Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley Homologa el Convenimiento efectuado por la ciudadana Armanda Arteaga Hernández, en su carácter de Procuradora General del Estado Apure, y el abogado Marcos Goitia, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.239, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Herrera Sánchez Johanna Carolina, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 16.511.820, como consecuencia de la anterior declaratoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, se declara la presente causa como Cosa Juzgada y se da por terminado el proceso.

Estando dentro del lapso de tres (03) dias establecido en el artículo 240 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, de los cuales falta un (01) dia para que expire dicho lapso. Este Juzgado administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: SIN LUGAR la apelación ejercida en fecha 09 de junio de 2009, por el abogado HUGO MANUEL PINO, con el carácter de autos, en contra de la sentencia interlocutoria dictado en fecha 02 de junio de 2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, que repuso la causa al estado de admitir la Querella Interdictal Restitutoria, ejercida por la ciudadana Margie Noraida Mendoza de Bilal, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-9.873.793, en su carácter de apoderada especial de la ciudadana Natividad Pastorila Ramos de Mendoza, en contra del ciudadano Celso Celestino Hid.....

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE la Querella Funcionarial Contra La Vía De Hecho Conjuntamente Con Beneficios Laborales, interpuesta por el ciudadano CASTRO ALAN SINOHED, venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 16.639.666, debidamente asistido por los abogados en ejercicio MIGUEL ANTONIO ALVARES, FREDERICK ANTONIO DÍAZ VIERA y ALONSO J. HIDALGO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. 13.559.974, 17.200.228 y 10.615.981, e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 137.505, 137.506 y 95.096, contra EL ESTADO APURE.-

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE la Querella Funcionarial, contra la vía de Hecho conjuntamente con el pago de sus Prestaciones Sociales, interpuesta por la ciudadana LOPEZ RODRIGUEZ ABDIAS OTHONIEL, venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 12.904.665, debidamente representado por el abogado MARCOS GOITIA, inscrito en el inpreabogado bajo el N° 75.239, contra EL ESTADO APURE.-

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ADMITE la demanda por Cobro De Diferencia De Prestaciones Sociales, por la ciudadana MARINA ELIZABET NAVARRO, venezolana mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 4.138.301, debidamente asistida por los abogados en ejercicio Ysaias Alberto Fernández y Jesús Wladimir Cordoba, venezolanos, mayores de edad, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 76.280 y 133.170, contra EL ESTADO APURE.-

Estando dentro del lapso de cinco (05) días de despacho para dictar el dispositivo del fallo, tal como lo establece el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Este Juzgado administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: CON LUGAR, la presente querella interpuesta por el ciudadano RAFAEL ROLANDO CORREA, portador de la cédula de identidad N° 10.134.750, debidamente representado por el abogado VÍCTOR ARMINIO ALTUNA GARCÍA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 39.118, en la presente QUERELLA FUNCIONARIAL DE NULIDAD, en contra EL MUNICIPIO AUTÓNOMO RÓMULO GALLEGOS DEL ESTADO APURE.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley Homologa el Convenimiento efectuado por la ciudadana Armanda Arteaga Hernández, en su carácter de Procuradora General del Estado Apure, y el abogado Marcos Goitia, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.239, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Hernández Luis Daniel, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.15.145.414, como consecuencia de la anterior declaratoria y de conformidad con lo establecido en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, se declara la presente causa como Cosa Juzgada y se da por terminado el proceso.

Estando dentro del lapso de cinco (05) días de despacho para dictar el dispositivo del fallo, tal como lo establece el artículo 107 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, de los cuales falta un (01) dia para que expire dicho lapso; es por lo que este Juzgado Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: CON LUGAR, la querella por PENSION DE JUBILACION, interpuesta por el ciudadano MANUEL MARIA CASTILLO ALVAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.769.517, debidamente asistido por los abogados en ejercicio MARVIN RUFINO SOLORZANO y JOSE ANTONIO GONZÁLES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos: 127.004, y 126.502, mediante la cual solicita al CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO APURE, el pago de sus prestaciones sociales y otros conceptos derivados de su relación laboral.