Noticia Detallada - TSJ Regiones

La Oficina Regional de Atención y Participación Ciudadana promovió y realizó una reunión con las comunidades aledañas al Circuito Penal de San Fernando de Apure, en la que participó el equipo del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales (SUNACOP), con el objeto de impulsar la producción de bienes.

Como se recordará el Plan Estratégico del Poder Judicial 2013-2019, plantea, en la línea estratégica número 4, "promover estrategias para mejorar la calidad de vida de las comunidades irradiando el entorno de las sedes del poder judicial, a través de la política del punto y círculo".

Explicó la analista Eulimar Durán de la ORAPC, que a través de esta línea estratégica se promueve la ruptura del paradigma de actuación del Poder Judicial que se limita solo a la actividad jurisdiccional, convirtiéndose en un agente impulsor para la transformación cultural y socio económica de las comunidades que comparten su entorno, bajo el principio de corresponsabilidad que consagra nuestra Constitución. "Ahora ustedes pueden ver y conversar cara a cara con los jueces y juezas en sus propias comunidades, plantearle sus inquietudes, igualmente, se impulsa, como en esta oportunidad, las actividades educativas para formar a los ciudadanos en tareas u oficios que le generen beneficios propios y a su entorno".

Por su parte, José Manuel García del SUNACOP, señaló que trascender esta lógica intramuros en la que las instancias públicas han estado inmersas durante tantos años, requiere la implementación de estrategias que vinculen a los órganos del Poder Judicial, sinérgicamente, "con su entorno socio comunitario a través de procesos de acompañamiento, asesoramiento y acciones concretas, dirigidas a crear las condiciones necesarias para el buen vivir y el desarrollo de una conciencia social y liberadora".

Por ello, el Poder Judicial adopta la estrategia de Punto y Círculo como instrumento que permitirá establecer una estrecha vinculación permanente entre las comunidades y las distintas instituciones públicas y privadas, a fin de impulsar las potencialidades económicas, educativas, culturales, deportivas y recreativas presentes en el radio de acción de cada sede judicial, promoviendo el desarrollo local sostenible y la consolidación de una cultura de paz.