Por la motivación que antecede este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley Admite, la querella interpuesta por el ciudadano Eduardo José Badillo Pérez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°.19.828.731, debidamente asistido por los abogados Miguel Antonio Álvarez, Frederick Antonio Díaz Viera y Alonso J. Hidalgo Zapata, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 13.559.974, 17.200.228 y 10.615.981 e inscritos en los Inpreabogados bajo los Nros. 137.505, 137.506 y 95.096, correspondiente a la demanda contentiva de Querella Funcionarial contra la vía de Hecho, conjuntamente con Cobro de Prestaciones Sociales en contra del Estado Apure.

Por todos los razonamientos de hecho y de derecho, este Tribunal en Funciones de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda: PRIMERO: Decretar la aprehensión en flagrancia del adolescente IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 65 PARAGRAFO 2 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, de conformidad con las previsiones del artículo 557 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. SEGUNDO: Se acepta la precalificación dada al hecho por el Representante del Ministerio Público, como delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto en el artículo 458 en concordancia con lo establecido en el artículo 82, ambos del Código Penal. TERCERO: Se ordena continuar la investigación por los trámites del procedimiento del procedimiento ordinario.....

se HOMOLOGA EL ACUERDO CONCILIATORIO planteado entre los ciudadanos ELADIO ENRIQUE CORDOBA CONTRERAS y DILIA YUMIL SOLANO MUJICA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. 16.511.735 y 18.147.634, respectivamente, conforme a los artículos 315 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.-