Cumplidos como han sido los requisitos legales en el presente procedimiento, y por las razones de hecho y de derecho que han sido analizadas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con lugar la apelación interpuesta por la abogada MARIA F, CASTILLO, de este domicilio, inpreabogado Nº 48.708. En contra de la decisión dictada en fecha 13 de octubre de 2006, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, que declaró sin lugar la ACCIÓN REIVINDICATORIA accionada por el abogado JESÚS ENRIQUE GUTIÉRREZ CARDOZO, con el carácter de apoderado judicial del Ciudadano JAIME CADENAS. SEGUNDO: se revoca la sentencia apelada y reponer la causa al estado que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y .....

En fin, en la sentencia de la cual se ha solicitado la aclaratoria se ha condenado las cantidades legales correspondiente a la querellante, en tal sentido, considera este Tribunal que lo solicitado por el apoderado judicial de la demandante no se configura como una aclaratoria como tal, y, que de pronunciarse sobre el punto a ser aclarado, se incurriría en una modificación de fondo de la sentencia emitida, por tal razón quien aquí juzga declara Sin Lugar la aclaratoria solicitada. Y así se decide.

Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley se declara: INCOMPETENTE por la materia de la querella interpuesta por el ciudadano CARLOS EDUARDO HERNÁNDEZ, portador de la cédula de identidad N° 13.639.330, representado por el abogado ANGEL ALÍ APONTE VILLANUEVA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.40.162, mediante la cual solicita el pago de PRESTACIONES SOCIALES y los intereses generados por la mora en el cumplimiento de la obligación correspondiente al MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS, en consecuencia se declina la competencia a los Tribunales de la Jurisdicción Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Apure.

En tal virtud, y por cuanto efectivamente materializó la publicación del cartel al que se hace referencia en el artículo 174 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, mal pueden pretender los apoderados judiciales del Instituto Nacional de Tierras que este Tribunal Superior acuerde nuevamente una reposición de la presente causa con basamento en los mismos argumentos en los cuales fundamentaron su solicitud de fecha 23/07/2007, solicitud ésta que ya acordó este órgano jurisdiccional; es decir, la citación de "todo aquel que tenga interés en el presente asunto" ya fue acordada y publicada en un diario de circulación nacional, en tal sentido, la reposición solicitada es inútil e impertinente, en consecuencia, este Tribunal NIEGA tal pedimento, y así se decide.

Por recibido y visto el expediente Nº 2-3225, proveniente del Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, contentivo de COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, interpuesto por la ciudadana PETRA ANTONIA DIAZ GARCIA en contra del ESTADO APURE, en virtud de la declinatoria de competencia declarada por ese Juzgado, por tratarse de una demanda contra un ente público. En consecuencia y de conformidad con el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal actuando en sede Contencioso Administrativa, acepta la declinatoria de competencia, y acuerda darle el curso procesal correspondiente hasta su consecución.

Por todo lo anteriormente expuesto, esté Tribunal Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, interpuesta por el ciudadano ALEXIS EUCLIDES SOLORZANO PEREZ, titular de la cédula de identidad Nº 8.151.164, contra el Municipio Autónomo San Fernando del Estado Apure. SEGUNDO: Se ordena al Municipio Autónomo San Fernando del Estado Apure, pagar al ciudadano ALEXIS EUCLIDES SOLORZANO PEREZ, la cantidad de TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVARES CON SESENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 36.455.654,61). TERCERO: Se ordena la experticia complementaria del fallo para el cálculo de los intereses moratorios desde 01 de octubre de 2007, hasta la ejecución de la sentencia.

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Sur, con sede en San Fernando de Apure, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el presente COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, ejercido por los ciudadanos EDWARD CADENAS, ANA YANES Y OTROS, Venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad N° 9.598.766 y 11.244.364, debidamente representados por los abogados EISEN BRAVO y JOSE HIDALGO, inscritos en el inpreabogado bajo los N°s 52.697 y 27.483, en contra EL MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN FERNANDO DEL ESTADO APURE. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública en concordancia con el artículo 19 aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.-

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES), CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN SUR, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley HOMOLOGA el Convenimiento efectuado por la ciudadana ALBA D. ESPINOZA COLMENAREZ en su carácter de Procuradora General del Estado Apure (ENCARGADA), y la abogada HAYDEE RAQUEL RODRIGUEZ venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 9.340.848, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 63.018, en su condición de apoderada judicial del ciudadano DANILO ARMANDO ALVAREZ SAER ,. Como consecuencia de la anterior declaratoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, se declara la presente causa como Cosa Juzgada y se da por terminado el proceso.

En virtud de las precedentes consideraciones, este Tribunal Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y del Municipio Arismendi del Estado Barinas, actuando en sede Contencioso Agrario, administrando justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara. 1.- COMPETENTE para conocer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el abogado Luis Eduardo Lima, venezolano mayor de edad, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 94.162, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano José Francisco Montoya Parra, venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 3.624.473, interpuso, en contra del Instituto Nacional de Tierras (INTI), mediante la cual acordó otorgar Carta Agraria al ciudadano Omar Ojeda, venezolano mayor de edad titular de la cedula de identidad N° 8.161.043, sobre un lote de terreno denominado "El Domador", ubicado en el asen.....

Concluye así, esta sentenciadora, actuando como Juzgado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo Agrario, en ejercicio de la tutela constitucional, facultad jurisdiccional que poseen todos los jueces de la República y en aplicación de los postulados y principios constitucionales, a los efectos de garantizar una justicia transparente, accesible, imparcial, responsable, equitativa, y expedita y sin reposiciones inútiles de conformidad con el artículo 26 de la carta Magna, con el fin de impartir justicia en un Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia, establecido en el artículo 2 eiusdem, el cual sirve de base fundamental para la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se decide. Líbrese oficio de notificación correspondiente al Presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), al Director de la Oficina Regional de Tierras del Estado Apure, y al Director de la Oficina Regional de Tierras (Extensión Elorza del Municipio Rómulo Gallegos del.....