Por los fundamentos antes expuestos este SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: DECLARA LA CONFESIÓN FICTA de la parte demandada ciudadana ANA LEIDA RODRÍGUEZ GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°12.581.775, con domicilio en la Perimetral Sur, casa sin número, frente a Neumáticos San Fernando Goord Yeard, San Fernando de Apure, de conformidad con el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la Acción de Resolución de Contrato, incoado por las abogadas MARY GRATEROL PETTI Y LESVIE VICTORIA RODRÍGUEZ, inscritas en el Inpreabogado bajo los N° 120.388 y 202.824 respectivamente, apoderadas judiciales de la ciudadana LILIA HEMAGORA VILLAMEDIANA BOLÍVAR, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 8.169.068, y de est.....

TERCERO: De lo antecedente, claramente se observa, que con la presente demanda se pretende el desalojo de un inmueble tipo oficina, y citado Artículo 4 de la Ley de la Regulación del Arrendamiento Inmobiliario Para Uso Comercial, ayuda a entender el alcance de dicha ley, respecto a qué tipo de actividades se refiere. No entran por tanto bajo su Amparo Ley los inmuebles utilizados como: 1) Viviendas; 2) Oficinas; 3) Industrias; 4) pensiones; 5) habitaciones; 6) residencias estudiantiles; 7) alojamientos turísticos o vacacionales y 8) fincas rurales. Además, están excluidos los terrenos sin edificaciones. En todos estos ocho casos más el de los terrenos sin edificar, no rige la Presente Ley. Entonces sus contratos se rigen según la naturaleza de la actividad. Por ejemplo, si son viviendas y en general cualquier recinto que se utiliza como vivienda, por la legislación de alquileres de vivienda. Si son industrias, se regirán por la todavía vigente Ley de Arrendamientos Inmobiliarios de 199.....

Ahora bien, si bien es cierto que el bien mueble del cual se solicito el decreto de medida y el reflejado en el contrato que pretende resolverse, no es menos cierto que la acción intentada va dirigida a obtener el Cumplimiento de Contrato Verbal de Ejecución de Mano de Obra. Es por todas las razones antes expuestas y en consecuencia, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil. Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela NIEGA la medida solicitada por cuanto no se encuentran llenos los extremos del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil y así se decide. Publíquese inclusive en la página Web, regístrese y déjese copia de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en San Fernando de Apure, a los diecis.....

Por los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio de DIVORCIO, incoada por el ciudadano RONALD ENRIQUE TOVAR, contra la ciudadana YURBI JOSEFINA PEREZ, y así se decide. Notifíquese a la parte demandante de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado, en la ciudad de San Fernando de Apure, a los dieciséis (16) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Diecinueve (2019). La Juez Temporal. Abg. AURI TORRES LAREZ.- El Secretario Titular, Abg. FRANCISCO RAMON REYES En esta misma fecha siendo las 11:30 a.m., previo el cumplimiento de las formalidades de Ley, se publicó y registró la anterior sentencia, inclusive en la página Web, dejándos.....

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: INCOMPETENTE para conocer del Recurso de Apelación, incoado por la ciudadana CARMEN BEATRIZ RIVERO, titular de la cédula de identidad Nº 8.194.602 , debidamente asistida por la abogada en ejercicio YNES MAIGULIDA QUINTERO, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº. 53.162, contra la Ciudadana YORLEY ALUDIMAR HERNANDEZ RIVERO, titular de la cédula de identidad Nº 25.261.954 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Segundo: DECLINA la competencia al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de es.....

Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, RATIFICA la Medida Colocación Familiar en Familia Sustituta, a favor de la niña.

En virtud de los razonamientos que preceden, esta Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a emitir los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Declara Sin Lugar, la pretensión interpuesta el 20-11-2015, por el ciudadano Abg. Iván Eduardo Landaeta Rodríguez, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano Carlos Alberto Blanco Rojas, contra la decisión dictada el 16-9-2014, y publicado su texto íntegro el 9-11-2015, por la Jueza 2ª de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, Abg. Sara Betancourt Gutiérrez, mediante la cual Condenó al ciudadano Carlos Alberto Blanco Rojas, a cumplir la pena de veintidós (22) años de prisión, por la comisión del delito de Homicidio Calificado con Alevosía en Grado de Cooperador, previsto en el artículo 406, numeral 1° del Código Penal, .....