Por los fundamentos expuestos, este Tribunal Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Primero: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano ANEXIS DE JESÚS MENDOZA en contra de la Alcaldía del Municipio San Fernando del Estado Apure y en consecuencia, se declara la nulidad absoluta de la Resolución Número 33-2005 emitida el 04 de abril de 2005, por el Alcalde del Municipio San Fernando del Estado Apure, mediante la cual se resolvió retirarlo del cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVO III adscrito al Departamento de Tributación y Cobranza de la Alcaldía del Municipio San Fernando del Estado Apure. Segundo: SE ORDENA a la parte querellada la inmediata reincorporación del ciudadano ANEXIS DE JESÚS MENDOZA, al cargo de ASISTENTE ADMINISTRATIVO III adscrito al Departamento de Tributación y Cobranza de.....

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Sur, con sede en San Fernando de Apure, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el presente COBRO DE DIFERENCIA DE INTERESES DE MORA SOBRE PRESTACIONES SOCIALES, ejercido por la ciudadana NELLYS ZORAIDA RODRÍGUEZ MOSQUEDA, en contra del ESTADO APURE.-

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Sur, con sede en San Fernando de Apure, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el presente COBRO DE DIFERENCIA DE INTERESES DE MORA SOBRE PRESTACIONES SOCIALES, ejercido por la ciudadana ISBELIA LAPREA DE ESPAÑA, en contra del ESTADO APURE.-

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo Y Agrario De La Circunscripción Judicial Del Estado Apure Y Distrito Arismendi Del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE la querella funcionarial por DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, interpuesta por los abogados JOSE CALAZAN RANGEL RANGEL Y AGUSTÍN OLIS JIMÉNEZ, venezolanos mayores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. Nº 82.280, y 96.724, actuando como apoderados judiciales de la ciudadana REYES RANGEL NINA MARIA, titular de la cédula de identidad Nº. 2.234.543.

En ese sentido y en apoyo a los fundamentos anteriormente descritos este Juzgado Superior constata de oficio que la competencia por la materia debe ser asumida por un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, por lo que en consecuencia ordena declinar la competencia ante el mencionado Tribunal. Así se Declara.

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas este TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE Y DEL DISTRITO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS, en virtud de lo establecido en la sentencia N° 7, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 1° de febrero del año 2000, con carácter vinculante y, en observancia del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, analizadas las actas del presente expediente, vista la incomparecencia de la parte accionante, declara: DESISTIDA LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, TERMINADO EL PROCEDIMIENTO, dado que este Tribunal considera que los hechos alegados no violentan el orden público en la acción de amparo constitucional interpuesta por el Ciudadano ANTONIO ALEXANDER ROJAS PEREZ venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-13.254.483, asistido por el abogado PEDRO VICENTE PEREZ, I.....

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN SUR, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley HOMOLOGA el Convenimiento efectuado por la ciudadana ARMANDA ARTEAGA HERNÁNDEZ en su carácter de Procuradora General del Estado Apure, y la abogada MARIA F. CASTILLO, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano MARCELO C. VIERA,. Como consecuencia de la anterior declaratoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, se declara la presente causa como Cosa Juzgada y se da por terminado el proceso.