En el día hábil de hoy, Lunes (08) de Agosto del dos mil cinco (2005), siendo las nueve (9:00 a.m.) hora de la mañana, oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el Juicio de Prestaciones Sociales, compareciendo por ante este Tribunal Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, , el Tribunal deja constancia de la incomparecencia de las partes; en consecuencia, de conformidad con el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA EL DESISTIMIENTO EL PROCEDIMIETO. Es todo". Terminó, se leyó y conformes firman.

El Tribunal vista la exposición anterior y teniendo a la vista la Orden de Pago N° 8727, de fecha 18-12-2003, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. DECLARA: Formalmente Embargado Preventivamente la cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.3.447.525,00), declara de desposesión Jurídica de la misma.

D I S P O S I T I V A: Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Juzgado Segundo del Municipio Muñoz de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, fundamentado en las razones que anteceden; HOMOLOGA EL PRESENTE CONVENIMIENTO, todo de conformidad con el Artículo 375 de la Ley orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.- Diarícese, déjese copia, notifíquese a las partes, publíquese, cúmplase.- La Jueza, Abg. Carmen Dolores Marín La Secretaria, Teresa Y. Márquez de Laya Nota: Seguidamente se publicó la anterior sentencia, siendo la 1:00 p.m., del día de hoy 08-07-2005.-Conste.- Teresa Y. Márquez de Laya .....

Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Juzgad Segundo del Municipio Muñoz de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, fundamentado en las razones que anteceden, ACUERDA HOMOLOGAR EL PRESENTE CONVENIMENTO, todo de conformidad con el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil.-

Se ordena la Suspensión de la Medida, en consecuencia ofíciese al Jefe Civil de la Parroquia San Rafael de Atamaica, Municipio San Fernando y al Juzgado Ejecutor de Medidas de los Municipios San Fernando y Biruaca, para que devuelva la comisión conferida en el estado en que se encuentre.

DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR, la solicitud de Obligación Alimentaria formulada por la ciudadana HILSIA YELITZA NAVAS, titular de la Cédula de Identidad N° 12.900.206, en su condición de madre y representante legal de la niña JETZYS MILAGROS PEÑA NAVAS debidamente asistida por la Abg. WENDY NATHALY MIRO MIERES, en su condición de Fiscal Sexta del Ministerio Publico.- SEGUNDO: Se FIJA con carácter DEFINITIVO la obligación Alimentaria en la suma de CIENTO SESENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.165.000,oo) mensuales, que el ciudadano JOSE GREGORIO PEÑA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 6.254.894 y de este domicilio, debe cumplir a favor de su hija JETZYS MILAGROS PEÑA NAVAS, la cual deberá ser aumentada en un 20% anual de la suma que perciba el padre como incremento salarial, es decir, 20% de la suma real que efectivamente le sea aumentada y no sobre la totalidad del salario que percibe, mas aportes extras del 21.36% del Bono Vacacional, a los .....

DECLARA CON LUGAR la solicitud de fecha 14/12/2004, por cuanto lo solicitado por la demandante no es contraria a derecho, y decreta un monto de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,oo) mensuales, por concepto de Obligación Alimentaria, suma esta equivalente al 37% del Salario mínimo Urbano, a partir del presente mes de Agosto del año en curso, cantidad que será depositada por el demandado de autos en una cuenta de ahorro que a los efectos se ordena aperturar en esta misma fecha en el Banco Industrial de Venezuela, mas la suma de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00) en el mes de Septiembre e igual monto en el mes de Diciembre, para cubrir los gastos ocasionados por el mencionado niño por concepto de inicio de actividades escolares, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y festividades decembrinas, de conformidad con lo establecido en los artículos 365 y 366 Ejusdem.-

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta SALA DE JUICIO DEL TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO APURE, CON SEDE EN SAN FERNANDO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA POR EFECTO DE LA PERENCION, conforme al artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en relación con los artículos 268 y 269 ibídem.

por cuanto versa sobre derechos disponibles este Tribunal le imparte su HOMOLOGACIÓN, dándole el carácter de sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada, de conformidad con el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil. Así mismo, se ordena oficiar a la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Achaguas, a los fines de levantar la medida decretada en fecha 31-03-05, que pesa sobre los inmuebles siguientes: Primero: Un Lote de terreno constante de Cien Hectáreas (100 has) en sabanas denominadas Potreros Rameros Payara en Jurisdicción del Municipio Achaguas de esta Circunscripción Judicial, con los siguientes linderos; Norte: Sucesión Quiñónez; Sur: Encarnación Rodríguez Venero; Este: Sucesión Quiñónez y Oeste: Baldomero Rodríguez Venero conocido dicho terreno con el nombre de Fundo Las Vacas el cual se encuentra registrado por ante la oficina subalterna del Registro del Municipio Achaguas, bajo el Nº 13, folio 57 y 58, Protocolo Primero, Tercer Trimestre del año 1.998.....

UNICO: Admite el Recurso de apelación ejercido por la abogada CAROL A. PADRINO F. en su condición de Defensora Pública Segunda (E) adscrita a la Unidad de la Defensa Pública del estado Apure, y en ejercicio de la defensa del ciudadano VÍCTOR VICENTE APARICIO RODRÍGUEZ, contra la decisión dictada en fecha 13-07-2005, por ser impugnable y recurrible, conforme a los artículos 432 en relación con el artículo 437 y 450 del Código Orgánico Procesal Penal. Provéase lo conducente