REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO DEL TRANSITO Y DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRICPION JUDICIAL DEL ESTADO APURE.


DEMANDANTES: SINDICATO ÚNICO DE EMPLEADOS DEL ESTADO APURE.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE:
ABG. FERNANDEZ ISAIAS ALBERTO.
DEMANDADO: ESTADO APURE.
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO: ABG. JESUS DEL VALLE LISS.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
EXPEDIENTE Nº: 13.412.
SENTENCIA: DEFINITIVA.

En fecha 03-10-02 el Dr. FERNANDEZ ISAIAS ALBERTO, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado N° 76.280, a los efectos de hacer el lleno correspondiente a la Ley y para los efectos del proceso señaló como domicilio procesal a la Av. Miranda, Edificio MOR-VEL, oficina N° 05 de esta ciudad de San Fernando del Estado Apure, en su carácter de apoderado judicial del SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL ESTADO APURE (SUEP-APURE), con personalidad jurídica propia, el cual ha sido debidamente inscrito por ante la oficina de la Inspectoría del Trabajo de esta jurisdicción, en el acta N° 191, Folio Frente 69, en fecha 11 de Octubre de 1991, del Libro de Registro que a esos efectos lleva esa Inspectoría; representación que consta en instrumentos poder que anexo a la presente, marcado con la letra “A” , el cual ha sido debidamente autenticado por ante la Notaría Pública del Municipio Autónomo San Fernando del Estado Apure, en fecha 16 de Septiembre del 2002, y anotado bajo el N° 21, Tomo 37 de los libros de autentificación llevados por esa Notaría; poder que le fue otorgado en virtud de las facultadas conferidas en el numeral 17 del artículo 26 de los estatutos que rigen el citado ente gremial (anexo B), cuyo requisito esencial para su validez fue satisfecho, en virtud de formal autorización que el Comité Ejecutivo de ese Sindicato emitió en reunión ordinaria de fecha 10-09-02, tal como consta en acta que anexó marcada con la letra “C”, de conformidad con lo establecido en los artículo 89, numeral 2°, 96,51 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Cláusulas números 10 y 04 de la IV Convención Colectiva de Trabajo años 2.000-2.001 (actualmente vigente); 1.133, 1.159, 1.160 y 1.167 del Código Civil de Venezuela, 508 de la Ley Orgánica del trabajo.
Indicó que vino en tiempo y forma a demandar como efectivamente lo hizo en acción de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO en contra del ESTADO APURE, ente Territorial con personalidad jurídica propia, representado administrativamente en la persona del ciudadano GOBERNADOR DEL ESTADO, GIAN LUIS LIPPA, en virtud de que ese ente administrativo ha dejado de cumplir en forma reiterada con el pago del beneficio y derecho adquirido CUPON O CESTA TIKETTS, establecido en la Cláusula N° 66 de la IV convención Colectiva de Trabajo, vigente a partir de 1° de enero de 2.000, correspondiente a los Empleados públicos del Estado, cuyos sueldos mensuales son hasta el equivalente de tres salario mínimos, la cual anexó marcada con la letra “D” por lo que, en consecuencia, ocurrió y expuso: Que el SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL ESTADO APURE (SUEP-APURE) es una Institución de carácter gremial que tiene como objeto fundamental la defensa y protección de los derechos que la Constitución Nacional, Leyes Nacionales, Constitución del Estado Apure, Leyes Estadales, Convenciones Colectivas establecen, en materia laboral en beneficio de sus afiliados; que dicho ente Sindical está integrado por los trabajadores activos al servicio del Estado Apure, en los siguientes organismos: Gobernación del Estado Apure, Consejo Legislativo, Contraloría General de Policía, Corporación Apureña del Turismo, Fundación para la Atención Integral al Anciano, Instituto de Crédito para la Pequeña y mediana empresa (INCARPEN), Instituto de la Vivienda del Estado Apure (INVAP), Procuraduría General del Estado Apure, Instituto Autónomo de Vialidad, Transporte, Puertos y Aeropuertos del Estado Apure (INVIALPA), Instituto de Crédito Agropecuaria (INCREA) y fundación para el Deporte del Estado Apure (FUNDEAPURE) de acuerdo con las nóminas en las que aparecen señalados UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO (1.348) empleados activos y sindicalizados, anexó identificado con la letra “E”; que una vez electa la actual Directiva y habiendo tomado posesión en sus respectivos cargos con base en el Acta de Totalización, Adjudicación y Proclamación, de fecha 11-10-01, emitida por la Comisión Electoral encargada de regir el proceso de Elecciones Sindicales del año 2.001, correspondiente al período 2.001-2.004, la cual anexó marcada “F”, el ente sindical a quien representa como apoderado judicial, procedió a hacer una revisión o balance del cumplimiento por parte de la Gobernación del Estado Apure, de las cláusulas contempladas en la ya mencionada IV CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO VIGENTE, celebrada válidamente en fecha 28 de Febrero de 2.002 entre su poderdante y la Gobernación del Estado Apure, y en plena vigencia a partir del 1° de Enero del mismo año. Que esa revisión arrojó como resultado, entre otras cosas, que la Gobernación del Estado Apure había honrado a los afiliados del Sindicato que representa, durante todo el año 2.000 hasta el mes de Octubre de 2.001, el pago del CUPON O CESTA TICKET, beneficio laboral y derecho adquirido que originalmente se deriva de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, decretada por el Congreso de la República y publicada en la Gaceta Oficial N° 36.538, de fecha 14 de Septiembre de 1.998 (anexó ”G”); que esta situación ameritó que la Junta Directiva del Sindicato, realizara una serie de gestiones Institucionales, cordiales y amistosas por ante el ciudadano Gobernador del Estado Apure y otros integrantes de su tren ejecutivo, tendientes a buscarle una pronta y efectiva solución a la deuda pendiente por el concepto antes expresado, dichas gestiones constan en comunicaciones enviadas en fecha 30 de Marzo y 02 de Abril del 2.001, las cuales anexaron marcadas con las letras “H” e “I” respectivamente e igualmente anexó documentación marcada con las letras “J”, “K”, “L”, “M”, “Ñ” y “O”.
Expresa que considera que la conducta de la Gobernación del Estado al no hacer la previsión presupuestaria e incumplir con el pago oportuno del beneficio laboral y derecho adquirido CUPON O CESTA TICKET a los empleados públicos del Estado Apure, constituye, una violación flagrante a un beneficio laboral y derecho adquirido, amparado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y contemplado en una Convención Colectiva Vigente; que estos hechos constituyen razón suficiente de derecho, para interponer la presente demanda, en nombre y representación de su poderdante. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el ejercicio del Poder Público debe estar sometido al ordenamiento jurídico vigente en la República y en tal sentido consideró ilegal, perjudicial y dañosa la actuación del demandado, por cuanto existe una violación expresa, flagrante, deliberada e inexcusable de los compromisos contractuales vigente anteriormente citados, los cuales, además de ser beneficios laborales y derechos válidamente adquiridos, tienen rango constitucional.
Fundamentó la presente demanda en los artículos siguientes: De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 6°, 137, 89, y 96; del Código Civil Venezolano, 1.159 1.160, 68, 508, 509, y 527; de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores, 1°; de la IV Convención Colectiva de Trabajo Vigente, cláusula N° 04, 09, y 10; del Programa de Alimentación, cláusula N° 66 publicada en Gaceta Oficial N° 36.538 de fecha 14 de Septiembre de 1.998; Jurisprudencia sobre la materia objeto de esta reclamación, sentencia emanada del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de ésta Circunscripción Judicial, de fecha 20-02-2002, (anexó P).
Que por todas las razones precedentemente expuestas, es por lo que en nombre de su representado, Sindicato Único de Empleados del Estado Apure (SUEP- APURE) interpuso la presente demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, en contra de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE, ente territorial con personalidad jurídica propia, representada administrativamente por el ciudadano GIAN LUIS LIPPA, en virtud de que ese ente administrativo incumplió en una forma expresa y flagrante con el pago oportuno del beneficio laboral y derecho adquirido denominado CUPON O CESTA TICKET, correspondiente a los afiliados de su representado, contemplado en la cláusula N° 66 de la IV Convención Colectiva Vigente a partir del 1° de Enero de 2.000 a objeto de que ese ente administrativo cumpla en forma inmediata o a ello sea condenado por el Tribunal, a lo siguiente: PRIMERO: A que cumpla en forma inmediata y efectiva, con la cancelación del beneficio CUPON o CESTA TICKET que les corresponde en forma legítima a los afiliados del Sindicato Único de Empleados del Estado Apure desde el 1° de Enero de 2.000 hasta la presente fecha, y en forma INDEXADA, de conformidad con los datos sobre variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, por efectos de los procesos inflacionarios, emanados del Banco Central del Venezuela; SEGUNDO: Al pago de los costos y costas de la presente reclamación. Solicitó se ordene la citación del ciudadano Gobernador del Estado Apure, y la notificación del ciudadano Procurador General del Estado e igualmente solicitó al Tribunal acordar con carácter preventivo Medida Innominada, en el sentido de oficiar a la gobernación del Estado Apure, para que proceda en forma inmediata a cancelar a sus representados el beneficio y derecho adquirido CUPON o CESTA TICKET, que les corresponde a partir del presente mes y los que se sigan causando en el transcurso del presente juicio, todo ello tendiente a que cese el perjuicios ocasionado al no cancelarles oportunamente dicho beneficio laboral y derecho adquirido. Estimó la presente acción en la cantidad de TRES MILLARDOS TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA BOLIVARES SIN CÉNTIUMOS (Bs. 3.035.617.780,00) más los Honorarios Profesionales, calculados de conformidad con la Ley.
En fecha 03-10-02 fue admitida la demanda, se libró boleta de notificación al Procurador General del Estado Apure; se decretó Medida Innominada solicitada y se ordenó librar oficio a la Gobernación del Estado Apure, a los fines de que proceda en forma inmediata a cancelar a los empleados miembros del SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL ESTADO APURE (SUEP-APURE) el beneficio y derecho adquirido CUPON O CESTA TICKET, que les corresponde a partir del presente mes, y los que se sigan causando en el transcurso del presente juicio. Se ordenó abrir cuaderno de medidas con inserción del presente auto.
En fecha 07-10-02 el alguacil de este Tribunal dejó constancia que notificó al ciudadano Procurador General del Estado Apure y al Gobernador del Estado Apure. En fecha 16-10-02 la Procuradora General del Estado Apure, Dra. Yasmín Yejan Monteverde, otorgó Poder Especial apud-acta al abogado Jesús del Valle Liss, Inpreabogado N° 1.834. Anexó copia de Gaceta oficial. Endecha 30-10-02 el apoderado de la parte demandada, Dr. Jesús del Valle Liss, promovió pruebas. En la misma fecha fueron agregadas y admitidas, las pruebas promovidas por la parte demandada. En fecha 30-10-02 el apoderado de la parte demandante Dr. Isaías Alberto Fernández, promovió pruebas. En la misma fecha fueron agregadas y admitidas las pruebas promovidas por la parte demandante. En fecha 04-11-02 este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Declaró: Sin Lugar la oposición no interpuesta en tiempo hábil por la parte demandada y tramitada por imperio de lo establecido en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 09-12-02 el apoderado de la parte demandada Dr. Jesús del Valle Liss, en la oportunidad de la contestación de la demanda, consignó escrito constante de ocho (08) folios útiles, oponiendo Cuestiones Previas.
En fecha 19-02-03 el apoderado de la parte demandante Dr. Isaías Fernández, consignó escrito constante de 215 folios útiles, contentivo a la Subsanación de las Cuestiones Previas, opuestas por el apoderado de la parte demandada Dr. Jesús del Valle Liss. Anexó copias certificadas insertas del folio 446 al 527.
En fecha 20-03-03 este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial; Declaró: Suficientemente Subsanadas las Cuestiones Previas, opuestas por la parte demandada en el presente juicio, previstas y contempladas en los artículos 346 ordinal 3° y 6°. Se notificó a las partes, mediante boletas.
En fecha 27-03-02 el alguacil de este Tribunal, dejó constancia que notificó al Procurador General del Estado Apure y al Dr. Isaías Fernández.
En fecha 07-04-03 el apoderado de la parte demandada Dr. Jesús del Valle Liss, consignó escrito constante de nueve (09) folios útiles, contentivo a la Contestación a la demanda.
En fecha 07-05-03 el apoderado de la parte demandante, Dr. Isaías Fernández, promovió pruebas. En fecha 12-05-03 fueron agregadas las pruebas promovidas por la parte demandante. En fecha 20-05-03 fueron admitidas las pruebas promovidas por la parte demandante, en cuanto a la prueba promovida en el capitulo cuarto del escrito, se fijó el quinto día de Despacho siguiente al de esta fecha para que este Tribunal se traslade y constituya en la Dirección de Planificación de la gobernación del Estado Apure, Ejecutivo Regional, de esta ciudad, a los fines de que practique la Inspección Judicial solicitada.
Del folio 558 al 561 corre inserta el Acta de la Inspección Judicial, efectuada en fecha 28-05-03.
En fecha 16-07-03 el Dr. Isaías Fernández, apoderado de la parte demandante, consignó ejemplares del Semanario El Republicado, marcado con la letra “A” y ejemplar de la IV Convención Colectiva del Trabajo de los Empleados del Poder Publico Estadal, periodo 2.002-2.003 marcado con la letra “B”.
En fecha 23-07-03 se hizo cómputo. Vencido el lapso de evacuación de pruebas, se fijó el décimo quinto (15) día de Despacho incluyendo el día 23-07-03 para el acto de Informes. En fecha 20-08-03 el Dr. Isaías Fernández, presentó Informes, constante de 27 folios útiles. Vencido el lapso de Informes, se fijó un lapso de sesenta (60) días continuos incluyendo el día 21-08-03 para dictar sentencia en el presente juicio. Oportunidad fijada para dictar sentencia en el presente juicio, este Tribunal la difirió por un lapso de diez (10) días continuos, contados a partir del día18-10-03.










MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO
Planteada como ha quedado establecida la controversia, y llegada la oportunidad para sentenciar el presente juicio, esta juzgadora procede a analizar el legajo probatorio producido en la presente causa:

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE:
A.- Con el libelo de la demanda:
1.- Original de documento poder autenticado por ante la Notaría Pública de San Fernando de Apure, en fecha 16 de Septiembre de 2002, inscrito bajo el Nº 21, Tomo 37 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; el cual surte plena prueba de conformidad con el artículo 1359 del Código Civil para demostrar la legitimidad con la que actúa el apoderado judicial de la parte demandante en la presente causa.
2.- Original de la Reforma General de los Estatutos del Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Apure (SUEP-APURE), con el cual queda demostrada la facultad que tiene el Comité Ejecutivo del referido Sindicato para autorizar a su Presidente para conferir el poder otorgado al apoderado judicial de la parte demandante.
3.- Original de Acta de la Octava Reunión Ordinaria del Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Apure, celebrada el 10 de Septiembre de 2002, en cuya reunión resultó aprobada la contratación del Abg. Ysaías Fernández y la autorización al Presidente del referido Sindicato para el otorgamiento del poder al mencionado abogado. Esta prueba concatenada con las anteriores le confieren al apoderado judicial de la parte actora plena legitimidad para actuar en la presente causa.
4.- Copia fotostática simple de la IV Convención Colectiva de Trabajo años 2000-2001, suscrita entre el Ejecutivo Regional del Estado Apure y el Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Apure (SUEP-APURE), debidamente homologado por la Inspectoría del Trabajo en el Estado Apure; a la cual se le tiene como fidedigna de conformidad con lo previsto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil por tratarse de la copia de un instrumento público administrativo, para demostrar la obligación contractual vigente a partir del 1º de Enero de 2000 que tiene el ente demandado de otorgar a los empleados públicos que devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales adscritos a la Gobernación del Estado Apure, los cupones o tickets con los que podrá obtener alimentos, mensualmente, siendo su valor de 0,30 unidades tributarias por jornada de trabajo, según lo establecido en la cláusula Nº 66 Del Programa de Alimentación, contenido en tal contratación colectiva. Igualmente se prueba cuáles son los trabajadores que se encuentran amparados por este instrumento, indicándose expresamente en su Cláusula Nº 4: “Quedan amparados por esta convención colectiva de trabajo, todos los funcionarios públicos que presten servicios al Poder Público Estatal; afiliados al mismo”, entendiéndose por Poder Público Estatal, según lo estatuido en el literal a de la Cláusula Nº 1, la Gobernación del Estado, Procuraduría General del Estado, Contraloría General del Estado, Institutos Autónomos del Estado y demás organismos dependientes de la Gobernación del Estado; siendo así, todos los empleados o funcionarios adscritos a los organismos indicados son beneficiarios de la contratación colectiva objeto del presente juicio, desvirtuándose así lo pretendido por la demandada, de que no es extensible el beneficio demandado a los funcionarios adscritos a los institutos autónomos y demás organismos diferentes a la Gobernación del Estado Apure.
5.- Legajo de Nóminas de los trabajadores activos de la Gobernación del Estado Apure, Consejo Legislativo Regional del Estado Apure, Contraloría General del Estado Apure, Fundación Estación Piscícola “San Fernando”, Corporación Apureña de Turismo, Fundación para la Atención Integral del Anciano (FUNDACIAN), INCARPEM, Instituto de la Vivienda del Estado Apure (INVAP), Procuraduría General del Estado Apure, Instituto Autónomo de Vialidad, Transporte, Puertos y Aeropuertos del Estado Apure (INVIALPA), INCREA y FUNDEAPURE; en las cuales se especifica el sueldo mensual que devenga cada trabajador, en consecuencia, con estas planillas se demuestra específicamente a cuáles empleados o funcionarios les corresponde el beneficio de cupones o cesta tickets reclamados de acuerdo al salario mensual que devengue cada uno de ellos.
6.- Copia certificada de Acta de Adjudicación y Proclamación del Comité Ejecutivo, Vocales y Tribunal Disciplinario del Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Apure, de fecha 11 de Octubre de 2001, cuya vigencia es para el período 2001-2004. La cual se tiene como fidedigna para demostrar la legitimidad de la Junta Directiva del mencionado sindicato para representar a la masa de trabajadores afiliados al mismo, y que por medio del presente procedimiento mediante apoderado judicial reclaman el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas de la IV Convención Colectiva del Trabajo años 2000-2001, celebrada entre el Ejecutivo Regional del Estado Apure y el SUEP-APURE.
7.- Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Año CXXV – Mes XII de fecha 14 de Septiembre de 1988, Número 36.538 contentiva de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores. Con la que se demuestra la creación del programa de alimentación para mejorar el estado nutricional de los trabajadores a los fines de lograr una mayor productividad laboral, la cual es el origen de la cláusula 66 de la antes mencionada IV Contratación Colectiva de Trabajo, que se pactó para establecer la vigencia de la mencionada Ley, y darle cumplimiento al derecho laboral adquirido por los trabajadores amparados por la misma.
8.- Copia fotostática simple de oficio de fecha 30 de Marzo de 2001 dirigido al Secretario de Personal del Ejecutivo Regional, y de oficio de fecha 02 de Abril de 2001 dirigido al Gobernador del Estado Apure, suscritos por Miembros Directivos del Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Apure (SUEP-APURE, mediante los cuales solicitan el cumplimiento, entre otras, de la cláusula 66 relativa a Programa de Alimentación (Cesta Ticket). Por cuanto estas copias de instrumentos públicos administrativos no fueron impugnadas por la parte demandada, se les tiene como fidedignas para demostrar las gestiones extrajudiciales que realizó el Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Apure (SUEP-APURE), por ante el ente demandado y obligado según la contratación colectiva, a los fines de lograr el cumplimiento de las cláusulas contractuales, en especial lo relativo al programa de alimentación o cesta ticket para los trabajadores afiliados a dicho sindicato.
9.- Copia certificada de oficio Nº P-218 de fecha 11 de Junio de 2002, dirigido a la Inspectora del Trabajo Estado Apure, emanado de la Secretaría de Planificación y Presupuesto del Estado Apure, acompañado de estudio comparativo de costos del Contrato Colectivo vigente y el Proyecto de Contrato Colectivo propuesto por el SUEP-APURE, el cual en la propuesta, específicamente en su Cláusula 53, contentiva del beneficio de cesta ticket, indica expresamente que “NO EXISTE PREVISION”, indicando además que el artículo 10 que crea el programa establece que el mismo entrará en vigencia cuando existan recursos para tal fin; de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil se le tiene como fidedigna en cuanto a su contenido. Al efecto establece esta juzgadora que según la IV Convención Colectiva del Trabajo, tal programa de alimentación entraría en vigencia a partir del 1º de Enero de 2000, por lo que el Ejecutivo Regional debió haber previsto para el presupuesto de ese año, la inclusión de este beneficio laboral; por lo que no es justificación para no hacer efectivo el pago que no existan recursos para tal fin, de acuerdo a lo indicado en el convenio colectivo propuesto, en razón que resulta cómodo para el Ejecutivo Regional que transcurra el tiempo, a saber cuatro años desde la entrada en vigencia de la referida ley, sin incluir tal partida en el presupuesto y mientras tanto a los trabajadores se les está cercenando un derecho por ellos adquiridos en razón de su trabajo y de la entrada en vigencia de la ley programa de alimentación para los trabajadores y la contratación colectiva ya mencionada.
10.- Copia certificada de Actas que conforman el expediente administrativo de Pliego de Peticiones con Carácter Conflictivo derivado del incumplimiento de las cláusulas de la IV Convención Colectiva, entre las cuales está la cláusula 66 relativa al programa de alimentación, del Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Apure (SUEP-APURE) contra el Ejecutivo Regional del Estado Apure. Con estas actuaciones emanadas de la autoridad administrativa del trabajo en el Estado Apure, se evidencia que los representantes del mencionado sindicato agotaron las vías conciliatorias y administrativas a objeto de lograr sus reivindicaciones laborales, y por otra parte se demuestra claramente la falta de disponibilidad del Ejecutivo Regional del Estado Apure de lograr un acuerdo conciliatorio con los empleados públicos afiliados al SUEP-APURE a los fines de cumplir con su obligación legal y contractual de pagarle a dichos trabajadores los beneficios laborales que le corresponden con ocasión de la labor que desempeñan adscritos a los diferentes organismos del Estado Apure, verificándose de esta manera el incumplimiento por parte del Ejecutivo del Estado Apure de sus obligaciones contractuales.
11.- Copias fotostáticas simples de artículos de prensa del Diario ABC de fechas 27 y 29 de Septiembre del 2000, en las cuales se reseñan las protestas realizadas por los trabajadores del Ejecutivo Regional en procura del cumplimiento por parte del Gobierno Regional del Estado Apure de beneficios laborales entre los cuales reclaman el beneficio de alimentación o cesta ticket. Los cuales esta juzgadora aprecia y les concede pleno valor como un hecho notorio de todas las gestiones extrajudiciales y acciones legales amparadas por nuestra Constitución Nacional y la Ley Orgánica del Trabajo como lo es el derecho a huelga, desplegadas por los empleados públicos a los fines de lograr el cumplimiento de sus derechos legal y contractualmente adquiridos.
12.- Hojas de cálculo de Cesta tickets del 01-01-2000 al 30-09-2002 correspondientes a los diferentes empleados y funcionarios adscritos a la Gobernación del Estado Apure. Tales cálculos, por cuanto no se evidencia de ellos de qué organismo o qué persona fueron emanados, esta juzgadora no les concede ningún valor probatorio, en consecuencia los desecha.
13.- Copia fotostática simple de oficio Nº PG-520-01 de fecha 17 de Abril de 2001 dirigido a la Secretaría de Administración de la Gobernación del Estado Apure, suscrita por la Procuradora General del Estado Apure, en atención a Comunicación Nº DA-198 de fecha 27/03/2001, mediante el cual se le indica que los compromisos contraídos con los trabajadores por vía de contratación colectiva, que no fuere posible cancelarlos con cargo al presupuesto vigente, se pagarán con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal siguiente. Esta juzgadora le concede pleno valor probatorio a este instrumento por cuanto no fue impugnado, para demostrar la obligación que tiene el Estado Apure de pagar a los empleados adscritos al mismo todos los compromisos laborales derivados de la contratación colectiva suscrita entre ambas partes, entre ellos la obligación de cancelar lo correspondiente a cupones de alimentación o cesta tickets, independientemente que no exista disponibilidad presupuestaria, pues en tal caso constituye obligación de la parte demandada de haber presupuestado la erogación que debió hacer el Estado por tal concepto para el ejercicio fiscal siguiente a la suscripción del contrato colectivo objeto de la presente causa, de lo que se infiere que su incumplimiento se debe a la negligencia del ente demandado.
14.- Copia fotostática de oficio Nº CG.312 de fecha 10-09-2001 dirigido a la Secretaría de Administración del Estado Apure, suscrito por el Contralor General del Estado Apure en atención a oficio Nº DA-748 de fecha 20/04/2001, en el que se indica que el Ejecutivo Regional deberá prever los recursos tomando en cuenta las limitaciones presupuestarias, para honrar los compromisos derivados de la contratación colectiva. Al igual que el instrumento anterior, de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, esta sentenciadora le tiene como fidedigno y produce plena prueba para demostrar una vez más la obligación que tiene el Ejecutivo Regional del Estado Apure de presupuestar el compromiso contraído con sus trabajadores para el pago de los beneficios adquiridos por los mismos con ocasión de su trabajo y derivados de la IV Contratación Colectiva de Trabajo.
15.- Copia fotostática simple de sentencia emanada de este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, de fecha 28-02-2002; la cual por tratarse de la copia de un instrumento público se le concede pleno valor probatorio en cuanto a su contenido, y en cuanto al criterio allí plasmado de que el pago del beneficio de alimentación de cupones o cesta tickets también puede hacerse en dinero efectivo.

B.- En el lapso probatorio:
1.- Promovió las pruebas consignadas con el libelo de demanda y escrito de subsanación de cuestiones previas, las cuales fueron precedentemente valoradas por esta juzgadora.
2.- Inspección Judicial evacuada en la sede de la Gobernación del Estado Apure, dejándose constancia de los siguientes hechos: Primero: Que no fueron presupuestados los recursos financieros para pagar el beneficio laboral correspondiente a cesta ticket en los presupuestos de los ejercicios fiscales de los años 2000, 2001 y 2002. Segundo: Que durante el año 2001 existe un oficio dirigido al Presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional solicitando asignación al Estado Apure de recursos destinados a cumplir con el programa de alimentación para los trabajadores (cesta ticket) para el ejercicio fiscal 2000 y 2001. Tercero: Que no existe requerimiento alguno al Consejo Legislativo Regional de crédito adicional para el pago de beneficio laboral cupón o cesta ticket durante los años 2000, 2001 y 2002. Cuarto: Que no existe requerimiento alguno al Consejo Legislativo Regional de crédito adicional para traslado o rectificación de partida que tenga por finalidad el pago de beneficio laboral cupón o cesta ticket durante los años 2000, 2001 y 2002. Quinto: Que la Gobernación del Estado Apure en el año 2000 remitió oficio al Vice-Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en el año 2001 al Ministro de Finanzas, y en el año 2002 al Jefe de la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) y al Ministro de Finanzas, todos con el objeto de solicitar recursos financieros a los fines de cumplir con los compromisos derivados del programa de alimentación para los trabajadores o cesta ticket, de los ejercicios fiscales 2000, 2001 y 2002. En el mismo acto de la evacuación de esta prueba se observa que el apoderado de la parte demandada, la impugna aduciendo que la misma es improcedente por cuanto es objeto de experticia contable, además señala que la misma es imprecisa por cuanto no se especificó en la solicitud cuáles eran los instrumentos que se pretendían acreditar; y en cuanto al particular quinto señala que la misma es impertinente por falta de objeto en virtud que el promovente no puede reservarse el derecho de señalar nuevas situaciones fácticas en el instante de su evacuación. Al respecto se observa que el alegato esgrimido relativo a que tal inspección es objeto de una experticia, se indica al oponente que para la evacuación del pedimento contenido en el particular primero no es necesario tener conocimientos especializados en la materia para determinar si en las Leyes de Presupuesto de Ejercicio Fiscal fueron presupuestados los recursos indicados, en razón que de la revisión y lectura de las diferentes partidas se puede determinar lo pedido, en razón que no es menester realizar ningún tipo de cálculos matemáticos ni ningún otro tipo de operaciones o estudios que sean de difícil apreciación al sentido de la vista, recordando que para la práctica de las inspecciones judiciales, el Juez va a dejar constancia de los hechos verificables a través de sus sentidos, y en el presente caso se pudo dejar constancia de los hechos indicados en la solicitud de la simple revisión y lectura de las mencionadas leyes. En lo atinente a la indeterminación del objeto, se le observa al oponente que el objeto de la inspección está clara y específicamente determinado en el escrito de promoción de pruebas, al momento de indicar que la inspección se realizaría sobre la existencia de comunicaciones u oficios destinados a obtener recursos financieros para pagar el beneficio laboral de cupón o cesta ticket; justamente de ello se trata la inspección para dejar constancia si existen o no en la sede del ente demandado los recaudos especificados por el apoderado demandante, distinto sería que no se hubiere indicado en la solicitud el contenido de tales comunicaciones u oficios, en consecuencia, esta sentenciadora desestima la impugnación realizada por el apoderado de la parte demandada por los razonamientos antes expuestos. En lo que al particular quinto se refiere este Tribunal observa que la reserva de evacuar pedimentos durante la práctica de la inspección judicial distintos a los especificados en la solicitud correspondientes es improcedente por cuanto es contrario al principio de control de la prueba en virtud que la parte contraria no tiene conocimiento previo sobre los particulares a evacuar, en tal virtud, quien aquí decide no le concede ningún valor probatorio al contenido del particular quinto de la inspección judicial evacuada en tiempo hábil por este Tribunal; pero en cuanto a los demás particulares evacuados, de conformidad con el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil, se les concede pleno valor probatorio por tratarse de hechos comprobados y constatados directamente por esta juzgadora, y así se decide.
3.- Instrumentales contentivas de: reseñas de la prensa local y la Quinta Convención Colectiva (período 2002-2003) suscrita entre el Estado Apure, representada por su Gobernador y el Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Apure (SUEP-APURE). Se observa que tales pruebas documentales no obstante haber sido promovidas dentro del lapso procesal oportuno, no fueron acompañadas al escrito de promoción de pruebas, sino que fueron consignadas posteriormente en el lapso de evacuación de pruebas, razón por la cual tal consignación es extemporánea, por cuanto tales instrumentos debieron haber sido consignados en el lapso de promoción de pruebas; en consecuencia, se desestiman tales documentales, y así se declara.
PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE DEMANDADA:
A.- Con la contestación de la demanda:
No produjo pruebas.
B.- En el lapso probatorio:
No promovió pruebas.

Analizado como ha sido el cúmulo probatorio producido en la presente causa, para decidir, este Tribunal observa: En el libelo de demanda la parte accionante demanda el cumplimiento de la IV Convención Colectiva de Trabajo años 2000-2001 actualmente vigente, celebrada entre el Ejecutivo del Estado Apure y el Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Apure (SUEP-APURE), en virtud que el Estado Apure ha dejado de cumplir en forma reiterada con el pago del beneficio y derecho adquirido cupón o tickets establecido en la Cláusula 66 del referido contrato. Por su parte, la accionada en su contestación, rechaza y contradice tanto en los hechos como en el derecho la demanda fundamentando en que a los efectivos policiales adscritos a la Comandancia General de la Policía de esta Entidad no les corresponde el beneficio demandado en razón de que no gozan de los derechos de sindicalización y de celebrar convenciones colectivas de trabajo, en el sentido que los beneficios que puedan corresponderle se determinará por vía reglamentaria por disposición de lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica del Trabajo; rechaza y niega igualmente que se encuentre obligado a pagar el mencionado cupón o cesta ticket a los funcionarios públicos que prestan servicios en los institutos autónomos estadales y fundaciones públicas estadales por cuanto estos entes conforman la administración estadal descentralizada y se rigen por sus leyes o documentos constitutivos según el caso, y porque tienen un patrimonio propio y distinto del Fisco Estadal. Por otra parte, rechaza y niega la solicitud de condenatoria en costas en virtud de que dicha entidad federal no puede ser condenado en costas, por disposición legal expresa; también rechaza e impugna por exagerado el valor de la demanda.
Ahora bien, de la IV Contratación Colectiva de Trabajo Años 2000-2001, específicamente en su artículo 66, así como de la V Convención Colectiva (Período 2002-2003), en su cláusula 56, quedó plenamente comprobada la existencia de la obligación del ente demandado derivada de la contratación colectiva, consistente en el otorgamiento a los empleados públicos que devenguen hasta tres salarios mínimos mensuales, de cupones o tickets con los que podrá obtener alimentos, los cuales se proveerán mensualmente, y su equivalente en dinero será de 0,30 unidades tributarias por jornada, que lo canjeará en los establecimientos comerciales únicamente por alimentos y en ningún caso por dinero, así como también que tal beneficio será sufragado cien por ciento (100%) por la Gobernación del Estado Apure. Igualmente, de las demás documentales aportadas a los autos, así como de la inspección judicial practicada en la sede de la Gobernación del Estado Apure, se comprobó fehacientemente el incumplimiento en que incurrió el ente patronal al no presupuestar y por ende no hacer entrega a sus empleados de los cupones o tickets que legal y contractualmente les corresponden como beneficio alimentario para los trabajadores y su familia, derivados de su relación de trabajo.
Al respecto, establece el artículo 508 de la Ley Orgánica del Trabajo lo siguiente:
“Las estipulaciones de la convención colectiva se convierten en cláusulas obligatorias y en parte integrante de los contratos de trabajo celebrados o que se celebren durante su vigencia en el de la convención…”

y el artículo 509 ejusdem:
“Las estipulaciones de las convenciones colectivas beneficiarán a todos los trabajadores de la empresa, explotación o establecimiento, aun cuando ingresen con posterioridad a su celebración…”.

De las anteriores normas transcritas se colige que la cláusula 66 establecida voluntariamente entre las partes en la IV Contratación Colectiva de Trabajo años 2000-2001, contentiva del aporte patronal destinado a la adquisición de alimentos por parte del trabajador y su grupo familiar, es de obligatorio cumplimiento para el Ejecutivo del Estado Apure, independientemente que no esté presupuestada la erogación que deba hacer con tal motivo, en razón que desde el momento de la entrada en vigencia del mencionado contrato, a saber el 1º de Enero del año 2000, según se desprende del contenido del Acta de depósito levantada ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Apure de fecha 28 de Febrero de 2000, la cual forma parte integrante del Convenio Colectivo de Trabajo; el ente demandado tenía conocimiento del imperativo e ineludible compromiso que estaba adquiriendo con la masa de empleados adscritos a las diferentes dependencias que lo conforman, y en consecuencia la obligación que tenía de incluirlo en el presupuesto de los ejercicios fiscales ulteriores, y que por su propia negligencia no los presupuestó, incidiendo tal conducta omisiva en detrimento de la adecuada alimentación y poder adquisitivo del trabajador y su familia, en el entendido que cada uno de ellos tuvo que hacer erogaciones de sus correspondientes sueldos con la finalidad de satisfacer sus necesidades alimentarias y las de su grupo familiar, cuando parte de ellas debían ser cubiertas por el ente empleador, por disposición expresa de la Ley Programa de Alimentación para los Trabajadores y la contratación colectiva de trabajo, instrumento fundamental de la presente acción, que además tiene carácter y rango constitucional por disposición expresa del artículo 96 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual se establece el derecho a la negociación colectiva que tienen los trabajadores del sector público y privado, estableciéndose además que tales convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores activos al momento de su suscripción y a quienes ingresen con posterioridad.
Por otra parte, en cuanto al hecho esgrimido por la parte accionada que a los efectivos policiales adscritos a la Comandancia General de la Policía de esta Entidad no les corresponde el beneficio demandado, es necesario precisar, que el artículo 7 de la Ley Orgánica del Trabajo establece en su primera parte lo siguiente: “No estarán comprendidos en las disposiciones de esta Ley los miembros de los cuerpos armados, pero las autoridades respectivas, dentro de sus atribuciones, establecerán, por vía reglamentaria, los beneficios de que deberá gozar el personal que allí presta servicios…” , de lo que se infiere que los beneficios laborales que puedan corresponderle a este tipo de funcionarios policiales se establecerán por vía reglamentaria; pero es el caso que en la relación de empleados acompañada por el actor tanto en su libelo como en el escrito de subsanación de cuestiones previas, no se observa que se esté reclamando el beneficio de alimentación para los agentes y demás miembros de la Comandancia General de Policía del Estado Apure, pues solo se indica el personal administrativo que labora en el referido organismo adscrito a la Gobernación del Estado Apure, por lo que sería inoficioso abundar más al respecto; dejando expresamente establecido esta sentenciadora que dicho personal no forman parte del cuerpo armado, por lo que no deben ser excluidos del beneficio de cupones o cesta tickets amparado por el contrato colectivo celebrado entre el SUEP-Apure y la GOBERNACION DEL ESTADO APURE, por cuanto deben ser considerados como empleados públicos, y así se decide.
En otro orden, la parte demandante en el libelo de demanda pide al Tribunal el pago del beneficio cupón o cesta ticket que les corresponde en forma legítima a los afiliados del Sindicato Único de Empleados del Estado Apure desde el 1º de Enero hasta la fecha en forma indexada. Con respecto a este particular el Tribunal observa que los cupones o tickets son una ayuda de carácter familiar que complementa el salario, que deben satisfacer las exigencias legales y reglamentarias a objeto de preservar su carácter no salarial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo; y en este sentido a los fines de determinar si resulta procedente la indexación solicitada, previamente debe definirse si es procedente el pago en dinero efectivo del beneficio de alimentación que en este proceso se discute; sobre este particular nuestro más Alto Tribunal, en Sala de Casación Social de fecha 30-07-03 estableció que “…resultaba irrelevante a los fines de la aplicación de la norma en cuestión, que el precio de los bienes adquiridos fuese el mismo mediante el pago de tickets o mediante el pago en moneda de curso legal, por cuanto si el costo total o parcial de los tickets lo asumía el patrono ello constituía efectivamente un subsidio”. (Subrayado del Tribunal). Del anterior criterio se colige que el beneficio de alimentación previsto en la contratación colectiva bajo análisis, es susceptible de ser pagado en dinero efectivo de curso legal en el país, pues está claramente especificado que su equivalente en dinero será de 0,30 unidades tributarias por jornada de trabajo; por otra parte en el entendido que su costo lo asume en un cien por ciento (100%) el patrono, según se evidencia de la misma cláusula 66 numeral 4 de la IV Convención Colectiva de Trabajo; en caso que esta sentenciadora condenara al Estado Apure al pago mediante cupones, éste tendría que hacer una erogación adicional pues deberá asumir el costo de la elaboración de los cupones o tickets. En otro orden, es necesario indicar que dada la naturaleza del beneficio contemplado en la mencionada cláusula 66 del Contrato Colectivo desde el 1º del año 2000, los empleados adscritos al Ejecutivo del Estado Apure, visto el incumplimiento en que ha incurrido el ente patronal, han tenido que disponer de parte de su salario para cubrir las necesidades alimentarias de ellos y su grupo familiar, pues no podrían esperar el cumplimiento o pago de la obligación para poder obtener bienes alimentarios; por lo que debe entenderse que dichos empleados ya han efectuado el gasto, siendo un hecho notorio que han sufrido un empobrecimiento en su patrimonio en razón que con el dinero empleado para cubrir los gastos de alimentación que contractualmente le corresponden a su patrono, han dejado de satisfacer otras necesidades esenciales, por tal razón debe el ente demandado cumplir con su obligación asumida a través de la contratación colectiva, para que de esta manera los trabajadores puedan solventar sus necesidades esenciales y mejorar su calidad de vida conjuntamente con su entorno familiar, lo cual constituye el fin de la norma; y es por lo que esta sentenciadora establece que el pago reclamado por concepto de cupones o cesta tickets, es susceptible de ser pagado en dinero efectivo, y así se decide.
Establecido como ha quedado, que el beneficio laboral contemplado en la IV Convención Colectiva del Trabajo, objeto de la presente causa, puede ser pagado en dinero de curso legal, procede esta juzgadora a pronunciarse sobre la solicitud de indexación, a cuyos fines cito criterio de la Sala Social establecido en la referida sentencia de fecha 30 de Julio de 2003:
“Por otra parte, ha sido constante y pacífica la doctrina patria y la jurisprudencia de este Supremo Tribunal, así como la de la anterior Sala de Casación Civil, expresada en diversos fallos desde el 17 de Marzo de 1993, en asentar que las obligaciones que asume el patrono con el trabajador y que deben pagarse con dinero son obligaciones de valor, porque revisten carácter alimentario pues su finalidad es permitir la subsistencia y la vida digna y decorosa del trabajador y su familia.
(…omissis…)
Con base a dichos razonamientos se ha establecido que las cantidades de dinero que se ordenan pagar en un fallo judicial, recaído en el proceso en el que se reclama el pago de prestaciones sociales y otros conceptos derivados de la relación de trabajo, deben ser ajustadas calculando la perdida del poder adquisitivo del dinero desde la fecha en que se admite la demanda hasta el total y definitivo pago de la deuda”

En el mismo orden, la misma Sala de Casación social en sentencia del 27 de Junio de 2002, estableció:

“Como se ha establecido en diversos fallos desde el 17 de Marzo de 1993 (Camillas Lamorell contra Machinery Care y otro), el carácter alimentario del salario y de las prestaciones percibidas por el trabajador como contraprestación de sus servicios adeudados al terminar la relación de trabajo, constituye el fundamento de la corrección monetaria de dichos créditos, por lo que la pérdida de su valor adquisitivo por la demora o reticencias en su pago por parte del patrono no puede ir en perjuicio del trabajador, debiéndose reestablecer mediante la indexación el poder adquisitivo de todas las cantidades debidas y no sólo de la correspondiente prestación de antigüedad”

Ahora bien, en acatamiento a la jurisprudencia pacífica y reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, que no sólo las prestaciones sociales son susceptibles de indexación, sino también todos aquellos beneficios derivados de la prestación del servicio del trabajador, es por lo que esta sentenciadora declara procedente la solicitud de indexación del valor monetario adeudado por el ESTADO APURE a los empleados amparados por la IV y V Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el Ejecutivo Regional del Estado Apure y el Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Apure (SUEP-Apure), por concepto de cupones o tickets destinados a la obtención de alimentos, así se decide.

En base a todos los razonamientos anteriormente expuestos, y previo análisis de todos y cada uno de los empleados en nombre de quienes el SINDICATO UNICO DE EMPLEADOS DEL ESTADO APURE instauró la presente acción, los cuales se encuentran claramente especificados y determinados en las actas procesales, es por lo que esta juzgadora debe condenar al ESTADO APURE a que cumpla con su obligación contractual de pagarle a sus empleados el valor monetario de los cupones o tickets, en los siguientes términos, para lo cual esta sentenciadora tomó en consideración el sueldo devengado por cada trabajador y su fecha de ingreso, así como la unidad tributaria vigente a la fecha en que debía haberse cumplido con la obligación; adeudando de esta manera el ESTADO APURE a los trabajadores que se indican a continuación, divididos según el organismo al cual están adscritos, los cupones o tickets según el valor monetario siguiente:

GOBERNACION DEL ESTADO APURE


CÉDULA N O M B R E FECHA DE INGRESO SUELDO MENSUAL TOTAL A PAGAR
1.566.013 LUIS FERNANDEZ 15/02/1971 210.514,00 2.788.080,00
1.619.505 FRANCISCO ARANA 01/01/1991 169.434,00 2.788.080,00
2.231.740 CARMEN MALDONADO DE U. 01/04/1990 165.000,00 2.788.080,00
2.233.735 TITA DE JESUS FLORES 11/05/1999 184.372,00 2.788.080,00
2.234.885 JOSE DE JESUS PALACIOS 01/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
2.478.012 JOSE ARTAHONA 01/01/1991 308.695,00 2.788.080,00
2.823.195 PABLO ORLANDO GOMEZ 15/11/1985 165.000,00 2.788.080,00
3.065.132 MOISES MACHADO CORTES 01/02/1993 378.087,00 2.788.080,00
3.642.121 JAIME GARZON BOLIVAR 16/03/1996 165.000,00 2.788.080,00
3.769.346 LEDYS MIGUELINA TREJO 01/02/1990 165.000,00 2.788.080,00
3.769.616 YRASEMA LAPREA 01/10/1981 181.166,00 2.788.080,00
3.777.099 MAXIMO RUJANO 01/04/1981 181.166,00 2.788.080,00
4.138.477 MORAIMA JOSE AGUILAR 01/07/1994 165.000,00 2.788.080,00
4.138.657 PASTORA GONZALEZ 01/01/1979 453.779,00 2.788.080,00
4.141.430 ELIA TOVAR DE CASTRO 15/03/1984 165.000,00 2.788.080,00
4.142.377 DELFIN A. CASTILLO 26/02/1982 253.595,00 2.788.080,00
4.224.843 JULIAN ANTONIO CASTILLO 01/08/1983 336.864,00 2.788.080,00
4.523.163 MIRTHA GUANIPA LOPEZ 15/09/1985 181.166,00 2.788.080,00
1.587.165 PABLO MASABET 16/08/2000 175.917,00 2.299.200,00
4.667.924 AMILCAR CASTILLO 30/05/1991 165.000,00 2.788.080,00
4.668.498 MIREYA J. OJEDA 20/10/1990 165.000,00 2.788.080,00
4.668.574 YANILES ROJAS 30/01/1989 235.102,00 2.788.080,00
4.668.586 CARMEN EGILDA RONDON 01/02/1991 165.000,00 2.788.080,00
4.669.069 BETTY FLORES LUQUE 23/07/1985 177.840,00 2.788.080,00
4.669.235 AIDA AMAIR 01/02/1993 451.635,00 2.788.080,00
4.669.705 HILDA UVIEDO 15/07/1998 165.000,00 2.788.080,00
4.669.913 GLADYS DE ECHENIQUE 02/01/1990 165.000,00 2.788.080,00
4.670.579 CARMEN ZAPATA DE SALAS 01/03/1983 165.000,00 2.788.080,00
4.670.805 AMERIDA HERRERA 30/01/1989 165.000,00 2.788.080,00
4.671.222 PETRA INAGAS RUIZ 07/10/1981 165.000,00 2.788.080,00
4.924.261 JOSE ALTAMIRANDA 02/01/1991 397.747,00 2.788.080,00
4.997.019 RAFAEL PEREZ PEREZ 01/02/1993 165.000,00 2.788.080,00
4.997.158 NIRSA ITURRIZA DE C. 01/11/1991 179.450,00 2.788.080,00
4.997.808 YAJAIRA DE QUINTANA 15/09/1985 165.000,00 2.788.080,00
4.998.572 CONTRERAS HERNANDEZ 01/10/1989 177.840,00 2.788.080,00
4.998.957 MARIA FANCELLIS RAMOS 05/01/1992 397.747,00 2.788.080,00
5.358.363 NUBIA YOLANDA NAVARRO 15/01/1993 333.190,00 2.788.080,00
5.358.522 CARMEN DE JESUS JAIMEZ 01/06/1991 165.000,00 2.788.080,00
5.358.705 ARTURO CEDEÑO 01/04/1991 178.111,00 2.788.080,00
5.360.296 NORA APONTE PEREZ 15/01/1987 165.000,00 2.788.080,00
5.360.421 NANCY DEL VALLE MENDOZA 05/08/1985 165.000,00 2.788.080,00
5.362.271 JACINTO AQUINO 01/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
5.362.703 ANA ANGELINA GONZALEZ 07/09/1994 165.000,00 2.788.080,00
5.362.926 NELDYS JOSEFINA RONDON 01/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
5.362.976 HORTENCIA BLANCO 10/04/1984 207.050,00 2.788.080,00
6.100.200 CARMEN DE CEDEÑO 15/03/1984 165.000,00 2.788.080,00
6.182.917 ORLANDO TANZI 09/04/1984 165.000,00 2.788.080,00
6.192.050 MARISOL GARCIA 15/02/1991 165.000,00 2.788.080,00
6.876.956 LUISA QUINTERO DE PEREZ 15/03/1991 165.000,00 2.788.080,00
6.936.175 ALEJANDRO FLORES 15/10/1985 165.000,00 2.788.080,00
6.937.619 URSULA A. ARMADA 15/04/1993 178.596,00 2.788.080,00
7.194.151 FREDDY VEQUIZ RANGEL 01/01/1992 337.549,00 2.788.080,00
7.250.768 TAREK HAIDAR 02/03/1998 359.399,00 2.788.080,00
7.268.359 DORIS SILVA 18/03/1996 165.000,00 2.788.080,00
7.426.216 MAIE A. MELUZ L. 01/08/1995 165.000,00 2.788.080,00
7.817.484 MIGUEL ANGEL MONTAÑEZ 15/10/1982 181.166,00 2.788.080,00
8.147.057 MARI CARRASQUEL DIAZ 01/07/1982 213.871,00 2.788.080,00
8.150.018 HENRRY HIDALGO 02/01/1991 336.864,00 2.788.080,00
8.150.335 MARITZA GONZALEZ 15/07/1994 378.087,00 2.788.080,00
8.151.257 MIGDALIA ESPINOZA 15/08/1985 193.023,00 2.788.080,00
8.153.723 BLANCA RODRIGUEZ 01/02/1990 165.000,00 2.788.080,00
8.154.019 PEDRO MANUEL HERRERA 01/03/1981 378.087,00 2.788.080,00
8.158.666 YALE GUERRERO CEDEÑO 07/01/1993 378.088,00 2.788.080,00
8.159.384 PEDRO P. FLEITAS 01/01/1991 337.549,00 2.788.080,00
8.160.382 DARIO DAVID TORREALBA 02/05/1996 348.636,00 2.788.080,00
8.161.309 LILIANA URISMARI BOLIVAR 15/01/1990 463.080,00 2.788.080,00
8.161.769 MARIA ABAD 01/06/1985 165.000,00 2.788.080,00
8.162.588 MILAGRO E. PEREZ 01/10/1980 165.000,00 2.788.080,00
8.162.648 CARMEN DE MIRABAL 15/01/1985 165.000,00 2.788.080,00
8.162.706 BORIS ARMANDO ROMAN 01/01/1991 463.080,00 2.788.080,00
8.162.920 FELIX RAMOS PACHECO 01/06/1995 165.000,00 2.788.080,00
8.163.397 LUISA BETANCOURT 01/11/1983 223.480,00 2.788.080,00
8.163.690 DOUGLAS VALERA 01/01/1991 210.576,00 2.788.080,00
8.164.028 CARMEN ELENA ALFONZO 02/02/1986 165.000,00 2.788.080,00
8.165.026 JOSE LUIS ESPINOZA 01/08/1991 165.000,00 2.788.080,00
8.165.219 CARMEN I. ESCALONA 02/05/1981 165.000,00 2.788.080,00
8.167.081 BETHI SOLORZANO LUNA 01/07/1980 165.000,00 2.788.080,00
8.167.175 FERME NAVARrO DE M. 16/09/1980 241.059,83 2.788.080,00
8.167.230 I. SALAZAR DE BERLIOZ 15/04/1984 364.928,00 2.788.080,00
8.167.746 FREDDY CASTILLO 15/05/1991 277.474,00 2.788.080,00
8.168.060 CARMEN MILAGROS PEREZ 07/05/1986 341.634,00 2.788.080,00
8.168.232 ROSA BERNARDA VELIZ 15/01/1990 180.410,00 2.788.080,00
8.169.178 MARLENE OROPEZA B. 01/03/1990 165.000,00 2.788.080,00
8.169.294 GLADYS ROBERTY RIVAS 15/04/1984 165.000,00 2.788.080,00
8.169.601 NERYS V. MOSQUEDA 01/03/1983 165.000,00 2.788.080,00
8.169.622 ANIBAL TAPIA FARFAN 23/07/1985 210.576,00 2.788.080,00
8.182.127 CARMEN S. VARGAS 16/06/1980 165.000,00 2.788.080,00
8.182.438 ZULY GONZALEZ GUERRA 02/01/1991 169.431,00 2.788.080,00
8.185.680 JOSE ALEXIS HIDALGO 01/01/1992 165.000,00 2.788.080,00
8.190.643 SERGIA CRISTINA SALAS 14/01/1993 198.995,00 2.788.080,00
8.190.701 ANTONIO JOSE APARICIO 26/03/1984 366.589,00 2.788.080,00
8.190.738 VICTOR JOSE RONDON 29/01/1991 183.817,00 2.788.080,00
8.190.902 LUIS APARICIO 23/04/1985 210.932,00 2.788.080,00
8.190.963 NERYS ROJAS 15/06/1992 235.102,00 2.788.080,00
8.191.068 CARMEN GARCIA 16/09/1996 378.087,00 2.788.080,00
8.191.668 MARLON ANTONIO CARDOZO 01/03/1984 429.312,00 2.788.080,00
8.192.042 RAMON SEGOVIA 01/01/1991 210.576,00 2.788.080,00
8.192.123 RAFAEL VERENZUELA M. 01/03/1994 184.672,00 2.788.080,00
8.192.124 RAFAEL VERENZUELA 01/11/1996 397.747,00 2.788.080,00
8.192.372 YAJAIRA MARIA ANGULO 01/10/1991 165.000,00 2.788.080,00
8.192.958 ANGEL EDUARDO CALCAÑO 04/07/1988 289.325,00 2.788.080,00
8.193.142 JOSE GREGORIO OROPEZA 16/08/1996 378.087,00 2.788.080,00
8.193.607 GLADYS JOSEFINA IBAÑEZ 21/01/1985 212.359,00 2.788.080,00
8.193.731 RAMON MOGOLLON MARTINEZ 16/01/1996 451.635,00 2.788.080,00
8.194.378 MARIO SILVA 01/02/1994 397.748,00 2.788.080,00
8.194.560 JULIA VENTA DE O. 01/01/1995 165.000,00 2.788.080,00
8.194.717 GLADYS SANDOVAL R. 09/02/1994 165.000,00 2.788.080,00
8.196.375 JOSE MONTILLA 01/02/1991 429.312,00 2.788.080,00
8.196.459 ANGEL C. LOYOLA 04/01/1993 512.492,00 2.788.080,00
8.196.872 NELLYS NUÑEZ 01/09/1984 165.000,00 2.788.080,00
8.196.873 SONIA AMARILYS NUÑEZ 15/03/1984 165.000,00 2.788.080,00
8.196.990 NELLY ALVARADO 01/09/1986 165.000,00 2.788.080,00
8.197.165 SERGIO BELLO RODRIGUEZ 01/02/1991 165.000,00 2.788.080,00
8.197.521 LIGIA JIMENEZ OROPEZA 02/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
8.197.687 ANGEL RAMOS 01/03/1994 387.087,00 2.788.080,00
8.197.842 JOSE MIRABAL CASTILLO 27/03/1987 336.864,00 2.788.080,00
8.197.962 MARLENE PEREZ M. 01/09/1986 165.000,00 2.788.080,00
8.198.633 NIDIA ARCILA GALEANO 01/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
8.198.946 ELIECER FLORES CASANOVA 15/08/1995 368.744,00 2.788.080,00
8.199.030 LERIDA RATTIA ROJAS 01/11/1984 165.000,00 2.788.080,00
8.199.843 CARLOS RAFAEL VOLCAN 01/07/1978 165.000,00 2.788.080,00
8.621.197 NERYS Y. MONTILLA 11/08/1996 165.000,00 2.788.080,00
8.627.886 YAJAIRA MARGARITA REYES 16/08/1994 165.000,00 2.788.080,00
8.632.168 ROSA MIGUELINA FUENTES 01/10/1990 408.091,00 2.788.080,00
8.632.318 YISEL TAPIA 15/02/1984 165.000,00 2.788.080,00
8.731.027 REINA JOSEFINA SANCHEZ 07/01/1993 378.087,00 2.788.080,00
8.783.760 ROSA RANGEL PULIDO 03/04/1984 165.000,00 2.788.080,00
8.900.107 EDILMA CONTRERAS 21/02/1994 201.935,00 2.788.080,00
9.094.025 ROSA SANCHEZ DE ZAPATA 15/11/1982 165.000,00 2.788.080,00
9.306.637 BRIMAR RIVERA LUNA 02/01/1991 242.911,00 2.788.080,00
9.466.517 MARIA E. CONTRERAS B. 01/06/1991 165.000,00 2.788.080,00
9.590.004 SANTA EDUVIGIS MARCHENA 24/02/1992 378.087,00 2.788.080,00
9.590.046 ATHERINA JOSEFINA MILANO 23/07/1985 201.935,00 2.788.080,00
9.590.469 YANETTE CORONA 02/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
9.590.513 WILMER SILVA 01/04/1991 165.000,00 2.788.080,00
9.590.520 MIRIAM GENOVEVA SUAREZ R. 15/08/1990 165.000,00 2.788.080,00
9.590.575 JESUS ALBERTO LAYA 17/04/1995 165.000,00 2.788.080,00
9.590.636 LAURA ROGELIA GALINDO 01/10/1989 341.634,00 2.788.080,00
9.590.700 MERCEDES V. CASTILLO 01/06/1981 240.100,00 2.788.080,00
9.590.728 PUGLISI VILLAMEDIANA 01/08/1993 408.091,00 2.788.080,00
9.591.103 ALBERTO BRAVO TOVAR 15/02/1989 165.000,00 2.788.080,00
9.591.124 CARMEN C. RODRIGUEZ 02/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
9.591.311 MIRIAM ZAPATA SEGOVIA 03/03/1992 165.000,00 2.788.080,00
9.592.055 A. COLINA DE MELENDEZ 01/02/1990 165.000,00 2.788.080,00
9.592.207 MARIA R. AGUEDA 02/05/1996 165.000,00 2.788.080,00
9.592.762 SILVIA TOVAR DE D'ROCCO 30/06/1986 418.431,00 2.788.080,00
9.592.965 BLANCA ALFONZO TOLEDO 03/02/1989 165.000,00 2.788.080,00
9.593.023 WILFREDO ABANO PEREZ 01/01/1981 165.000,00 2.788.080,00
9.593.213 CARMEN SILVA RONDON 01/09/1984 165.000,00 2.788.080,00
9.593.420 PEDRO D. MARTINEZ 02/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
9.593.455 BEATRIZ M. MONTOYA 06/06/1988 246.975,00 2.788.080,00
9.593.734 FERNANDO FARFAN VOLCAN 01/04/1974 201.181,00 2.788.080,00
9.593.904 JAIRO BALCAZAR LOPEZ 01/04/1991 310.714,00 2.788.080,00
9.593.990 MILANGELA ADARMES 01/02/1993 408.091,00 2.788.080,00
9.594.450 MARLENE LUQUE 15/01/1991 341.634,00 2.788.080,00
9.595.069 ROSALBA CEDEÑO DE C. 30/01/1992 201.935,00 2.788.080,00
9.595.256 YELITZA DIAZ CORDERO 02/05/1991 199.351,00 2.788.080,00
9.595.374 APSARA ZENAIDA MORENO 15/03/1984 165.000,00 2.788.080,00
9.595.973 CARMEN VENERO E. 08/01/1993 212.434,00 2.788.080,00
9.596.049 JOSE LUIS ALVAREZ 01/01/1989 177.840,00 2.788.080,00
9.596.152 MARTINEZ CHAPARRO, R. 15/02/1990 165.000,00 2.788.080,00
9.596.325 CARMEN JOSEFINA JIMENEZ 16/05/1991 341.634,00 2.788.080,00
9.596.703 LANDY ORTEGA CORREA 15/01/1985 165.000,00 2.788.080,00
9.597.022 GLADYS VILLAZANA 15/09/1990 165.000,00 2.788.080,00
9.599.066 HECTOR MARTINEZ 01/02/1991 165.000,00 2.788.080,00
9.868.047 JOSEFINA CARRASQUEL 16/01/1985 177.840,00 2.788.080,00
9.868.390 JOSEFINA TOVAR 01/07/1991 165.000,00 2.788.080,00
9.868.641 JOSE LUIS RODRIGUEZ 12/01/1984 165.000,00 2.788.080,00
9.868.748 RAFAEL JULIAN SANCHEZ 15/10/1982 165.000,00 2.788.080,00
9.868.755 PEDRO LISANDRO TOVAR 01/08/1991 165.000,00 2.788.080,00
9.868.821 KIOGAR REYES HERNANDEZ 15/10/1982 165.000,00 2.788.080,00
9.869.013 JESUS RODRIGUEZ PUERTA 01/04/1988 341.634,00 2.788.080,00
9.869.398 JOSE GREGORIO ESPINOZA 15/05/1996 177.840,00 2.788.080,00
9.869.498 EUNICE C. VELIZ T. 15/01/1993 165.000,00 2.788.080,00
9.870.212 ANTONIO GOMEZ 15/09/2000 165.000,00 2.224.860,00
9.870.302 EUGENIO CABRICES SILVA 01/01/1989 177.840,00 2.788.080,00
9.870.373 NOHELIA FIGUERA 18/02/1991 378.087,00 2.788.080,00
9.870.912 MIRIAM YELITZA BOLIVAR 15/11/1994 378.087,00 2.788.080,00
9.871.590 JEANETT J. MEDINA E. 15/07/1994 387.917,00 2.788.080,00
9.871.854 R. SANCHEZ DE INFANTE 15/03/1990 165.000,00 2.788.080,00
9.871.960 CARMEN ROJAS Q. 01/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
9.872.220 A. MEJIAS BACALAO 01/09/1994 183.817,00 2.788.080,00
9.872.626 MARLENE SORIANO 15/10/1992 165.000,00 2.788.080,00
9.872.756 OMAIZA FLORES 01/10/1991 359.399,00 2.788.080,00
9.873.789 RUBEN BUSTAMANTE 02/01/1991 177.840,00 2.788.080,00
9.874.334 MILA MARINA MENDOZA 20/04/1990 165.000,00 2.788.080,00
9.874.367 ROLANDO BURGOS OLIVO 01/08/1991 219.725,00 2.788.080,00
9.874.433 M. GAMBOA VILLANUEVA 01/07/1991 219.725,00 2.788.080,00
9.874.754 MARINA MARQUEZ G. 15/02/1989 341.634,00 2.788.080,00
9.874.848 ELDRIS RAMIREZ MEDINA 01/01/1990 165.000,00 2.788.080,00
9.875.437 MARIBEL ALFONZO 07/05/1991 177.840,00 2.788.080,00
9.876.044 LESBIA REBOLLEDO 13/02/1992 191.952,00 2.788.080,00
9.876.550 MIGUEL ZARATE 15/08/1994 429.312,00 2.788.080,00
9.876.670 MIRLA RATTIA ROJAS 08/06/1991 265.940,00 2.788.080,00
10.014.049 JOHN MAURICIO SANTOS 01/04/1992 308.695,00 2.788.080,00
10.130.831 GLADYS NEIVA FAJARDO 21/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
10.132.359 DANELIS SILVA 15/06/1994 378.087,00 2.788.080,00
10.265.563 CARMEN MONTOYA ARJONA 01/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
10.269.586 DAMARYS BRACHO 24/05/1993 296.916,00 2.788.080,00
10.615.475 JOSE RAMON GONZALEZ 15/08/2000 410.916,00 2.302.740,00
10.615.799 DORIS COUSIN 01/01/1990 213.713,00 2.788.080,00
10.616.018 JHONNY ESPINOZA 15/01/1992 165.000,00 2.788.080,00
10.616.770 ELVINA MONTAÑA 01/03/1996 165.000,00 2.788.080,00
10.617.337 REINALDO MIRABAL 16/08/1996 435.600,00 2.788.080,00
10.617.716 JUAN SILVA APARICIO 15/11/1990 165.000,00 2.788.080,00
10.618.344 GLADYS SOLORZANO 05/02/1993 177.840,00 2.788.080,00
10.618.615 AHIGARTE CEBALLOS 01/03/1991 307.824,00 2.788.080,00
10.618.650 MIRLA ALFONZO ROJAS 31/01/1989 165.000,00 2.788.080,00
10.618.675 CARLOS RODRIGUEZ H. 01/10/1996 294.756,00 2.788.080,00
10.619.204 MARIA CORREA 01/04/1992 165.884,00 2.788.080,00
10.619.269 DIANA CHAVARRO 01/03/1994 378.088,00 2.788.080,00
10.619.732 ENDOW CAYASPO ESPAÑA 18/08/1991 165.000,00 2.788.080,00
10.619.897 RONNY GUTIERREZ 03/02/1989 316.723,00 2.788.080,00
10.620.375 JESUS DAVID DELGADO 28/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
10.620.582 WLADIMIR BALCAZAR V. 01/07/1995 165.000,00 2.788.080,00
10.620.831 JOSE O. TORREALBA C. 01/01/1994 429.312,00 2.788.080,00
10.621.046 PEDRO R. LAYA R. 15/07/1991 228.391,00 2.788.080,00
10.621.400 JHONNY UTRERA 09/01/1991 165.000,00 2.788.080,00
10.622.205 ROSA DELGADO DE PEREZ 01/03/1989 165.000,00 2.788.080,00
10.622.668 FRANNY ZARATE T. 01/02/1994 378.087,00 2.788.080,00
10.622.854 DELYS LUGO CORDOVA 15/01/1993 165.000,00 2.788.080,00
10.622.892 MARIA S. DE AVENDAÑO 01/01/1991 408.091,00 2.788.080,00
10.623.899 DUBER GONZALEZ DE O. 15/11/1991 207.050,00 2.788.080,00
10.623.980 JUAN JOSE CALDERON 15/10/1983 165.000,00 2.788.080,00
10.624.766 JOB NOE MONTOYA 15/11/1992 165.000,00 2.788.080,00
10.922.191 MEURI SALILLO PERDOMO 24/10/1988 207.050,00 2.788.080,00
11.238.068 IGLEE RODRIGUEZ 15/03/1991 187.088,00 2.788.080,00
11.238.188 EDITH MIRABAL 01/10/1991 165.000,00 2.788.080,00
11.238.256 ANA CRISTINA SILVA D. 02/01/1992 165.000,00 2.788.080,00
11.238.984 JUAN MONTERO PIÑERO 01/10/1992 181.166,00 2.788.080,00
11.238.988 OSWALDO MONTERO PIÑERO 01/01/1991 167.909,28 2.788.080,00
11.239.087 YANET PIÑERO 15/01/1993 165.000,00 2.788.080,00
11.239.125 JANNETTE HIDALGO 14/01/1993 182.465,00 2.788.080,00
11.239.700 M