Por la motivación que antecede este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE la demanda interpuesta por el ciudadano JOSE FELIX PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 8.169.489, debidamente asistido por la Abogada en ejercicio ADELA RAMIREZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 65.410, en contra del INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO APURE (INVAP- APURE).-

Por lo antes expuesto, visto el documento de transacción consignado en fecha 09 de Marzo de 2009 (folios 126 al 128), en el cual las partes dan por concluidas las reclamaciones a que se refiere la causa, y dado que el objeto de la transacción del Convenimiento no es contrario al orden público y versa sobre derechos disponibles, conforme a las previsiones del Código Civil, debe necesariamente este Juzgado Superior homologarla, y así se declara.

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur, con sede en San Fernando de Apure, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el presente COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, ejercido por la ciudadana MARIA CONCEPCION SIDRAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 3.349.727, debidamente representada por el abogado en ejercicio ALEXIS RAFAEL MORENO LOPEZ, Inscrito en el inpreabogado bajo el N° 15.984, contra el MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DE INTERIOR Y JUSTICIA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.-

En razón de lo anterior, este Tribunal deja expresa constancia que la presente causa se encuentra evidentemente suspendida, desde la fecha 05/03/2009 conforme a lo preceptuado en la norma arriba citada, en virtud de la consignación en el presente expediente judicial de la notificación practicada al Procurador General de la Republica (en virtud que dicho lapso implica la suspensión del proceso y debe respetarse a cabalidad -Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sentencia de fecha 24 de octubre de 2000, en el expediente N° 00-1463, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero -, y toda vez que el artículo 174 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario señala que en el auto que se declare admisible el recurso, debe notificarse al Procurador o Procuradora General de la República).-