Por recibida y vista la diligencia que antecede, estampada por los ciudadanos: MARCOS GOITIA HERNANDEZ y ARMANDA ARTEAGA, el primero actuando como Abogado Apoderado de la parte actora ALEXIS ARCILIO MENDOZA y por la otra actuando en su condición de PROCURADORA GENERAL DEL ESTADO APURE, parte demandada; mediante la cual celebran Transacción en el presente Juicio; désele entrada y admítase cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia, este Tribunal de conformidad con lo establecido en el Artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, ordena HOMOLOGAR dicha TRANSACCION, se da por terminado el presente Juicio, dándosele el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y se ordena el archivo del expediente respectivo, una vez conste en autos el pago de lo acordado. CUMPLASE.-

Por recibida y vista la diligencia que antecede, estampada por los ciudadanos: MARCOS GOITIA HERNANDEZ y ARMANDA ARTEAGA, el primero actuando como Abogado Apoderado de la parte actora GABRIEL ANTONIO SECO y por la otra actuando en su condición de PROCURADORA GENERAL DEL ESTADO APURE, parte demandada; mediante la cual celebran Transacción en el presente Juicio; désele entrada y admítase cuanto ha lugar en derecho. En consecuencia, este Tribunal de conformidad con lo establecido en el Artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, ordena HOMOLOGAR dicha TRANSACCION, se da por terminado el presente Juicio, dándosele el carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y se ordena el archivo del expediente respectivo, una vez conste en autos el pago de lo acordado. CUMPLASE.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE. San Fernando de Apure, 02 de Marzo de 2.009 197° y 149° Presentado personalmente por su firmante. Fórmese expediente, inventaríese, désele entrada y el curso de Ley correspondiente. Admítase cuanto ha lugar en derecho la anterior solicitud por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbre ó a alguna disposición expresa de la Ley. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, y sin perjuicio de terceros de igual o mejor derecho, este Tribunal en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara "TITULO S.....

Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Decreta el SOBRESEIMIENTO de la causa instruida contra PERSONA DESCONOCIDA, por la comisión del delito de EXTORSIÓN, previsto y sancionado en el artículo 461 del Código Penal vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos, cometido en perjuicio de la ciudadana CAROL SOLANDA GALLARDO NADALES, venezolana, titular de la cedula de identidad13.012.859, domiciliada en la Urbanización Francisco Solórzano, calle No. 2, casa sin número, Teléfono 0414-7508015. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 48 numeral 8º, 318 numeral 3º y 319 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. Remítase la causa como concluida al Archivo Judicial en su oportunidad legal.

Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Decreta el SOBRESEIMIENTO de la presente causa, en perjuicio de JOSÉ CANDELARIO ESTRADA (occiso), de conformidad con lo establecido en el artículo 318 numeral 2° del Código Orgánico Procesal Penal, y el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese a las partes. Remítase la causa como concluida al Archivo Judicial en su oportunidad legal. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Por todo lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Decreta el SOBRESEIMIENTO de la causa instruida en contra del ciudadano PEDRO ANTONIO VILLAMIZAR EUGENIO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. V-9.234.855, por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 455 Ordinal 1º del Código Penal vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos, cometido en perjuicio del ciudadano BERMUDEZ LIMA JUAN BAUTISTA. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 48 numeral 8º, 318 numeral 3º y 319 del Código Orgánico Procesal Penal. Remítase la causa como concluida al Archivo Judicial en su oportunidad legal.

SE ADMITE, en cuanto ha lugar en derecho por no ser contrario al orden Público, a las Buenas Costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, conforme a lo dispuesto en el en el Articulo 341 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Articulo 511 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del adolescente. Se le da entrada en el libro respectivo Bajo el Nº 09-642, así mismo este Tribunal observa que en la presente causa se ha producido una interrupción de los lapsos por lo que se ha roto el Principio de que las partes están a derecho, en virtud de la remisión de la causa que se hizo a este Juzgado, es por ello que a fin de darle cumplimiento al principio de la estabilidad de los Juicios, al Principio de Igualdad, al Derecho a la defensa y por ende al debido proceso resulta de impretermitible necesidad la aplicación del Articulo 14 del Código de Procedimiento Civil, por lo tanto se FIJA UN TÉRMINO DE DIEZ (10) DIAS DE DESPACHO después de notificadas las partes o s.....

DISPOSITIVA. Por todos los razonamientos de hecho y de derecho, este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA: PRIMERO: Siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal y teniendo el mismo la potestad de solicitar la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, conforme a las previsiones en artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, este tribunal considera ajustado a derecho la solicitud fiscal de que se prosiga la presente investigación por el procedimiento ordinario, y se decreta con lugar a aprehensión en flagrancia conforme a lo estatuido en el artículo 44.1 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y 248 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se admite la precalificación dada por el Ministerio Público por el delito de Trafico en la Modalidad de Distribución de Sustancias Estupefaciente.....

Por todo lo antes expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO APURE, EXTENSIÓN GUASDUALITO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley NIEGA LA MEDIDA ALTERNATIVA DE CUMPLIMIENTO DE PENA DE DESTINO A ESTABLECIMIENTO ABIERTO, conocida como RÉGIMEN ABIERTO, al penado JUAN BAUTISTA GARNICA ARDILA, colombiano, mayor de edad, titular de la cédula de ciudadanía Nº 5.765.047, nacido en el Socorro, Norte de Santantander, República de Colombia, en fecha 20 de Enero de 1969, de ocupación agricultor, hijo de María Gloria Ardila y Rogelio Garnica, quien fue condenado por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal, vigente para cuando ocurrieron los hechos, por no cumplir en forma concurrente con los requisitos exigidos en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal.....

Si bien es cierto, se desprende de los términos del escrito presentado que la parte actora solicita el pago de Prestaciones Sociales y demás beneficios laborales, debe entenderse que se trata de una querella, la cual surge como medio instrumental para garantizar las resultas del juicio y en consecuencia corresponde a este Tribunal revisar que la presente querella no esta incursa en ninguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 19, aparte 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. En tal sentido observa que la misma no se encuentra incursa en ninguna de las restantes causales revisadas, por lo que se ADMITE en cuanto ha lugar en derecho, y así se decide.-