Las constancias e informes relacionados con las actividades laborales del penado anexados a la presente solicitud, determinan que el mencionado penado se encuentra laborando desde el 21-10-2008, hasta 29-01-2009 y desde el 05-02-06 hasta el 14-06-07; ha transcurrido un tiempo de trabajo de UN (01), AÑO, SIETE (07) MESES Y TRECE (13) DIAS, en consecuencia, por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, de conformidad con lo pautado en el artículo 479 ordinal l° del Código Orgánico Procesal Penal y el articulo 3° de la Ley de Redención Judicial de la Pena por el Trabajo y el Estudio. ACUERDA: REDIMIR CINCO (05) MESES, VEINTISÉIS (26) Días DE LA PENA TOTAL QUE CUMPLE EL PENADO: ADRIAN AVÍSAEL UTRERA BOLÍVAR. Notifíquese a las partes. Líbrese boleta de traslado. LA JUEZ ABG. YULI BALI ARVELO

PERIMIDO e INADMISIBLE por NO SUBSANAR el presente libelo de demanda interpuesta por el ciudadano YENIR DE LOS SANTOS NAVARRO GONZÁLEZ identificado en autos, representado judicialmente por el ciudadano MARCOS GOITÍA, abogado en ejercicio, identificado en autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PRIMERO: Se imparte la Homologación dándole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente expediente, una vez conste en autos el pago de lo convenido por las partes intervinientes en el presente juicio.

PRIMERO: Se imparte la Homologación dándole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente expediente, una vez conste en autos el pago de lo convenido por las partes intervinientes en el presente juicio.

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio de COBRO DE BOLVARES POR INTIMACIÓN, incoado por la ciudadana MIREYA JOSEFINA GARCIA contra ELBA JOSEFINA VENEGAS MENDOZA, ELIDE ROSELYN GALINDO y ELBA ROSANGELA GALINDO VENEGAS, y así se decide. Notifíquese a la parte actora y a la demandada ELBA JOSEFINA VENEGAS MENDOZA, quien fue la única codemandada citada en la presente causa. Igualmente se ordena levantar la medida decretada en el decreto intimatorio una vez quede firme la presente decisión Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal siendo las 11:00 a.m. del día de hoy, cinco (05) de Octubre de dos mil nueve (2009). 199° de la Ind.....

Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA al Tribunal de Primera Instancia en función de Control del Sistema Penal de Responsabilidad del adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Apure extensión Guasdualito, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal. Cúmplase.

Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLINA LA COMPETENCIA al Tribunal de Primera Instancia en función de Control del Sistema Penal de Responsabilidad del adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Apure extensión Guasdualito, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal. Cúmplase.

Es por todo lo antes expuesto que este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECRETA LA DESESTIMACIÓN, a favor de NIETO NAVAS YORVIS MARIA, por la comisión del delito de AMENAZA, previsto en el artículo 176 del Código Penal. En perjuicio de CONTRERAS SEPULVEDA SORAIDA CECILIA. Una vez firme el presente auto, se acuerda devolver las presentes actuaciones a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público para su archivo. Todo de conformidad con los artículos 301 y 302 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes.

Es por todo lo antes expuesto que este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECRETA LA DESESTIMACIÓN, a favor de GONZALEZ CISNEROS GREGORIA EVELIN, por la comisión del delito de AMENAZA, previsto en el artículo 176 del Código Penal. En perjuicio de IRLANDA ELIZABETH QUINTERO PEÑA. Una vez firme el presente auto, se acuerda devolver las presentes actuaciones a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público para su archivo. Todo de conformidad con los artículos 301 y 302 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes.

(...) Por todos los razonamientos antes expuestos éste Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se imparte la Homologación dándole el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por cuanto fueron canceladas las Prestaciones Sociales al ciudadano ELOVIS ANTONIO ESPINOZA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V- 9.594.260 y de este domicilio, por parte del ciudadano Francisco Barboza, en consecuencia extinguido el proceso; SEGUNDO: Se ordena el cierre y archivo definitivo del presente expediente; TERCERO: Se ordena su remisión a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación Laboral a los fines de su archivo definitivo; CUARTO: No hay condenatoria en costas de conformidad con el parágrafo único del artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.