en consecuencia este Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, Acuerda: Conforme a lo señalado en el artículo 26 referida a la Tutela Judicial Efectiva y el artículo 257 ambos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, diferir la realización de la presente audiencia, y fijarla nuevamente para el día 17-06-05 a las 09:30 horas de la mañana, para que esta forma conozca de la presente causa, la Juez DRA. MARIA MELVA GARCIA, quien en principio conoció de la misma. Notifíquese a las partes. Cúmplase. EL JUEZ SEGUNDO DE CONTROL DR. JUAN ANIBAL LUNA EL SECRETARIO AB. EDWIN BLANCO Seguidamente se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede. EL SECRETARIO AB. EDWIN BLANCO Causa: 2C-6212-04 JAL/EB..-

Seguidamente la ciudadana Juez expone: Vista la incomparecencia de las partes este Tribunal se ve en la imperiosa necesidad de diferir la presente audiencia para el día 15-08-05 a las 02:30 pm Quedan notificadas las partes presentes. Notifíquese al imputado y a su defensor. Es todo. Terminó. Se leyó y conformes firman. LA JUEZ DE CONTROL N ° 1, DRA. NORKA MIRABAL RANGEL

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial de la Región Sur, administrando justicia y actuando como Juez Constitucional en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL solicitado por la ciudadana QUINTANA DIAZ ELIA MARIELA contra LA SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN, en la persona del ciudadano JHON GUERRA; en consecuencia se le ordena: 1.- Que se reincorpore a la ciudadano QUINTANA DIAZ ELIA MARIELA a su sitio de trabajo y se proceda a realizar las diligencias pertinentes para la cancelación del salario con todos los beneficio dejados de percibir, desde el momento de la suspensión, hasta la presente fecha, que le corresponden como DOCENTE DE AULA IV NIVEL I. 2.- Dichas diligencias deben ser cumplidas en forma inmediata e incondicional conforme a lo dispuesto en los .....

HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos CARUCI ALEX ENRIQUE y CARMEN YURIMAR AGUIRRE HERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V-14.981.195 y V-13.488.564, de conformidad con lo previsto en los Artículos 387 y 315, ambos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente

HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos JOSE BENEFICIO FAJARDO, SIXTA FELICIA FAJARDO y JUANA DEL CARMEN BOLIVAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nros. V-10.620.993, V-8.190.448 y 19.249.004, de conformidad con lo previsto en los Artículos 387 y 315, ambos de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA POR EFECTO DE LA PERENCION, conforme al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 268 y 269 ibídem.

Por todo lo antes expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECRETA: PRIMERO: Admitir la precalificación presentada por el Representante del Ministerio Público, por el delito de Transporte de Sustancias Estupefaciente, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, presuntamente cometido por el imputado SIERRA CAPACHO SAMUEL, de nacionalidad colombiana, de 35 años de edad, natural de La Bateca, Norte de Santander, República de Colombia, fecha de nacimiento 24.05-1970, titular de la Cédula de Ciudadanía Nº 5.457.940, de profesión u oficio agricultor, hijo de José Gonzalo Sierra y Clementina Capacho, residenciado en Vereda Alto Cauca, TAME, República de Colombia, en perjuicio del Estado venezolano. SEGUNDO: Se Decreta la apre.....

Es por todo lo antes expuesto que éste Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ACUERDA: PRIMERO: Admitir la precalificación Fiscal por el delito de Falsa Atestación, tipificado en el encabezamiento del artículo 320 del Código Penal, presuntamente cometido por el ciudadano Gonzalo Medina Wilchez, ya identificado, en perjuicio del Estado; y por el delito de falsa atestación, tipificado en el primer aparte del artículo 320 del Código Penal, presuntamente cometido por los ciudadanos Trujillo Rodríguez Julián, Osorio Crespo Ernesto Alexander y Velasco Peñaranda Luciano, plenamente identificados, en perjuicio del Estado. SEGUNDO: La continuación del proceso por el procedimiento ordinario, tomando en consideración lo incipiente de la investigación y las actuaciones y experticias que faltan por practicar, de conformidad con lo es.....

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO. Guasdualito, 02 de Junio del Dos Mil Cinco (2.005) 196° y 145° Analizado como ha sido el escrito interpuesto por ante este Tribunal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, extensión Guasdualito, en fecha 30-05-2005, por los ciudadanos Miguel Panza Cédula de Identidad Nº 1.616.721 y Santa Salazar Cédula de Identidad Nº 2.875.244, actuando en su carácter de victimas en la presente causa marcada con el Nº 1E260-02, y en donde indican que el penado José Euclides Guillen Navas cédula de identidad Nº 5.734.874, incumple con las condiciones impuestas por este Tribunal en el momento en que le fue concedido el Beneficio de Libertad Condicional como Medida Humanitaria de conformidad con lo estipulado en el artículo 503 del Código Orgánico Procesa.....

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Región Sur de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, asumiendo la potestad de Juez Constitucional, declara IMPROCEDENTE el RECURSO DE AMPARO solicitado por la abogada MARIA F. CASTILLO F., en contra del ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO POR EL CAPITAN JESUS AGUILARTE GAMEZ, en su condición de GOBERNADOR DEL ESTADO APURE, contenido en DECRETO Nro. G-070-1, de fecha 21 de febrero de 2005, mediante el cual decreta hacer cumplir la Ley de Liquidación y Supresión del Instituto de Planificación Regional del Estado Apure (INPRA), publicada en gaceta oficial del Estado Apure, en fecha 17 de febrero de 2005.