Por las razones antes expuestas este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: Parcialmente con lugar la apelación intentada por la parte demandada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, de fecha diez (10) de mayo de 2007. SEGUNDO: Se revoca el fallo Apelado; TERCERO: Parcialmente con lugar la demanda interpuesta por el ciudadano Carlos Jesús Requiniva, titular de la cédula de identidad Nº 5.735.623 contra la empresa Pride Internacional C.A., la cual se condena a cancelar al actor por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales las siguientes cantidades por los siguientes conceptos: Diferencia de Prestaciones Sociales CATORCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIE.....

PRIMERO: Se declara CON LUGAR el Recurso de Revisión interpuesto de oficio por la ciudadana BETTY YANETH ORTIZ CHACÓN Juez del Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal Extensión Guasdualito. SEGUNDO: Rebajar la pena impuesta a la ciudadana MARÍA SALVADORA OSORIO, titular de la Cedula N° 8.162.096, por el Juzgado Superior en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Distrito Arismendi del Estado Barinas, en fecha 14-10-1996, quien deberá cumplir tres (03) AÑOS DE PRISIÓN por la comisión del delito de FACILITADORA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ello de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 470 en relación con la parte infine del artículo 475, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. De la misma manera deberá cumplir con las penas accesorias que .....

acuerda REBAJAR LA PENA del ciudadano JOSÉ LUIS CELIS a OCHO (08) AÑOS DE PRISIÓN por la comisión del delito de OCULTAMIENTO ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ello de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 470 en relación con la parte in fine del artículo 475, ambos del Código Orgánico Procesal Penal y en virtud de haber cumplido para el día 23/05/06, nueve (09) años, siete (07) meses, veinte (20) días de prisión, abandonando el régimen de prueba desde el 28/04/06, esta Corte considera que la pena ha sido cumplida en exceso, por lo que se acuerda la LIBERTAD PLENA POR PENA CUMPLIDA del ciudadano JOSÉ LUIS CELIS, considerando cumplidas igualmente las penas accesorias que le fueron impuestas en su oportunidad legal. Como consecuencia del efecto extensivo de la presente decisión, de conformidad con.....

HOMOLOGA EL ACUERDO CONCILIATORIO planteado entre los ciudadanos ENELCI OHEL GRISMAN LOPEZ y ANA JOSEFINA VENERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad N° 15.998.125 y 12.901.397, de conformidad con lo establecido en el artículo 315, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre las ciudadanos XIOMARA MARGARITA DIAZ y JULIO CESAR ALBORNOZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-7.181.533 y 2.234.887, a favor del niño (Se omite la identidad de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente),, en los términos expuestos, de conformidad con los Artículos 315, 366, 369 y 375, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente

HOMOLOGA el Convenimiento planteado entre los ciudadanos: BEJAS LEON ELISA DEL VALLE y LOVERA GONZALEZ JORGE ALBERTO, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- V-9.868.428 y V-8.195.302, de conformidad con los Artículos 366 y 375, ambos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Se acuerda Oficiar al Organismo Empleador del ciudadano antes mencionado

HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos: GLADYS MARIA NARVAEZ MEJIAS y JOSE REINALDO BATA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-15.046.075 y V-9.596.393, todos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Notifíquese a la Ciudadana Fiscal Sexta del Ministerio Público de conformidad con lo establecidos en el Artículo 172 de la LOPNA

En merito de lo anterior, este Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Sur, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Se ADMITE el RECURSO DE NULIDAD POR ILEGALIDAD ejercido por el abogado FELIX RAFAEL ARCILA, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 61.761, actuando en su carácter de apoderado judicial de la SOCIEDAD MERCANTIL C.A. SERENOS LA NACIONAL contra el ACTO ADMINISTRATIVO DE EFECTOS PARTICULARES contenido en la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA S/N de fecha 27 de julio de 2004, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO EN SAN FERNANDO DE APURE, por medio de la cual se declaró CON LUGAR la solicitud de REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS interpuesta por el ciudadano ALDRÍN ADALBERTO TOVAR RUIZ.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la acción de amparo cautelar incoada por el ciudadano Daniel Páez Altuve en contra del Acto Administrativo de Efectos Particulares contenido en la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA dictada por la Inspectoría III del Trabajo del Estado Apure, mediante la cual se declaró incompetente para conocer sobre la inamovilidad laboral alegada por el recurrente al ser Secretario de Reclamos del Sindicato Único de Empleados Públicos del Estado Apure (SUEP-APURE) y la notificación de fecha 20 de enero de 2000, mediante la cual se le hizo del conocimiento al recurrente que el cargo que desempeñaba dentro de la Alcaldía del Municipio San Fernando del Estado Apure había sido eliminado.

CON LUGAR la acción de DIVORCIO 185-A instaurada por los ciudadanos: DAMASO ALIRAN CASTILLO BLANCO y CARMEN MARIA SILVA CONTRERAS, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, titulares de las cédulas Nros. V- 12.582.424 y V-11.759.562, según el Artículo 185-A del Código Civil. Y en consecuencia, se declara disuelto el vinculo matrimonial que los unía, contraído por ante la Prefectura del Municipio San Fernando, Estado Apure