Primero: Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de Prestaciones Sociales y demás conceptos laborales), interpuesto por al ciudadano Rafael Antonio Rico, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 11.238.348, representado judicialmente por la abogado en ejercicio y de este domicilio Elvia Matute Pérez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 96.916 contra la Gobernación del estado Apure; ello con fundamento a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, se condena al órgano querellado cancelar al querellante la cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS BOLIVARES CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs.69.322, 46), por los conceptos especificados en la motiva de esta sentencia. Segundo: Se niega el pedimento efectuado por la parte querellante en el sentido de que fuere condenado el querellado a paga.....

Primero: Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de Prestaciones Sociales y demás conceptos laborales), interpuesto por la ciudadana MILAGROS VALENTINA GARCIA MEZA venezolana, mayor de edad de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 10.624.215, abogada en ejercicio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 75.685 quien actuó en su propio nombre y representación contra el INSTITUTO AUTONOMO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO APURE (I.N.V.A.P.); ello con fundamento a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, se condena al ente querellado cancelar a la querellante la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO BOLIVARES CON ONCE CENTIMOS (Bs.82.788, 11), por los conceptos especificados en la motiva de esta sentencia.

Primero: Parcialmente Con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Cobro de Prestaciones Sociales y demás conceptos laborales), interpuesto por el ciudadano CESAR DANIEL BARRIOS venezolano, mayor de edad de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 12.900.905, representado judicialmente por el abogado en ejercicio y de este domicilio Elvia Matute Pérez, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 96.916 contra la Gobernación del estado Apure (Comandancia General de Policía del estado Apure); ello con fundamento a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, se condena al órgano querellado cancelar a la querellante la cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTIUN BOLIVARES CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs.56.021, 39), por los conceptos especificados en la motiva de esta sentencia.

Por todos los razonamientos de hecho y de derecho, este Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: Siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal y teniendo el mismo la potestad de solicitar la aplicación del procedimiento a seguir en la presente investigación, se acuerda que el mismo sea llevado por la vía del procedimiento especial conforme a lo señalado en el encabezamiento del artículo 94 de la ley Orgánica Sobre El Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y se decreta con lugar a aprehensión en flagrancia conforme a lo estatuido en el artículo 93 ejusdem. SEGUNDO: Se admite la precalificación dada por el Ministerio Publico por los delitos de de VIOLENCIA PSICOLOGICA, VIOLENCIA FISICA, ACOSO U HOSTIGAMIENTO, previstos y sancionados en los artículos 39, 42 y 44 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las .....

HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos de conformidad con el artículos 315, 366 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes.

Por todas las razones antes expuestas, éste Tribunal Segundo de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en la ciudad de San Fernando de Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: Único: En atención a lo establecido en el artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, SE DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE LA DEFENSA PÚBLICA PENAL, presentada por el Abogado Jackson Chompré, en su carácter de Defensor Público del imputados de autos OJEDA BARREÑO ANGEL RAFAEL, a los fines de que promueva las pruebas que ha bien tenga lugar en la defensa relacionada con su defendido. Notifíquese al solicitante. Publíquese, Regístrese, Diarícese y Déjese copia certificada. Cúmplase. En la ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure a los diez días del mes de noviembre del año Dos Mil Diez (10-11-2010).- EL JUEZ SEGUNDO DE CONTROL ABG. MIGUELÁNGEL ESC.....

DISPOSITIVA Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, este Juzgado del Municipio Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, por cuanto el referido convenimiento no es contrario al orden publico, a las buenas costumbres ni a ninguna disposición expresa de la Ley, así mismo; dando cumplimiento a las disposiciones contempladas en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Venezuela, específicamente los Artículos 19 del Pacto de San José de Costa Rica, y el Artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como los Artículos 3 y 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aplicables de manera inmediata y directa por los Tribunales de la República, conforme lo dispone el Artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, admite y HOMOLOGA el convenimiento suscrito por el ciudadano, LUIS ENRIQUE GARCIA y la ciudad.....

Por todo lo antes expuesto que este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CRIMINAL, a favor del penado IMER JOEL MÁRQUEZ SAJAJU, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-17.690.695, nacido el 03 de Mayo de 1986, residenciado en la Bomba la Rinconada, Sector Torbes Vega de Aza, Estado Táchira, quien fue condenado por la comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (vigente para el momento en que ocurrieron los hechos), cometido en perjuicio del Estado Venezolano. En consecuencia, queda IMER JOEL MÁRQUEZ SAJAJU, en Libertad Plena. Todo de conformidad con el artículo 105.....

Es por todo lo antes expuesto que este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECRETA LA DESESTIMACIÓN, que se sigue en contra de JULIO RAMIREZ por la comisión del delito de AMENAZA, previsto en el artículo 176 del Código Penal. En perjuicio de RIXIO JOSE RIVERO MARTINEZ. Una vez firme el presente auto, se acuerda devolver las presentes actuaciones a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público para su archivo. Todo de conformidad con los artículos 301 y 302 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes

Es por todo lo antes expuesto que este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECRETA LA DESESTIMACIÓN, que se sigue en contra de BRAYAN DE JESUS ESCOBAR URDA por la comisión del delito de AMENAZA, previsto en el artículo 176 del Código Penal. En perjuicio de GREYMAR ONOFRE PADRON. Una vez firme el presente auto, se acuerda devolver las presentes actuaciones a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público para su archivo. Todo de conformidad con los artículos 301 y 302 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes.