Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR LA ACCIÓN POR COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, que incoara la ciudadana LETICIA RAMONA PUMAR DE MUÑOZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº , con domicilio en esta ciudad de San Fernando de Apure, representada por el abogado MARCOS GOITÍA inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 75.239, con domicilio procesal en la Avenida Miranda cruce con Chimborazo contra la Gobernación del Estado Apure, representado por el ciudadano Jesús Aguilarte Gámez. SEGUNDO: Se condena a la Gobernación del Estado Apure, a cancelar a la demandante las siguientes cantidades: por concepto de indemnización de antigüedad (antiguo régimen, artículo 666, literal "a" de la Ley Orgánica del Trabajo1990) TRESCIE.....

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda de Prestaciones Sociales que incoara el ciudadano Oscar Eugenio, Córdova Laya, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 11.241.296, con domicilio en esta ciudad de San Fernando de Apure; representado por el abogado Marcos Goitia, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.756.223, e inscrito en el Instituto de Previsión Social de Abogado bajo el número 75.239, contra la Gobernación del Estado Apure, representado por el ciudadano Jesús Aguilarte Gámez. SEGUNDO: Se condena a la Gobernación del Estado Apure, a cancelar al actor las siguientes cantidades: por concepto de indemnización de antigüedad (antiguo régimen, artículo 666, de la Ley Orgá.....

DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA POR EFECTO DE LA PERENCION, conforme al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 268 y 269 ibídem.

Ahora bien, a criterio de quien aquí se inhibe, se configura en este caso, la causal de inhibición prevista en el artículo 86 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal

a criterio de quien aquí se inhibe, se configura en este caso, la causal de inhibición prevista en el artículo 86 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal,

DISPOSITIVA: Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia Penal en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SIN LUGAR la solicitud hecha por la defensa Dra. Argelia Pérez Ochoa y la respectiva adhesión a la solicitud del Ciudadano Fiscal del Ministerio Público, de reformar el cómputo hecho en el Auto de Ejecución de Redención de Pena de fecha 08 de mayo de 2003, que corre inserto a los folios 233 y 234 del expediente. SEGUNDO: CORREGIR DE OFICIO, auto de Reforma de la Ejecución de la Redención de Pena, de fecha 12 de Junio de 2.003, el cual corre inserto en los folios doscientos ochenta y siete (287) y Doscientos Ochenta y Ocho (288), en cuanto a la finalización de la pena correspondiente a los penados Edward Joaquin Jiménez y César Raúl Herrera, señalando además en el nuevo cómputo, las fechas.....

Por cuanto el delito por el cual fue condenado es uno de los que permite la concesión del BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA, según el Artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para la fecha en que se pronunció la sentencia, se difiere la ejecución de la pena hasta tanto se le realice al penado el informe PSICOSOCIAL, por el organismo competente del Ministerio de Justicia, para lo cual se remitirá copia certificada de la sentencia firme y cómputo de pena a la Coordinación Zonal, a fin de que se realice el informe Psicosocial correspondiente. Igualmente se mantiene la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad impuesta por el Tribunal Primero de Control la cual consiste la presentación cada 30 días por ante la sede de la Fiscalia Quinta del Ministerio Público. Diarícese, publíquese, Notifíquese del presente cómputo al Fiscal del Ministerio Publico, al penado y a su defensor y practíquese las demás diligencias correspondientes. LA JUEZ PRIMERA.....

Se niegan las Medidas Cautelares solicitadas consistentes en prohibición de salir del país del imputado y presentaciones periódicas, conforme al artículo 256 numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que a criterio de quien suscribe, si bien, pudiera determinarse de acuerdo a la pena asignada al delito de Enriquecimiento Ilícito (3 a 10 años) el peligro de fuga, el mismo desde que fue imputado por el Ministerio Público, hubiera podido evadirse, no observándose que el imputado se haya portado contumaz o rebelde a las comparecencias a las que hubiere sido llamado y más importante aún, no se ha presentado acto conclusivo de la investigación, lo que limita la potestad del Juez para decretar medidas de esta naturaleza que también limita la libertad del investigado; en este sentido, siendo que la naturaleza propia del Ministerio Público, en estos casos es acusar para lograr retener al imputado para que no haya peligro de evasión de la Justicia en la persecución del delito, .....

ESTE TRIBUNAL DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA. 1.- DESAPLICA POR CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCION BOLIVARIANA DE LA REPÙBLICA EL ARTICULO 508 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL POR SER CRITERIO DE ESTE JUZGADOR QUE EN LA PRESENTE CAUSA COLIDE CON NORMAS PREVISTAS EN NUESTRA CONTITUCION SEÑALADOS EN LOS ARTICULOS 272 Y 21 Y EN LOS ARTICULOS 2 Y 7 DEL PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA, EL ARTICULO 26 EL PACTO INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS CIVILES Y POLITICAS Y QUE SON DE APLICABILIDAD INMEDIATA TAL COMO LO INDICA EL ARTICULO 23 DE LA CONSTITUCION BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SINTONIA CON EL PRINCIPIO DE QUE TODOS LOS JUECES DE LA REPÙBLICA SON SUJETOS DE DEBER-POTESTAD DE VELAR POR LA INTEGRIDAD Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LA CARTA MAGNA A TRAVÈS DEL DENOMINADO CONTROL DIFUSO REFERENTE A DERECHOS FUND.....

HOMOLOGA el acuerdo planteado entre los adolescente; JOSUÉ RAFAEL GREGORIO PEREZ TREJO y ANNY GABRIELA PEREZ TREJO y su padre JOSUÉ RAFAEL PEREZ, el segundo titular de la cedula de Identidad N° 9.871.756, de conformidad con lo establecido en los artículos 315, 358 y 387 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente.-