nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, DECLARA: TITULO SUPLETORIO DE PROPIEDAD Y POSESIÓN, suficiente sobre las bienhechurías, las cuales se encuentran construidas en una superficie de terreno propiedad del Municipio San Fernando, según AUTORIZACIÓN emanada de la Alcaldía del Municipio San Fernando, Estado Apure, SINDICATURA, en fecha 02 de Octubre del año 2.018, suscrita por la ciudadana Abogado MARIA CAROLINA HERRERA LÓPEZ, en su condición de Síndico Procurador Municipal; constante de DOSCIENTOS TRECE METROS CUADRADOS CON NUEVE CENTIMETROS (213,09 M2), ubicado en la PARROQUIA SAN FERNANDO, BARRIO ANTONIO JOSE DE SUCRE, CALLE PALACIO FAJARDO

Este Tribunal dictó Sentencia mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial que unía a los mencionados ciudadanos.

DECLARA: DESISTIDO el procedimiento y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la Demanda de Divorcio Ordinario incoada por la ciudadana LOHANNY WIRIANA CASTILLO PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-18.146.722, contra el ciudadano ALVARO DANIEL BOFFIL PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-18.328.150.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FERNANDO Y BIRUACA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, en Biruaca, a los 26 días del mes de noviembre de 2018.

En mérito de las anteriores consideraciones este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Fernando Y Biruaca de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: EL SOBRESEIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE LA SOLICITUD DE INSPECCIÒN JUDICIAL, solicitada por el ciudadano NÈSTOR FERNANDO ORTIZ DÌAZ, venezolano, mayor de edad, músico, titular de la cédula de Identidad Nº 10.616.936, debidamente asistido por el abogado en ejercicio NÈSTOR HUSSEIN ORTÌZ A, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 280.227, y de la oponente ciudadana Rosalinda Gil, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 18.726.078, ambos identificados en autos, de conformidad con lo previsto en el artículo 901 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por cuanto esta solicitud es de Jurisdicción Voluntaria en consecuencia ninguna de las .....

Por las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de La Ley, resuelve: Primero: Declarar Consumada la Perención y Extinguida la Instancia en la presente Querella Funcionarial, ejercida por la ciudadana Landaeta Betancourt Yipcy Yubisay, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº. 15.513.199, debidamente representado por el abogado Marcos E. Goitia, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 75.239, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, acción de hecho y derecho funcionarial. Segundo: Notifíquese a la parte querellante de la presente decisión.

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, considera procedente lo solicitado, HOMOLOGA el acuerdo planteado por los precitados ciudadanos.

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en San Fernando de Apure, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, considera procedente lo solicitado. HOMOLOGA el acuerdo planteado por los precitados ciudadanos.

"(...)Se acuerda el beneficio de jubilación, así como el pago de las pensiones de jubilación, desde la fecha en que feneció la relación laboral, es decir desde dieciocho (18) de septiembre de 2015 (Vid. Sentencia Sala Constitucional de fecha 20/07/2007); fijándose la pensión de jubilación en el equivalente al 80% del último salario base mensual efectivamente devengado por el trabajador para el momento de su egreso, con los respectivos aumentos u homologaciones acordados legal o contractualmente, la cual, no podrá ser menor al monto del salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional conforme al artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Vid. Sentencia N° 03, de la Sala Constitucional de fecha 25/01/2005). (...)"