en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA TÍTULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD Y POSESIÓN, suficiente sobre las bienhechurías construidas sobre un terreno de propiedad municipal, según consta de Autorización expedida por la Sindicatura del Municipio San Fernando del estado Apure, en fecha Catorce (14) de Diciembre del año dos mil Veinte (2020); dicho terreno consta de (182,00 MTS2), ubicado en el "BARRIO CAMPO ALEGRE, CALLE LA GUAMITA, PARROQUIA SAN FERNANDO", Municipio San Fernando, Estado Apure, comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE: CASA DE FAMILIA ROJAS, en (14,00 Mts); SUR: CASA DE LA FAMILIA CARRILLO, en (14,00 Mts); ESTE: CASA DE LA FAMILIA TRANQUINI Y VEREDA CON SALIDA A LA CALLE LA GUAMITA, en (13,00 Mts); y OESTE: CASA DE FAMILIA GUILLEN, en (13,00 Mts), sobre las cuales ha construido con dinero de su propio peculio, a sus solas y únicas expensas, una (01) casa de construcción mampostería o bloque, de dos (02) p.....

Bienhechurías estas que se determinan en la Solicitud y mediante Justificativo de Testigos evacuados ante este Tribunal, dichas bienhechurías se encuentran fomentadas a las únicas y propias expensas de la ciudadana PETRA DAMIANA CARRILLO, plenamente identificado. Se ordena devolver estas resultas a la parte solicitante.

Por no configurarse ninguno de los supuestos de inadmisibilidad establecidos en el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, se admite la pretensión con sustento en el numeral 5 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. Este Tribunal Superior se reserva el lapso establecido en el segundo párrafo del artículo 442 de la ley adjetiva penal, para resolver el fondo de la cuestión planteada.

"(...)Se CONFIRMA el fallo en consulta, dictado por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, dictado en fecha doce (12) de diciembre de 2019, el cual declaró: Parcialmente Con Lugar la demanda por cobro de salarios caídos y demás beneficios laborales, intentada por la ciudadana Juana del Carmen Serrano, debidamente representada por los Abogados José Calazán Rangel y Agustín Jiménez, contra la Corporación Nacional de Alimento Escolar, S.A. (CNAE, S.A.)(...)"