolescente que nos ocupa, de igual manera que sus padres biológicos ciudadanos RUHT MAGALIS DIAZ CHAVEZ y GERSY ALEXANDER BLANCO, manifestaron estar de acuerdo con la Colocación Familiar solicitada, por el bienestar integral del Adolescente In Comento, ya que los mismo desde la procreación del Niño, la abuela materna se ha hecho responsable del cuidado y atenciones del Adolescente, en virtud también de que los padres biológicos antes mencionados no contaban con una posición económica estable para velar por el sano desarrollo del Adolescente, es por ello que en la actualidad se constató que la ciudadana ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ, quien es abuela materna del Adolescente que nos ocupa, mantiene bajo sus cuidados y atenciones, asimismo también se valora que la ciudadana solicitante desde las perspectiva psicológica en la evaluación no se aprecio signo de organicidad, por lo que se presume no haber alteraciones que la limite a su desempeño general y/o ejercicio de roles como cuidadora observándose la disposición de la demandante para asumir la responsabilidad de los cuidados de la Niña que nos ocupa. Igualmente es de resaltar que los ciudadanos RUHT MAGALIS DIAZ CHAVEZ y GERSY ALEXANDER BLANCO, padres biológicos del Adolescente que nos ocupa no comparecieron a la audiencia de juicio en virtud de que los mismo se encuentra fuera del Territorio de la República Bolivariana de Venezuela, así como consta en el presente expediente. Así se hace constar.

Ahora bien, el Adolescente (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), tiene derecho de vivir y desarrollarse en su familia de origen, entendiéndose por esta la conformada por el padre, la madre, ascendiente, descendiente y colaterales hasta el 4to. grado de consanguinidad, tal como lo contemplan los artículos números 26 y 345 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; en consecuencia esta juzgadora en atención al Principio del Interés Superior del Niño pautado en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que la ciudadana, parte solicitante ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ, está muy atento a todo lo que respecta al bienestar, desarrollo integral y físico del Adolescente y que a su vez se encuentra inscrita en el programa de Colocación Familiar en Familia Sustituta, del IDENNA–APURE, y considerando todos estos hechos, lo que contribuirá a reforzar el vínculo afectivo y favorecerá el desarrollo emocional del Adolescente al poder seguir conviviendo con la ciudadana solicitante, quien le brindará el hogar y el afecto necesario para su desarrollo integral y la mantendrá unida a su entorno familiar, así se Decide.

Por todo lo antes expuesto este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el artículos 394, 395, 396 y 397-C de la ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y del Adolescentes, DECRETA la COLOCACION FAMILIAR de manera TEMPORAL mientras se determine una modalidad de protección permanente del Adolescente (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), en el hogar de residencia de la ciudadana ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ, Venezolana, titular de la cedula de identidad N° V- 5.359.614, respectivamente. Así se Decide.

DISPOSITIVA

Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure con Sede en San Fernando de Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley Declara:
PRIMERO: CON LUGAR la demanda de COLOCACION FAMILIAR EN FAMILIA EXTENDIDA, intentada por la ciudadana: ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº. V- 5.359.614, domiciliada en el Barrio La Morenera, Sector I, Casa N° s/n, Municipio San Fernando del Estado Apure; actuando en defensa de los derechos è intereses del Adolescente (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), quien es abuela materna del Adolescente antes mencionada, contra los ciudadanos RUHT MAGALIS DIAZ CHAVEZ y GERSY ALEXANDER BLANCO, titulares de las cédulas de identidad Nro. V-20.231.592 y 17.394.705, respectivamente en ese orden, DE MANERA TEMPORAL, mientras se determine una modalidad de protección permanente para la Niña que nos ocupa, de conformidad con lo establecido en los artículos 396 y 358 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescente, concatenado con el Articulo 27 de la Convención de los Derechos del Niño. Así se decide. SEGUNDO: Se acuerda el seguimiento a favor del Adolescente (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), en el hogar de la solicitante ciudadana: ADELAIDA MARGARITA CHAVEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº. V- 5.359.614, domiciliada en el Barrio La Morenera, Sector I, Casa N° s/n, Municipio San Fernando del Estado Apure, para verificar la dinámica en ese grupo familiar, de conformidad con lo establecido en el artículo 401-B esjusdem. Así se declara.

Publíquese, regístrese, y déjese copia certificada en el archivo de este Tribunal.-

Dada, Firmada y Sellada en el Despacho del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en San Fernando de Apure, a los Cinco (05) días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinticuatro (2024). Años 214° de la Independencia, 165° de la Federación y 21° de la Revolución

La Jueza Provisoria,

Abg. MERALYS MANZANILLA MOTA

El Secretario,

Abg. ANGEL XAVIER MARTINEZ LEON

En esta misma fecha siendo las 03:30 p.m., se publicó y se registró la anterior
Sentencia.
El Secretario,

Abg. ANGEL XAVIER MARTINEZ LEON

Exp. Nº JJ-1384-2876-23.
MMM/AXML/Luz.-