(...) Conforme a lo antes expuesto, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Nulidad interpuesto por la ciudadana ILIANNY ALVARADO CEDEÑO, (...)

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, considera procedente y ajustado a derecho DECLARAR EXTINGUIDO EL PROCESO, conforme al artículo 472 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Visto lo anterior, y en virtud de que evidentemente se desprende de las actas que conforman el expediente que se encuentran demandados tanto el ciudadano DANIEL ANTONIO BLANCO y EFRAÌN PÉREZ SALAZAR, en su condición de ALCALDE el primero y SÍNDICO PROCURADOR MUINICIPAL el segundo, DEL MUNICIPIO BIRUACA DEL ESTADO APURE, por haber realizado actos registrales en el cumplimiento de funciones como Alcalde y Síndico Procurador Municipal, representando los intereses del Municipio Biruaca del Estado Apure, siguiendo el criterio establecido por la Sala Político Administrativa de nuestro Más Alto Tribunal, la acción intentada, a pesar de ser de naturaleza Civil, adquiere particular importancia con la participación de funcionarios que representan la Alcaldía del Municipio Biruaca del Estado Apure, razón por cual considera éste Tribunal que NO ES COMPETENTE POR RAZÓN DE LA MATERIA para conocer la presente causa. TERCERO: De lo anterior se infiere que el Tribunal competente en razón de la materia.....

este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos arriba mencionados, de conformidad con el artículos 366 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Con fundamento a las consideraciones que anteceden, este Juzgado del Municipio San Fernando de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley; DECLARA: 1°) CON LUGAR la demanda que por DESALOJO DE INMUEBLE incoara el ciudadano SAI YIN SHAM LEUNG, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº. 18.146.315, actuando en representación de los ciudadanos ALEJANDRO CHANG SIEM y JOSÈ ANTONIO CHANG SIEM, venezolanos, mayores de edad, comerciantes, titulares de las Cédulas de Identidad Nºs. 12.323.495 y 10.623.974, domiciliados en esta ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, según instrumento Poder autenticado por ante la Notaría Pública del Municipio San Fernando del Estado Apure, bajo el Nº. 11, folio 33, Tomo 27, Segundo Trimestre del año 2009, presentado en original y copia a efectos de que previa certificación le fuese devuelto el original, asistido por los Abogados A.....

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado del Municipio Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, así mismo; dando cumplimiento a las normas Especiales que rigen la materia y atendiendo a las disposiciones contempladas en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por Venezuela, específicamente los Artículos 19 del Pacto de San José de Costa Rica, y el Artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos así como, los Artículos 3 y 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño, aplicables de manera inmediata y directa por los Tribunales de la República, conforme lo dispone el Artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Declara LA CONFESIÓN FICTA del demandado, de conformidad con lo previsto en el articulo 362 del Código de Procedimiento Civil y en razón de ello, CON LUGAR, la .....

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, sin perjuicios de terceros de igual o mejor derecho y de conformidad en lo establecido en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil, DECLARA: como Justificativo para Perpetua Memoria por lo que se considera suficiente para declarar a la adolescente (se omite la identidad de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) como CARGA FAMILIAR de la ciudadana GEORGINA ELIZABETH GIL, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº 8.162.612 para que gocen de todos los beneficios que le pueda brindar la ciudadana antes mencionada.-

V DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriores, este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: SIN LUGAR la cuestión previa contemplada en el ordinal 8º del artículo 346 del Procedimiento Civil, alegada por la parte demandada, ciudadano Miguel Antonio Correa asistido por los abogados Mary Graterol Petti, y Edilver José Rodríguez Sira, inscritos en el Inpreabogado Nro.120.388 y 195.447, en el juicio que Incumplimiento de Contrato, sigue en su contra los ciudadanos Jairo José Zambrano Hernández y Fátima Del Rosario Baptista Silva, asistidos por los abogados Agustín Olís Jiménez Silva y Clemides Abigail Bohórquez Rattia, inscritos en el Inpreabogado, bajo los Nros. 96.724 y 169.716. SEGUNDO: Se condena en costas a la parte opositora de las cuestiones previas conf.....