IV DISPOSITIVA En virtud de lo anterior, esta Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACUERDA: UNICO: Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación de auto incoado por el Defensor Público Primero Abogado VICTOR GARCÍA FLORES, en representación del acusado RUBÉN EFRAÍN CASTILLO SILVA, ya identificado Ut Supra, procesado por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR y PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, contra la decisión dictada en fecha 25 de abril de 2008 por el Tribunal Primero de Juicio de este Circuito Judicial Penal que declaró sin lugar la solicitud de sustitución de Medidas Cautelares menos gravosas, en virtud del decaimiento de la medida de coerción personal de Privación de Libertad por haber transcurrido los dos (02) años referidos en el artículo 244 del Código Orgá.....

Visto el pedimento y definitivamente firme como ha quedado la Sentencia dictada por este Tribunal en fecha 16-07-2.008 se ordena su ejecución.-

En consecuencia el Tribunal acuerda expedir copias certificadas y junto con oficios remítase a las Autoridades Civiles competentes.- Igualmente expídanse copias certificadas de la Sentencia a la parte interesada y del auto que la provea, de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil. Librese lo conducente Cúmplase.-

Se ordena su ejecución.- En consecuencia el Tribunal acuerda expedir copias certificadas y junto con oficios remítase a las Autoridades Civiles competentes, a los fines que estampe Nota Marginal respectiva.- Igualmente expídase copias certificadas de la Sentencia y del presente auto.-

Es por todo lo antes expuesto y habida cuenta de que en un Estado de derecho como el nuestro, democrático, social y de justicia, entre cuyos valores a proteger se tiene a la vida y la responsabilidad social, como dones supremos de la República Bolivariana de Venezuela, es que este Tribunal Primero de Primera Instancia Penal, actuando en fase de juicio e integrado en forma mixta por el Juez Presidente Abg. SERVIO TULIO HERNANDEZ URDANETA y los ciudadanos Escabinos, CARLOS ALBERTO ALTUVE MEJÍAS (titular 1), y DALYS YADELSI NOVOA LEÓN, (titular 2), previa deliberación, y por unanimidad, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley. DECLARA: PRIMERO: INOCENTE al ciudadano APARÍCIO LA CRUZ OMAR ENRIQUE, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V ¿ 5.640.292, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 24 ¿ 01 ¿ 1.954, de profesión u oficio chofer, de Estado Civil Casado, residenciado en la ca.....

En consecuencia, el Tribunal de lo antes expuesto, y debido que la conciliación por conceptos de Pago de Prestaciones Sociales Y Demás Beneficios Laborales, es producto de la voluntad libre, consciente y espontánea expresada por las partes; y por cuanto dichos acuerdos tienden a garantizar una armoniosa resolución de las controversias a que se refieren los procesos y a reestablecer el equilibrio jurídico entre las partes; y en virtud de que la presente transacción laboral celebrada por las partes versa sobre derechos disponibles y, por último, tomando en cuenta que los acuerdos de las partes van en sintonía con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su propósito de estimular los medios alternativos de solución de los conflictos; con los principios dispuestos en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la tendencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de promover la mediación y la conciliación como mecanismo adecuado y conveniente p.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por cobro de prestaciones sociales, intentada por el ciudadano TORRES PEDRO JUAN, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 2.216.937, asistido por el abogado en ejercicio ciudadano Marcos Goitía, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 75.239, contra el SERVICIO AUTÓNOMO DE VIVIENDA RURAL SECCIONAL ESTADO APURE (SAVIR); SEGUNDO: se ordena: el pago de Novecientos Treinta y Dos Bolívares Fuertes con Ochenta y Seis Céntimos (Bs. F 932,86) por concepto de Total antiguo régimen; el pago de Siete Mil Seiscientos Noventa y Cuatro Bolívares Fuertes con Ochenta y Un Céntimos (Bs. F 7.694,81) por concepto del Total adeudado de conformidad con el Artículo 668 de la Ley Orgánic.....

El criterio para determinar la competencia en demandas sobre cobro de prestaciones sociales, como la del caso bajo estudio, se fundamenta en la relación que existió entre las partes, debiendo considerarse, no sólo la naturaleza pública del demandado, sino la específica relación que regía entre ellos. De las actas procesales se desprende que la relación de trabajo que mantuvo el accionante con el CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO BIRUACA DEL ESTADO APURE, es regida por la Ley del Estatuto de la Función Pública, donde tenia previamente establecida las funciones inherentes a un Consejero de Protección del Niño, Niña y Adolescente, de tal manera que la relación de trabajo que hubo entre la ciudadana Ligia Yolanda Montezuma Mendoza, demandante y el demandado fue de carácter estatutario que caracteriza la relación de Empleo Público entre la administración y sus administrados y no de carácter contractual como la que rige la Ley Orgánica del Trabajo. .....

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1. El ABANDONO DEL TRÁMITE y en consecuencia EXTINGUIDA LA INSTANCIA, en el recurso de Amparo Constitucional, interpuesto por el ciudadano Alberto Luís Bolívar Guevara, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano Jocorides Venegas, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.735.981, en contra del Instituto Nacional de Canalizaciones. 2. SE IMPONE UNA MULTA, a la parte recurrente por la cantidad de Cinco Bolívares Fuertes Con Cero Céntimos (BS. 5,OO), conforme lo previsto en el único aparte del artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Declara bastante y suficiente las presentes actuaciones a favor de la ciudadana MILAGROS JOSEFINA ARANA CAMACHO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 6.852.734, actuando en este acto en representación de los Hnos. (Identidad omitida de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente), así mismo a los ciudadanos CARLOS ALBERTO RICO y MARIA OSKARINA ZAPATA a quienes se declaran como "UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS", del De-Cujus GUSTAVO JOSE GALINDO MARTINEZ, quien fuera titular de la Cédula de Identidad N° 4.998.701, con el carácter de hijos del mismo, GESTIONEN ante los organismo competentes los beneficios correspondientes, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil Venezolano.- Se dejan a salvo los derechos de terceros. Evacuadas como han sido las presentes diligencias, devuélvase las actuaciones originales a la parte interesada.-