Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente acción de DIVORCIO, intentada por el ciudadano CESAR ENRIQUE HERNANDEZ SOLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 10.559.569, domiciliado en la población de "La Estacada", Calle Principal, casa s/n, al lado del Hospital, Parroquia Rincón Hondo, Municipio Autónomo Muñoz del Estado Apure, en contra de la ciudadana CARMEN ARELYS CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N° V-12.323.401, domiciliada en el Barrio La Pica-Pica, Calle Principal, casa s/n, detrás del Bar del ciudadano Víctor Araque, de la población de "La Estacada", Parroquia Rincón Hondo, Municipio Autónomo Muñoz del Estado Apure, y así se decide. En consecuencia .....

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente acción de DIVORCIO, intentada por el ciudadano CESAR ENRIQUE HERNANDEZ SOLANO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 10.559.569, domiciliado en la población de "La Estacada", Calle Principal, casa s/n, al lado del Hospital, Parroquia Rincón Hondo, Municipio Autónomo Muñoz del Estado Apure, en contra de la ciudadana CARMEN ARELYS CASTILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N° V-12.323.401, domiciliada en el Barrio La Pica-Pica, Calle Principal, casa s/n, detrás del Bar del ciudadano Víctor Araque, de la población de "La Estacada", Parroquia Rincón Hondo, Municipio Autónomo Muñoz del Estado Apure, y así se decide. En .....

En atención al anterior criterio jurisprudencial, se colige que el Juez tiene un amplio poder que le permite tomar cualquier medida para garantizar el derecho constitucional a la Tutela Judicial Efectiva y el único criterio que debe ser siempre valorado por el Juez, para la adopción de una medida es la concurrencia del fomus boni iuris y del periculum in mora, y en el caso de autos considera ésta Juzgadora que el objeto del presente juicio donde se solicita la cautelar es el pago de la cantidad de: UN MILLON CIENTO TREINTA MIL BOLÍVARES CON 00/100 CTS. (Bs. 1.130.000,00), por concepto de honorarios profesionales causados en juicio, lo cual está debidamente probado con las actuaciones judiciales consignadas en copias fotostáticas certificadas anexas al escrito libelar, demostrando la procedencia del fomus boni iuris, y evidentemente considera quien aquí decide que de no otorgar la medida requerida, puede precaver una eventual lesión al derecho del abogado, impidiendo el cobro del monto.....