HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos CIRO YHONSON SEIJAS INOJOSA y LUCINDA ANTONIA RODRIGUEZ, titulares de las cédulas de identidad Nos. V- 11.118.759 y 13.937.620, respectivamente, de conformidad con lo previsto en los Artículos 387 y 315, ambos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, asumiendo la potestad de Juez Constitucional, declara IMPROCEDENTE el Recurso de Amparo Cautelar, solicitado por el ciudadano WLADIMIR ERNESTO LAREZ, en contra del Acto Administrativo de Efectos Particulares emanado del Alcalde del Municipio Autónomo San Fernando del Estado Apure, contenido de la Resolución No. 15-2005, de fecha 22 de febrero de 2005.

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Segundo de Juicio del Circulito Judicial pernal del Estado Apure, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: ÚNICO: SE MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, que en fecha 24-12-04, conforme a las previsiones de los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, le fue decretada por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure al ciudadano: JOSÉ EXPEDITO ZORIAN, venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, titular de la cédula de identidad personal N° 9.180.616, hijo de Dorita Zoriano y de Ramón Márquez, domiciliado en el Barrio La Manga cerca de la Bomba de Gasolina, Bruzual Estado Apure; todo ello de conformidad a las previsiones del Artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese. Ofíciese. Cúmplase.- EL JUEZ, DR. DAVID OSWALDO BOCANEY.

Por todo lo antes expuesto, este Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: ÚNICO: SE MANTIENE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, que en fecha 26-03-05, conforme a las previsiones del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, le fue decretada por el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure al ciudadano HÉCTOR ELÍAS ARJONA, venezolano, natural de Achaguas, Estado Apure, nacido el 27-07-71, de 33 años de edad, soltero, hijo de María Noemí Arjona de Díaz y Héctor Díaz, residenciado en la Calle 13 de Septiembre, casa número 22, al frente del Centro Asistencial (Hospital Francisco Antonio Risques), Municipio Achaguas, Estado Apure y titular de la Cédula de Identidad N° 11.236.685; todo ello de conformidad a las previsiones del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese. C.....

PRIMERO: Confirma la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ALEXANDER PARRA.-

Por las razones antes expuestas este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: Primero: Se declina la competencia por la materia y en consecuencia se ordena remitir el expediente al Tribunal Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur; Segundo: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de esta decisión. Publíquese, Regístrese y Notifíquese al Procurador General del Estado Apure. Déjese copia certificada en este Tribunal. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, el día veintinueve (29) de septiembre de 2005. Años: 195 de la Independencia y 146 de la Federación.

Por las razones antes expuestas este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara Primero: La nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en fecha veinticinco (25) de octubre de 2004; Segundo: Se declina la Competencia por la materia y en consecuencia se ordena remitir el presente expediente al Tribunal Superior Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, órgano competente para el conocimiento de la presente causa; Tercero: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de esta decisión. Publíquese, Regístrese y Notifíquese a las partes. Déjese copia certificada en este Tribunal.

Es por ello, que al ser la parte demandada la GOBERNACION DEL ESTADO APURE, este tribunal acuerda REPONER LA PRESENTE CAUSA al estado en que se DECRETE LA EJECUCION VOLUNTARIA, para lo cual se le concede un lapso de sesenta (60) días siguientes a su notificación al Procurador General del Estado Apure, para que le de cumplimiento a lo decidido por el Tribunal suprimido donde se condena a pagarle las Prestaciones Sociales a la ciudadana CARMEN ANGELINA DIAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.242.430, de conformidad con el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 85 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En consecuencia, se declara la nulidad de las actuaciones a partir del folio 155 al 157 del expediente y los folios 166 al 168, 170, 173 del expediente. Notifíquese de la presente decisión al ciudadano Procurador General del Estado Apure y a la parte demandante de autos. Así se estable.....

PRIMERO: Admite la apelación ejercida por el abogado JUAN CAMPOS PERNIA, contra la decisión dictada en fecha 15-07-2005. SEGUNDO Se fija la celebración de la audiencia Oral y pública para el día 13-10-2005 a las 09:30 horas de la mañana.-

En merito de las anteriores consideraciones este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, de Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA LA PERENCION DE LA INSTACIA de conformidad con el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento civil, en la presente causa, seguida por la parte demandante: ciudadano LUIS RAFAEL MEDINA TORRES, contra BLANCO MARTINEZ MIRIAM LUZ, ambos plenamente identificados en autos. Notifíquese a la parte demandante conforme al artículo 251 ejusdem. Para lo cual se ordena comisionar al Juzgado del Municipio Biruaca de esta misma circunscripción judicial a los fines de que practique la notificación. Lìbrese boleta y despacho. Dada la naturaleza de la decisión no hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. .....