Si bien es cierto, se desprende de los términos del escrito presentado que la parte actora solicita el pago de Prestaciones Sociales y demás beneficios laborales, debe entenderse que se trata de una querella, la cual surge como medio instrumental para garantizar las resultas del juicio y en consecuencia corresponde a este Tribunal revisar que la presente querella no esta incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 19, aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En tal sentido observa que la misma no se encuentra incursa en ninguna de las restantes causales revisadas, por lo que se ADMITE en cuanto ha lugar en derecho, y así se decide.-

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE la Querella Funcionarial, ejercida en contra del ESTADO APURE, interpuesta por la ciudadana Ramírez Herrera Ana Migdalia, venezolana mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 18.016.142, debidamente asistida por el abogado en ejercicio MARCOS GOITIA, venezolano mayor de edad, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 75.239, contra EL ESTADO APURE.-

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE la Querella Funcionarial, ejercida en contra del ESTADO APURE, interpuesta por la ciudadana Ramírez Herrera Iris Silais, venezolana mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 15.999.636, debidamente asistida por el abogado en ejercicio MARCOS GOITIA, venezolano mayor de edad, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 75.239, contra EL ESTADO APURE.-

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales, ejercida en contra del ESTADO APURE, interpuesta por el ciudadano Arturo José Cedeño Marcano, venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 5.358.705, debidamente asistido por el abogado en ejercicio Alberto Luís Bolívar guevara, venezolano mayor de edad, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 40.222, contra EL ESTADO APURE.-

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley Admite la Querella Funcionarial, ejercida en contra del Estado Apure, interpuesta, por el abogado Marcos Goitia, venezolano mayor de edad, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 75.239, en su condición de apoderado judicial de del ciudadano Amaya Ojeda Aimer Daniel, venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°. 17.200.788.

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley Admite, la querella interpuesta por el ciudadano Tovar Muñoz Yannys Israel, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°.18.993.421, debidamente asistido por el abogado en ejercicio Marcos Goitia, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°.11.756.223 e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 75.239, correspondiente a la demanda contentiva de Querella Funcionarial contra la vía de Hecho, conjuntamente con Cobro de Prestaciones Sociales en contra del Estado Apure.

Por las razones antes expresadas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, con sede en San Fernando de Apure Estado Apure, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara INADMISIBLE el COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES interpuesto por el ciudadano RAFAEL NICANOR GARCIA LAYA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 4.670.207, en contra del ESTADO APURE, por haber operado la Caducidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de Carrera Administrativa, aplicable ratione temporis. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza del fallo.