INADMISIBLE la querella intentada por el ciudadano Jesús Norberto Alfonzo Fuentes, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.236.662, representado judicialmente por el abogado ELÍAS ELICAR ASCANIO SOLÓRZANO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 81.438, en contra de la Resolución N° 103-05 emanada de la Alcaldía del Municipio Biruaca del Estado Apure, notificada al accionante el 04 de abril de 2005, cuya representación ostentó el abogado DENNYS ALBERTO ORTA PUERTA.

Por todo lo anteriormente expuesto, esté Tribunal Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, interpuesto por la ciudadana PÉREZ GLADIS ARMELINDA en contra del ESTADO APURE. SEGUNDO: Se ordena al ESTADO APURE, pagar la cantidad de VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 26.365.184,34). TERCERO: No se cancelara pago por Cesta Ticket ni el bono único. CUARTO: Se ordena la experticia complementaria del fallo para el cálculo de los intereses moratorios desde 01 de marzo de 2006, hasta la ejecución de la sentencia.

En vista de los anteriores razonamientos, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley declara: 1. HOMOLOGADO el convenimiento realizado por los ciudadanos EDWIN ANTONIO COLMENARES, LISSET SUÁREZ ARTILES Y MARIA A. ARACAS, en el carácter de apoderados judiciales del Consejo Legislativo del Estado Apure, y los ciudadanos José Calazan Rangel y Wilfredo Chompré Lamuño, en el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos DARÍO BARRIENTOS Y OTROS. 2. Se DECLARA la presente causa como Cosa Juzgada y se da por terminado el proceso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 255 de la Código de Procedimiento Civil.