En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, asumiendo la potestad de Juez Constitucional, declara IMPROCEDENTE el Recurso de Amparo Cautelar solicitado por el ciudadano WILLIAN JOHAN BERRO CEBALLO, en contra del Acto Administrativo de Efectos Particulares emanado del Alcaldía del Municipio Autónomo Biruaca del Estado Apure, contenido de la Resolución No. DA 064-004, de fecha 26 de noviembre de 2004.

Ha sido criterio reiterado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en diferentes decisiones, que es competencia de dicha Corte el conocimiento de este tipo de Juicios, sin embargo es necesario acotar que motivado a la ausencia de Magistrados en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, debido a destitución, este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, venia conociendo en Primera Instancia de todas las causas que fuese competencia de esa misma Instancia, y en alzada conocía excepcionalmente la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido y como quiera que es un hecho notorio la designación de los nuevos jueces la entrada en funcionamiento de dicho Tribunal y por ende el cumplimiento de sus actividades naturales a plenitud, se DECLINA la competencia para conocer del presente recurso a la Corte Primera y/o Segunda de lo Contencioso Administrativo, con sede.....

Por todas las consideraciones que anteceden este Juzgado Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del la Región Sur, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela de sus ciudadano y ciudadanas y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE el RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, interpuesto por el ciudadano CRUZ TOVAR, en contra de INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO APURE.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, asumiendo la potestad de Juez Constitucional, declara IMPROCEDENTE el Recurso de Amparo Cautelar solicitado por el ciudadano GONZALO RAMÓN MONCADA NOGUERA, en contra del Acto Administrativo de Efectos Generales emanado de la Alcaldía del Municipio Páez del Estado Apure, contenido en el Decreto No. 006, de fecha 19 de marzo de 2004, publicado en Gaceta Municipal No. 70.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, asumiendo la potestad de Juez Constitucional, declara IMPROCEDENTE el RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL solicitado por el ciudadano CUENCA ANTONIO JOSÉ, en contra del Acto Administrativo de Efectos Particulares emanado del Alcaldía del Municipio Autónomo Biruaca del Estado Apure, contenido de la Resolución No. DA 037-004, de fecha 09 de noviembre de 2004.

1°.- Con Lugar la acción de amparo interpuesta por el ciudadano FERNANDO ANTONIO SUAREZ, en contra de la EMPRESA PLASTIZOL; por la conducta reiteradamente omisiva de incumplimiento a la Providencia Administrativa Nº 058-04-01-0140 de fecha 28 DE JULIO DE 2004, emanada de la Inspectoría de Trabajo (e) del Estado Apure con sede en la Ciudad San Fernando. 2° Se Ordena al representante de la EMPRESA PLASTIZOL, dar cumplimiento a la Providencia Administrativa Nº 058-04-01-0140 de fecha 28 de julio de 2004, emanada de la Inspectoría del Trabajo de la Ciudad de San Fernando del Estado, que ordenó el reenganche y el pago de salarios caídos y de cualquier otro beneficio dejado de percibir por causa del despido del ciudadano FERNANDO ANTONIO SUAREZ BENITEZ. Con la advertencia de que su incumplimiento podrá ser castigado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales con prisión de seis (6) a quince (15) meses.