Noticia Detallada - TSJ Regiones

La ciudad de San Fernando de Apure cuenta con otra oficina de la Defensa Pública Municipal, la cual prestará sus servicios en la recién inaugurada Fiscalía Municipal Segunda, ubicada en el complejo urbanístico Santa Inés, a los fines de municipalizar la justicia y que los servidores públicos se acerquen de forma directa a los miembros de esa comunidad. La puesta en marcha de esta nueva dependencia de la Defensa Pública fue posible gracias al apoyo del gobierno regional y la gestión del Defensor Público General, Ciro Araujo.

La inauguración se realizó en el marco de la apertura de la nueva Fiscalía Municipal Segunda de Apure, a cargo de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. También asistieron el gobernador del estado, coronel Ramón Carrizales; la alcaldesa del municipio San Fernando, Ofelia Padrón; el Juez Rector, Francisco Velázquez; la Fiscal Superior del estado, Carmen Padrón; la Directora del Despacho del Defensor Público General, Norbella Fonte; la Coordinadora Regional de la Defensa Pública, Carol Padrino, entre otras autoridades de los poderes públicos y militares de la localidad.

Hay que destacar que las Fiscalías Municipales son instancias del Ministerio Público que tienen como objetivo fortalecer y consolidar los vínculos entre la mencionada institución y el poder popular, en el marco de la visión de Estado. La Fiscalía Municipal Segunda tendrá competencia en las parroquias San Fernando, El Recreo, San Rafael de Atamaica y Peñalver.

Al respecto, Ortega Díaz aseguró que con esta dependencia la comunidad recibirá los beneficios de la justicia, por lo que exhortó a los ciudadanos a que acudan a la mencionada fiscalía a formular sus denuncias; así como a participar en los programas de prevención que contribuirán a mejorar su calidad de vida.

Culminado el acto la coordinadora de la DP, Carol Padrino, indicó que los Defensores Públicos brindarán asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos y ciudadanas que así lo requieran, miembros de la comunidad Santa Inés, “sin distinciones de clase socioeconómica, edad, credo. Es un deber de todos los funcionarios y funcionarias atender de forma directa al Poder Popular”.