Ante la no admisión de los hechos del ciudadano JUAN CARLOS OLIVO FERNÁNDEZ, titular de la cédula de la identidad N° V-18.544.873, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal Venezolano y USO DE FACSIMIL DE ARMA DE FUEGO, tipificado en el artículo 114 de la Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones, se declara concluida la FASE INTERMEDIA, y se ordena la APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO de la presente causa, conforme al artículo 314 numeral 4º ejusdem.

Ante la no admisión de los hechos del ciudadano JAVIER ANTONIO RUIZ MORENO, titular de la cédula de la identidad N° V-26.316.382, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE PERPETRADOR, previsto y sancionado en el artículo 405 numeral 1 en concordancia con el artículo 83 ambos del Código Penal Venezolano, con las agravantes contenidas en el artículo 217 de la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se declara concluida la FASE INTERMEDIA, y se ordena la APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO de la presente causa, conforme al artículo 314 numeral 4º ejusdem

Declara Extinguida la Instancia en el presente proceso de Divorcio 185-A Contencioso, instaurado por el ciudadano MIGUEL JOSE LANDAETA BETANCOURT, titular de la cedula de identidad Nro. V- 15.513.774, debidamente asistido de Abogado, en contra de la ciudadana ADREINA SARAI ZAPATA GARRIDO, titular de la cedula de identidad Nro. V- 16.512.033, padres biológicos de los hermanos (Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), por la incomparecencia de la solicitante ha dicho Acto.

DECISIÓN Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, con sede en la ciudad de San Fernando, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que la ley le confiere, DECLARA: PRIMERO: Se considera ajustado a derecho el Archivo de las Actuaciones 1C-20.733-16, conforme a lo establecido en el artículo 364 del Código Orgánico Procesal Penal, sin perjuicio de la reapertura del mismo cuanto surjan nuevos elementos de convicción. SEGUNDO: Remitir las Presentes actuaciones al Archivo Regional en su oportunidad legal. Notifíquese a las partes. Cúmplase. JUEZ PRIMERO DE CONTROL ABG. EDWIN MANUEL BLANCO LIMA.

UNICO: SIN LUGAR, la solicitud en cuanto a la fijación de la práctica del reconocimiento en rueda de individuos requerida por el ABG. JUAN CARLOS BOLIVAR SANATANA, fiscal auxiliar Vigesimo del Ministerio Público, en el asunto penal 1C-20783-16, seguido al ciudadano YERSON ENRIQUE PEREZ, titular de la cédula de identidad N° V- 25.005.975, por la presunta comisión del delito ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal. Notifíquese. Cúmplase.

PRIMERO: SIN LUGAR, la solicitud de medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad, requerida por la Defensora Pública ABG. KENIA ECHENIQUE DE FARFAN, a favor del ciudadano ALEXIS JOSE BETANCOURT PINTO, titular de la cedula de identidad N° V-21.008.607, por el delito de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, y adicionalmente del delito de USO DE FACSIMILE DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 114 de la Ley para el Desarme Control de Armas y Municiones, para el ciudadano ALEXIS JOSE BETANOURT PINTO. SEGUNDO: Improcedente la solicitud de revisión de medida requerida a favor del ciudadano ISAAC MANUEL MONTILLA VIERA, INCODUMENTADO, toda vez que ya en fecha 9-9-2016 le fue sustituida la misma a solicitud del Ministerio Público.

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, considera procedente lo solicitado, HOMOLOGA el acuerdo planteado por los precitados ciudadanos, de conformidad con los artículos 358, 366 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACION, SUSTANCIACION Y EJECUCION DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE considera procedente lo solicitado, en consecuencia, se HOMOLOGA EL ACUERDO CONCILIATORIO, planteado por los precitados ciudadanos en todos los términos por ellos expuestos, de conformidad con el articulo 315 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en concordancia con los artículos 365, 366 y 375 Ejusdem.-

Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos arriba mencionados, de conformidad con el artículos 366 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes.

DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: De conformidad con el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, ADMITE LA TOTALIDAD DE LA ACUSACION, interpuesta por el Ministerio Público en contra del ciudadano: HECTOR NAUDI BOLÍVAR QUINTANA, titular de la cédula de identidad N° V-10.623.308, por el delito de HURTO GENÉRICO, previsto y sancionado en el artículo 451 del Código Penal Venezolano, en perjuicio NOEMÍ SOFIA MALUENGA ABREU, en consecuencia se acuerdan sin lugar la solicitud de nulidad realizada por la defensa privada.- SEGUNDO: Se ADMITE LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS OFERTADAS, por el Ministerio Público, por ser legales, pertinentes y necesarias para el juicio oral y público, de conformidad con lo dispuesto en.....