Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, con sede en la Ciudad de San Fernando, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, sin perjuicio de terceros de igual o mejor derecho, DECLARA como CARGA FAMILIAR del ciudadano, JAIRO JAVIER BLANCO RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 14.218.105, los Niños: (Se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y del Adolescente), para que goce de todos los beneficios que le pueda brindar el ciudadano antes mencionado en su condición de Tío a fin.

Por todo lo antes expuesto que este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECIDE: PRIMERO: ADMITIR TOTALMENTE la acusación presentada por la Fiscalía Duodécima del Ministerio Público de Guasdualito, en contra del ciudadano PEDRO ANGEL MOSQUERA LEUDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 23.137.543, natural de Turbo, Departamento de Antioquia, República de Colombia, nacido en fecha 01-01-1946, de oficio Mecánico de maquinaria pesada, hijo de Marcelina Leudo y Eladio Mosquera, de estado civil soltero, residenciado en el sector Morrocoy, a una casa de la entrada de la UNELLEZ, Guasdualito, estado Apure, por la presunta comisión del delito de ACTOS LASCIVOS, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violenc.....

Es por todo lo antes expuesto que este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECIDE: PRIMERO: ADMITIR TOTALMENTE la acusación presentada por la Fiscalía Décimo Segunda del Ministerio Público de Guasdualito, en contra de las ciudadanas MONTOYA RIVERO DAICY JUSTINA, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad No. V-17.690.110, natural de Guasdualito, nacido en fecha 27-03-1986, de 26 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Ama de casa, hija de los ciudadanos Doris Rivera y Miguel Montoya, residenciada en el sector las playitas, detrás del estadio de Morrones, diagonal a la casa de alimentación de Morrones, Guasdualito, estado Apure. Telf. 0424-4924610 y SAYAGO REYES KENIA LISETH, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad No. V-21.321.168, natur.....

PRIMERO: SIN LUGAR, la solicitud formulada por la Abogada ROCIO MUNDARAIN; actuando en su condición de Defensora Pública del ciudadano: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ RIERA, Titular de la Cedula de Identidad Personal Nº 18.146.674; Acusado por la presunta comisión del delito de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, Previsto y Sancionado en el Articulo 05 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor; mediante la cual solicitó la Modificación y Sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que les fuera impuesta en fecha: 09-10-2012, por este Tribunal. SEGUNDO: Se mantiene en vigor la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que les fuera impuesta al ciudadano: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ RIERA, Titular de la Cedula de Identidad Personal Nº 18.146.674, Actualmente recluido en la sede del Internado Judicial de esta ciudad a la orden de este tribunal. Impóngase al imputado previo traslado. Notifíquese a la defensora. Cúmplase.

PRIMERO: SIN LUGAR, la solicitud formulada por la Abogada MEIRA KATIUSKA PINTO; actuando en su condición de Defensora Pública del ciudadano: KRISTIAN HERLANDEST RODRÍGUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Personal Nº 24.103.344; imputado por la presunta comisión de los delitos de HURTO CALIFICADO, Previsto y Sancionado en el Articulo 453. 3 del Código Penal y ACTOS LASCIVOS, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; mediante la cual solicitó la Modificación y Sustitución de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que les fuera impuesta en fecha: 20-02-2013, por este Tribunal. SEGUNDO: Se mantiene en vigor la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que les fuera impuesta al ciudadano: KRISTIAN HERLANDEST RODRÍGUEZ, Titular de la Cedula de Identidad Personal Nº 24.103.344, Actualmente recluido en la sede del Internado Judicial de esta ciudad a la orden de este tribunal. Impón.....

ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA: PRIMERO: LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA del ciudadano CASTRO VISCAINO JUAN CARLOS, de nacionalidad venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-5.536.540, natural de Caracas, Distrito Capital, fecha de nacimiento 24-11-1959, mayor de edad, soltero de oficio asesor de salud, auxiliar de farmacia, hijo de Salvador Castro y Inés Vizcaino, residenciado en la urbanización Manga de Coleo, calle principal, casa S/N, Guasdulito, estado Apure, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA Y EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA, previstos y sancionados en los artículos 463 numeral 1º y 134 de la Ley del Ejercicio de la Medicina, en perjuicio de EL ESTADO VENEZOLANO; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza d.....

este Tribunal Primero de Segunda Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en consecuencia, HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos de conformidad con el artículos 315, 385 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes.-