CON LUGAR la solicitud de Divorcio por Desafecto formulada por la ciudadana KATHERINE MAILUZ ROJAS CARRIZALES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-18.702.659, en contra del ciudadano REYES ANTONIO MONGUA MACIAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V° 19.689.770, debidamente asistido por el Abogado JUAN INES GRATEROL CASTILLO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 156.987, padres biológicos del Niño (Se omite la identidad acogiendo el criterio Jurisprudencial con carácter vinculante emanado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia Nro. 1.554 de fecha 12-11-2013, la cual riela en el Expediente Nro. 13-0318 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, caso Edgar José Hernández Romero), conforme al criterio de la doctrina emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sentencia Nro. 1.070, de fecha 09-12-2016, la cual rie.....

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y actuando por Autoridad de la Ley, conforme a los Artículos 12 y 243 del Código de Procedimiento Civil, declara:INADMISIBLEla demanda interpuesta porlosciudadanos PABLO TOMAS CONTRERAS Y MIREYA MARLENE VERA CONTRERAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº 12.903.134 y 12.903.138 respectivamente, domiciliados en la Avenida Adilia Castillo, sector pescador, c/s de la Parroquia el Yagual, Municipio Achaguas del Estado Apure, debidamente asistido por el abogado en ejercicioANDRÉS JOSÉ CORREIA, titular de la cédula de identidad Nº 17.200.172, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 180.722, en contra de las ciudadanas MARILANDIS CONTRERAS, LEIDA JOSEFINA CONTRERAS, NORIS YSABEL CONTRERAS, MELITZA LILIBETH MIRABAL.....

Finalmente este Juzgado considerando, que de acuerdo a las actuaciones realizadas, y el valor desprendido de las copias certificadas del Acta de Defunción, Acta de Nacimientos, y copias de la cédulas de identidad de los solicitantes, y por cuanto en estas actuaciones sólo aparecen como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, a los ciudadanos JOSE ANTONIO CASTILLO MARTINEZ, LINDNER TERESA CASTILLO MARTINEZ, HEDI MARIA CASTILLO MARTINEZ, JORGE ALEJANDRO CASTILLO MARTINEZ, RICARDO JOSE CASTILLO MARTINEZ, cuya filiación se encuentra legítimamente comprobada, según consta en Actas de Nacimientos, en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FERNANDO Y BIRUACA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE, Administrando Justicia en Nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por Autoridad de la Ley, DECLARA bastante y suficientemente la presente .....

SEGUNDO: En consecuencia se ordena el DESALOJO INMEDIATO del ciudadano JAVIER ARTURO BLANCO BOLÍVAR, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-9.591.345, debiendo hacer entrega formal a la accionante de autos ciudadano ADONIS JOSÉ NUÑEZ MAICA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-24.540.934, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana CARMEN ALBANIA OJEDA BLANCO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-2.232.344; del local utilizado como oficina identificada con las siglas 1-A, ubicada en la Calle Comercio, edificio "San José", planta baja, municipio San Fernando del estado Apure; hecho éste que deberá materializarse una vez quede firme la presente decisión. Y así se decide. TERCERO: Se ordena que el ciudadano JAVIER ARTURO BLANCO BOLÍVAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-9.591.345, cancele al accionante de autos ciudadano ADONIS JOSÉ NUÑEZ MAICA,.....

ÚNICO: Declara inadmisible de conformidad con el literal "a" del artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 462 eiusdem, la pretensión interpuesta el 5-11-2021 por el Abg. ÁNGEL DANIEL GONZÁLEZ, Defensor Privado del ciudadano ALFREDO ORANGEL BEJAS, sustentada en el numeral 3 del artículo 462 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada el 9-8-2018 y publicado el auto fundado en la misma fecha, por la Juez 2ª de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Apure, Abg. ROSMERY TORRES LEAL, condenado en aplicación del procedimiento especial por admisión de hechos, a cumplir la pena de trece (13) años y cuatro (4) meses de prisión, como responsable por comisión del delito de homicidio calificado con alevosía, tipificado en el numeral 1 del artículo 406 del Código Penal, y violencia sexual, previsto en el artículo 43 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Muj.....

Es por tanto que las medidas cautelares son un instrumento necesario para la eficiencia de la Justicia y este poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumusboni iuris). En ese sentido, de la revisión efectuada al libelo de la demanda, se constató que el solicitante no aporto las pruebas suficientes para que proceda el decreto de las medidas solicitadas, en consecuencia, este Juzgado concede tres (03) días de despacho sigui.....

Es por tanto que las medidas cautelares son un instrumento necesario para la eficiencia de la Justicia y este poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando existan en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. Por tal razón es imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fumusboni iuris). En ese sentido, de la revisión efectuada al libelo de la demanda, se constató que el solicitante no aporto las pruebas suficientes para que proceda el decreto de las medidas solicitadas, en consecuencia, este Juzgado concede tres (03) días de despacho sigui.....