Es por ello, que al ser la parte demandada la GOBERNACION DEL ESTADO APURE donde el estado tiene participación decisiva, este tribunal acuerda REPONER LA PRESENTE CAUSA al estado en que se DECRETE LA EJECUCION VOLUNTARIA, para lo cual se le concede un lapso de sesenta (60) días siguientes a su notificación al Procurador General del Estado Apure, para que le de cumplimiento a lo decidido por el Tribunal suprimido donde se condena a pagarle las Prestaciones Sociales a la ciudadana FRANCISCA DE JESUS LOVERA, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 2.520.211, por la cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO BOLÍVARES CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 128.904.468,73), de conformidad con el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 85 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por aplicación analógica del articulo 11 d.....

Ahora bien, considera quien aquí se pronuncia, que la referida subsanación si bien es cierto se realizó en el lapso previsto en la norma (2 dias habiles siguientes), no es menos cierto que las correcciones solicitadas por este Tribunal no llenan las exigencias de un despacho saneador; en el sentido que la demandante de autos, si limitó a señalar que acompañaba cuadros anexos, los cuales explicaban las correcciones requeridas por el Tribunal, sin describir en el escrito de subsanación el contenido del cuadro, ya que el anexo no se puede considerar como una subsanación de las omisiones del escrito libelar; en consecuencia, este Tribunal considera que la parte demandante no subsanó en los términos indicados, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.