HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos KEYCY MARGARITA ARCILA y WILLYS VAYNEY SILVA RIVERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-20.231.509 y 12.805.609, respectivamente, de conformidad con lo previsto en los Artículos 315, 386 y 387 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.- Y así se decide.-

1.-NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure en este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, de la demanda contentiva de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales. 2.-PLANTEA EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA y, en consecuencia ordena la remisión del expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que determine el Órgano Jurisdiccional competente para conocer de la presente demanda. Publíquese, Regístrese y Notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en lo.....

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. DECRETA: PRIMERO: Se admite la acusación presentada por el Ministerio Público, en contra del adolescente IDENTIDAD OMITIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 parágrafo segundo de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente; por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO previstos en los artículos 458 y 272 del Código Penal Venezolano, en concordancia con el artículo 9 y 10 de la Ley Sobre Armas y Explosivos. SEGUNDO: Se admiten totalmente las pruebas promovidas por el Ministerio Público, por ser las mismas legales, lícitas, pertinentes y conformes al principio de Libertad de Pruebas. TERCERO: Se ADMITE la calificación jurídica hecha por el Ministerio Público de ROBO AGRAVADO y PORTE .....

Por todos los razonamientos de hecho y de derecho, este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: Siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal y teniendo el mismo la potestad de solicitar la aplicación del procedimiento ordinario, conforme a las previsiones en artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, este tribunal considera ajustado a derecho la solicitud fiscal de que se prosiga la presente investigación por el procedimiento ordinario, y se decreta con lugar la solicitud de libertad plena. SEGUNDO: Acoge la precalificación otorgada por el titular de la acción penal, consagrado en el artículo 272 Ley Orgánica para la Protección del niño y del Adolescente. TERCERO: Quedan notificadas las partes conforme a lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese la correspondiente de L.....

este tribunal en relación a lo solicitado por la representante del principio de judicialidad, a lo cual se adhiere la defensa privada que efectivamente el artículo 250 del adjetivo penal le otorga la potestad al Ministerio Público de solicitar o no medida privativa de libertar lo cual en el caso en concreto efectivamente la vindicta publica solicito medida cautelar sustitutiva de privación de libertad de conformidad con el artículo 256 numeral 3º, en consecuencia este tribunal de primera instancia en función de control Nª 2 acuerda por reunir los requisitos exigidos en el artículo 248 en relación con el 373 del código orgánico procesal penal decretar el acto de aprehensión del ciudadano JUAN CARLOS LUGO como flagrante, y en consecuencia la prosecución del presente proceso a través del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 256 medida cautelar sustitutiva de privación de libertad establecidas en los ordinales 3° del Código Orgánico Procesal Penal , es decir, la presenta.....

Seguidamente conforme a lo establecido en los artículos 125 ordinales 1° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal artículo 49 numeral 5° de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, y 131 y 133 del Código Orgánico Procesal Penal, se hace la advertencia preliminar a los imputados, en el sentido de que no están obligados a declarar en causa propia y en caso de consentirlo a no hacerlo bajo juramento, se le explico el hecho que se le atribuye con las circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, se le comunica el derecho que tienen a declarar quien libre de juramento, presión, coacción y apremio manifestó: "Cederle el derecho de palabra a la defensa. Es todo. De seguida se le concede el derecho de palabra al Abogado defensor, quien expone: Como quiera que lo solicitado por el Ministerio Publico se considera ajustada a derecho y permite precisamente garantizar el proceso esta defensa se adhiere a las mismas. Es todo. Acto seguido el Juez expone: Visto lo ma.....

En fecha 22-01-07, se ordena su ejecución de conformidad con lo establecido en el Artículo 475 del Código Civil en concordancia con lo pautado en el Artículo 523 del Código de Procedimiento Civil.- En consecuencia, se acuerda: Expedir dos (02) copias certificadas de la Decisión y junto con oficio remítase a las Autoridades Civiles correspondientes.

DISPOSITIVA Por los razonamientos precedentes, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal, en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en la ciudad de San Fernando, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, con fundamento en los artículos 64, ultimo aparte, 532, 330 ordinal 6° y 376 todos del Código Orgánico Procesal Penal, se declara: PRIMERO: Admite la acusación presentada por el Fiscal Auxiliar Cuarta del Ministerio Público, en contra del ciudadano JHONNY RAFAEL TORRES VELIZ, Titular de la cedula de identidad N° 12.256.425, venezolano, mayor de edad, residenciado en el Barrio Merecure calle Principal al lado del club Boca de Guerra, San Fernando Estado Apure, el cual riela al folio cuarenta y cinco (45) al cincuenta y dos (52) de la presente causa, por el delito de el cual riela al folio ciento siete (107) al ciento once (111) de la presente causa,.....

DECISIÓN Por las razones antes expuestas este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Desistida la apelación intentada por el abogado MARCOS GOITÍA, contra la sentencia de fecha siete (07) de julio de 2004, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, mediante la cual declaró parcialmente con lugar la acción por cobro de prestaciones sociales; SEGUNDO: Se confirma la decisión apelada dictada por el Tribunal A-quo en la fecha antes indicada; TERCERO: No hay condenatoria en costas, según lo preceptuado en el artículo 64 de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. Publíquese. Regístrese. Déjese copia certificada en este Tribunal. Dada sellada y firmada en la Sala de despacho del Tribunal Primero de Segunda Insta.....

Que en virtud de la pretensión del penado EUSEBIO EMILIANO MUÑOZ, titular de la cédula de identidad N° 1.568.882, plenamente identificado en los autos, esta Superior Instancia se DECLARA: INCOMPETENTE para decidir sobre el RECURSO DE NULIDAD interpuesto contra el cual pretende se anule todo el proceso llevado por la Corte de Apelaciones a partir de haberse dictado el fallo definitivo, en fecha 10 de Septiembre de 1.999, y en consecuencia, REMITE la causa al Superior Jerárquico, a fin de que decida sobre lo pretendido, y proceda a verificar si efectivamente los derechos y garantías que se reclaman como afectados, tienen o no asidero jurídico, razón por la que cesa el ejercicio de la función jurisdiccional, en garantía del ejercicio efectivo del principio dispuesto en el artículo 51 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. Todo ello conforme al artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal. Ofíciese, remítase, cúmplase. Dada, firmada y sellada en la Sala .....