Es por tanto que las medidas cautelares son un instrumento necesario para la eficiencia de la Justicia y este poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumusboni iuris). En ese sentido, de la revisión efectuada al libelo de la demanda, se constató que el solicitante no aporto las pruebas suficientes para que proceda el decreto de la medida solicitada, en consecuencia, este juzgado concede tres (03) días de despacho siguient.....

CON LUGAR la solicitud de Divorcio por Desafecto formulada por el ciudadano GILMER NEPTALI BETANCOURT MACEA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-11.754.873, en contra de la ciudadana JOSELY GREGORIA COLINA MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-11.359.933, debidamente asistido por el Abogado FRANCISCO JAVIER REYES PIÑATE, venezolano, mayor edad, Titular de la Cedula de Identidad N° V-11.760.089, Defensor Privado, I.P.S.A bajo N° 137.687, padres biológicos del Adolecente (Se omite la identidad acogiendo el criterio Jurisprudencial con carácter vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nro. 1.554 de fecha 12-11-2013, la cual riela en el Expediente Nro. 13-0318 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, caso Edgar José Hernández Romero), conforme al criterio de la doctrina emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Senten.....

UE DE FARFAN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 173.281, padres biológicos de los niños (Se omite la identidad acogiendo el criterio Jurisprudencial con carácter vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nro. 1.554 de fecha 12-11-2013, la cual riela en el Expediente Nro. 13-0318 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, caso Edgar José Hernández Romero), conforme al criterio de la doctrina emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nro. 1.070, de fecha 09-12-2016, la cual riela en el expediente Nro. 16-0916, con ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, caso Hugo Armando Carvajal Barrios Vs. Gladys Coromoto Segovia González, en la cual desarrolla el nuevo criterio acogido por esta Juzgadora.

Es por tanto que las medidas cautelares son un instrumento necesario para la eficiencia de la Justicia y este poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumusboni iuris). En ese sentido, de la revisión efectuada al libelo de la demanda, se constató que el solicitante no aporto las pruebas suficientes para que proceda el decreto de la medida solicitada, en consecuencia, este juzgado concede tres (03) días de despacho siguient.....

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Declarar su Incompetencia, para conocer, sustanciar y decidir el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, ejercido por el ciudadano SIMEON ANTONIO MAFILITO FARIAS, venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 10.131.322, e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 116.528, en su carácter de Procurador Distrital del Alto Apure, contra la Inspectoría del Trabajo del Alto Apure, con sede en Guasdualito, Estado Apure, ello con fundamento en lo explanado en la motiva del presente fallo.- SEGUNDO: Declinar la competencia en el Juzgado de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Apure. TERCERO: Ordenar remitir el expedient.....

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, resuelve: Único: Declarar Consumada la Perención y Extinguida la Instancia en el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad de Efectos Particulares, interpuesto por los ciudadanos Jonathan Antonio Villanueva Ceballos y Yorkaris Vanessa Martinez Guanipa, titulares de las cedulas de identidad N° 24.103.009, 18.327.942, debidamente Asistidos por el Abogado Moisés Ramírez Mora, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el N° 235.157, contra el Cuerpo de Investigaciones Científicas, penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C). Segundo: Notifíquese a la parte recurrente de la presente decisión.

CON LUGAR la solicitud de Declaración de Únicos y Universales Herederos, formulada por la ciudadana DIANNIS MARISOL GARCIA MOTA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-24.104.563, actuando en representación de su persona, y de su hija (Se omite la identidad acogiendo el criterio Jurisprudencial con carácter vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nro. 1.554 de fecha 12-11-2013, la cual riela en el Expediente Nro. 13-0318 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, caso Edgar José Hernández Romero), debidamente asistidos por el Abg. MIGUEL JOSE GREGORIO PEREZ VAZQUEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 198.622.

CON LUGAR la solicitud de Declaración de Únicos y Universales Herederos, formulada por la ciudadana, MARIUS JOSE RAYA GONZALES. Venezolano mayor de edad titular de la cedula de identidad V.- 25.507.929 actuando en representación de la niña (Se omite la identidad acogiendo el criterio Jurisprudencial con carácter vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nro. 1.554 de fecha 12-11-2013, la cual riela en el Expediente Nro. 13-0318 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, caso Edgar José Hernández Romero). Abg. LINDA ROSA AGUIRRE, defensora pública inscrita en IPSA bajo el Nº 137.610.

CON LUGAR la solicitud de Declaración de Únicos y Universales Herederos, formulada por la ciudadana YOLIS MARILYS PINO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-13.639.880, actuando en representación de su persona y en la de sus hijos los hermanos (Se omite la identidad acogiendo el criterio Jurisprudencial con carácter vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nro. 1.554 de fecha 12-11-2013, la cual riela en el Expediente Nro. 13-0318 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, caso Edgar José Hernández Romero).

PRIMERO: Declara sin lugar la pretensión interpuesta el 23-12-2021 por los Abgs. DAYAN ARTURO GONZÁLEZ JIMENEZ y MARLENE MENDOZA, Defensores Privados de CARLOS ALBERTO JAIMES GÓMEZ, contra la decisión dictada el 14-12-2021 y publicada su fundamentación el 16-12-2021, mediante la cual el Juez 1º de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Apure, Abg. JUAN ANIBAL LUNA INFANTE, decretó medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano antes mencionado, por la presunta comisión de los delitos de corrupción propia agravada, previsto en el numeral 2 del artículo 64 de la Ley Contra la Corrupción y abuso de poder, tipificado en el artículo 86 eiusdem. SEGUNDO: Confirma el auto impugnado.