REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.- San Fernando, 24 de Enero del año 2025 214º y 165º De conformidad con el auto dictado en fecha de hoy el cual cursa en la pieza principal del presente asunto, y siendo la oportunidad procesal para que este Juzgador se pronuncie en relación a la solicitud de Autorización requerida por la ciudadana CARMEN JOSEFINA BARRIOS, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.155.715, debidamente asistida por la Abg. EUDOMARIO MENDEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 312.999 Defensor Público Segundo, a los fines de tramitar la obtención de la Cédula de Identidad del Niño (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por lo tanto se apertura el presente Cuaderno de Incidencia con el encabezamiento del mencionado auto. Ahora bien, en tal sentido y por cuanto las Autorizaciones Judiciales destinadas para la Tramitación de la Cédula de Identidad a favor de Niños, Niñas y Adolescentes, están estrechamente vinculadas con el derecho Constitucional que éstos gozan, al estar protegidos por la Legislación, Órganos y Tribunales Especializados, los cuales deben respetar, garantizar y desarrollar los contenidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República consagrado en el artículo 78 del Texto Fundamental, así como lo relacionado estrictamente relacionado a la prioridad absoluta e interés superior de nuestros infantes y adolescentes recogidos en los artículos 7 y 8 de la Ley Orgánica para la Protección Niños, Niñas y Adolescentes, los cuales son del siguiente tenor: Artículo 78 CRBV: Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa y creará un sistema rector nacional para la protección integral Artículo 7 LOPNNA: Prioridad Absoluta El Estado, la familia y la sociedad deben asegurar, con Prioridad Absoluta, todos los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende: a) Especial preferencia y atención de los niños, niñas y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas públicas. b) Asignación privilegiada y preferente, en el presupuesto, de los recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes y para las políticas y programas de protección integral de niños, niñas y adolescentes. c) Precedencia de los niños, niñas y adolescentes en el acceso y la atención a los servicios públicos. d) Primacía de los niños, niñas y adolescentes en la protección y socorro en cualquier circunstancia. Artículo 8 LOPNNA: Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes El Interés Superior del Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. (………) De manera que de las normas anteriormente descritas se desprende claramente que el Estado Venezolano reconoce a los Niños, Niñas y Adolescentes, como personas en desarrollo y con capacidad progresiva para el ejercicio pleno de sus derechos y garantías, y considerando aún que en materia del “Derecho a Documentos Públicos de Identidad” que tienen los niños, Niñas y/o Adolescente venezolanos, se puede traer a colación lo previsto en el artículo 22 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual establece: Artículo 22 LOPNNA. Derecho a documentos públicos de identidad. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a obtener los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley. El Estado debe asegurar programas o medidas dirigidos a garantizar la determinación de identidad de todos los niños, niñas y adolescentes, incluidos el nombre, la nacionalidad y las relaciones familiares. (Resaltado del Tribunal). En este mismo orden de ideas, la Convención sobre los Derechos del Niño (20 de Noviembre de 1989), ratificada por la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 29 de Agosto de 1990, mediante la Ley Aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, publicada en Gaceta Oficial Nº 34.541, en sus artículos 3 y 8 señalan en síntesis, lo siguiente: Artículo 3: Todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Corresponde al estado asegurar la adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres u otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo. Artículo 8 Preservación de la Identidad: Es obligación del estado proteger y, si es necesario, restablecer la identidad de niño, si éste hubiera sido privado en parte o en todo de la misma (nombre, nacionalidad y vínculos familiares). De las anteriores disposiciones jurídicas ut supra citadas, en su conjunto, se deviene que los derechos y garantías de los Niños, Niñas y/o Adolescentes reconocidos en la Ley, son de eminente orden público, en donde el Estado tiene la obligación ineludible de tomar las medidas concernientes, -incluyendo las Judiciales- que sean necesarias para asegurarles su Protección Integral, siendo determinante el Interés Superior de los mismos; con el propósito de asegurar su desarrollo integro, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías. Por otra parte, se entiende que el Interés Superior del Niño, viene a excluir y no a limitar la libertad individual de instaurar y perseguir fines propios, pues cuando se trata de la protección y cuidado de nuestros Niños y Adolescentes, se persiguen fines que van más allá de los personales. Es así como, el interés individual es sustituido por aquel interés superior del Niño, Niña y/o Adolescente del que se trate. Determinado lo anterior, se evidencia claramente en el caso de auto, que el Niño (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), es venezolano por nacimiento, hijo biológico, de la ciudadana SUNAIDE KAYUCA MONTOYA BARRIOS, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V-14.812.373, identificada en auto, conforme se desprende de la copia certificada del Acta de Nacimiento distinguida con el Nro. 921, expedida por el Registro Civil de la Parroquia El Recreo, Municipio San Fernando, Estado Apure, y por ende le nace el derecho protegido constitucionalmente a obtener los documento de identidad; no obstante, es importante considerar que la ciudadana SUNAIDE KAYUCA MONTOYA BARRIOS, es venezolana, titular de la Cédula de Identidada N° V-14.812.373, se encuentra residenciada en la siguiente dirección: Los Nevados, calle 7, casa S/N Tinaquillo, Estado Cojedes. Ahora bien, en relación a el Niño (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), se encuentran conviviendo con su abuela materna, ciudadana CARMEN JOSEFINA BARRIOS, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.155.715, en la siguiente dirección: Barrio 9 de Diciembre, sector II, calle prolongación Los Cedros, Av. Fuerzas Armadas, Parroquia San Fernando, Estado Apure, es así como dicha ciudadana a la fecha se encuentra tramitando la Colocación Familiar respecto al Niño supra mencionado, lo que conlleva a presumir que la misma está cumpliendo con su deber y responsabilidad de garantizar y tutelar el derecho que tiene su nieto de obtener el documento público de identidad en nuestro país, como lo es la Cédula de Identidad; y peticiona a esta Instancia Jurisdiccional, como Medida Judicial del Estado venezolano para garantizar y tutelar el derecho del Niño, Niña y Adolescente a obtener documentos públicos de identidad, y habida cuenta quién aquí suscribe acatando plenamente los lineamientos impartidos en relación a éste tipo de autorizaciones en asuntos de Colocación Familiar por la Coordinación Nacional de la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Tribunal Supremo de Justicia, y aunado al hecho de considerar lo señalado por la ciudadana CARMEN JOSEFINA BARRIOS, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.155.715, quedando así, sólo que el Estado venezolano en función de la corresponsabilidad delegada mediante el artículo 4 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, emita pronunciamiento judicial sobre lo peticionado en autos, para así garantizar y tutelar el derecho que tiene el mencionado Niño de obtener su respetiva Cédula de Identidad, en consecuencia, por las consideraciones que anteceden, y al adminicular los hechos narrados en autos por la ciudadana CARMEN JOSEFINA BARRIOS, identificada en auto, y al subsumirla con las normas previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Identificación, en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la Carta Magna; resulta suficientemente lógico, fundado en el derecho y en las circunstancias de hecho, para DECRETAR LA MEDIDA correspondiente, y por ende SE AUTORIZA a la ciudadana CARMEN JOSEFINA BARRIOS, venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° V-8.155.715, para que tramite y retire la Cédulas de Identidad del Niño (Se omite de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), con lo cual quedará entendido, que en el ejercicio de la presente Autorización Judicial, la referida ciudadana podrá realizar ante la Oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), todas las diligencias necesarias para tramitar y retira la Cédula de Identidad del referido beneficiario. Cúmplase.- ---------El Juez provisorio, Abg. NICXON JESUS MARTINEZ CASTILLO (fdo) -----------------------La Secretaria, Abg. YEXIS GUEVARA (fdo) ------------------------------- Exp. Nro. JMS2-2902-24. NJMC/YG/Anny.