Por todos los razonamientos de hecho y de derecho, este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: Siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal y teniendo el mismo la potestad de solicitar la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, conforme a las previsiones en artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, este tribunal considera ajustado a derecho la solicitud fiscal de que se prosiga la presente investigación por el procedimiento ordinario, y se decreta con lugar a aprehensión en flagrancia conforme a lo estatuido en el artículo 248 ejusdem en concordancia con el articulo 44.1 de la norma constitucional. SEGUNDO: Acoge la precalificación otorgada por el titular de la acción penal, consagrado en el artículo 59 de la Ley Penal del Ambiente, por el delito de Caza y Destrucción en Áreas Especiales y Ecos.....

Vistas la manifestación hecha por las partes, especialmente la fundamentación que hace la defensa privada, en el sentido de que reconoce que su defendido cometió un ilícito penal de corte ambiental, tratando de justificar tal conducta típica y antijurídica con elementos como la costumbres y la tradición, estos que no son causales de inimputabilidad delictual; argumenta así mismo el estado de pobreza lo que a juicio de que aquí cavila sueno paradójico por cuanto su defensa es precisamente privada y no la que en forma gratuita el estado venezolano le garantiza. Del contenido de las actas levantadas y suscritas por funcionarios de la guardia nacional se determina que ciertamente la forma de cómo fue detenido el ciudadano se adecua a la descripción que hace el adjetivo penal en su articulo 248, garantizando así el derecho endilgado en el articulo 44.1 de la constitución patrio. Así mismo observa el tribunal que la actitud típica y antijurídica del ciudadano imputado se contrae .....

UNICO: Conceder a la Fiscalía Undecima del Ministerio Público, un plazo prudencial de SETENTA (70) días para la conclusión de la investigación que adelanta en la presente causa, los cuales comenzaran a computarse desde el recibo de las presentes actuaciones en dicho despacho Fiscal; todo ello de conformidad a las previsiones del legislador al aparte del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Se da por notificadas a las partes de lo acordado por el Tribunal conforme a lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Remítase el legajo contentivo de la causa a los fines legales consiguientes. JUEZ SEGUNDO DE CONTROL ABG. SERVIO TULIO HERNANDEZ LA FISCAL UNDECIMA DEL M.P, ABG. LISBETT ROJAS LA DEFENSA PRIVADA ABG. JESÙS ENRIQUE SILVA PADRÒN EL IMPUTADO, DANIEL BLANCO LA SECRETARIA, ABG. MARIA MERCEDES ANZOLA CAUSA N° 2C-8714-06 STH/MMA