"...Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA EN LA PRESENTE CAUSA., en la presente Acción de Nulidad de Acto Administrativo, interpuesta por la Abogada DAMNY BELLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 12.584.709, e Inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 113.922, en su condición de apoderada judicial de la FUNDANCIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIGENA APUREÑO (FUNDEI), intentara el Recurso de nulidad en contra de la providencia administrativa Nº 00323-09, dictada por la Inspectoría del Trabajo del Estado Apure en fecha diez (10) de septiembre de 2009, mediante la cual declaró con lugar el Reenganche y pago de salarios caídos a favor de la ciudadana DAYANA CAROLINA CARREÑO.....

"... Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de la Coordinación Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA EN LA PRESENTE CAUSA, en la presente Acción de Nulidad de Acto Administrativo, interpuesta por la por la abogada KARLA DALILAH HERNÁNDEZ BENÍTEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.146.094, inscrita en el Inpreabogado bajo en Nº 126.594., en su condición de apoderada judicial del ciudadano José Luis Carrasquero Vargas, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.603.858 en su condición de apoderado Legal del ciudadano Miguel Ángel Henríquez Marcano, venezolano mayor de edad titular de la cedula de identidad Nº 9.424.853 en su condición de Rector y Representante Legal de la UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE .....

"...declara: PRIMERO: consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA EN LA PRESENTE CAUSA, en la presente Acción de Nulidad de Acto Administrativo, interpuesta por el Abogado RAFAEL ANTONIO BLANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 17.394.006 e Inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 134.054., en su condición de apoderado judicial del ciudadano RICARDO ANTONIO RUBIO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 10.425.409, intentaron el Recurso de nulidad en contra del auto de fecha 28 de junio de 2012, dictado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Apure, mediante la cual declaró la inadmisibilidad de la solicitud para proceder al reenganche y restitución de la situación jurídica infringida al ciudadano antes mencionado..."

este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos antes mencionados, de conformidad con el artículos 385 y 386 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la Demanda de Aumento de Obligación de Manutención, intentada por la ciudadana BERTHA JULIA DAVALILLO LUGO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 20.722.355, actuando en su condición de madre y representante legal de la Adolescente (Cuya identidad se omite de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes), contra el ciudadano EDWIN FRANCISCO SALAZAR RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 16.508.574.

este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre las ciudadanas de conformidad con el artículo 359 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes.

este TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACION, SUSTANCIACION Y EJECUCION DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO APURE considera procedente lo solicitado, en consecuencia, se HOMOLOGA EL ACUERDO CONCILIATORIO, planteado por los precitados ciudadanos en todos los términos por ellos expuestos, de conformidad con el articulo 315 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en concordancia con los artículos 365, 366 y 375 Ejusdem.

este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos arriba mencionados, de conformidad con el artículos 366 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes.

este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos en los términos expuestos por las partes de conformidad con el artículos 315, 366 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niños, Niñas y Adolescentes.

este Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA el acuerdo conciliatorio planteado entre los ciudadanos de conformidad con el artículos 366 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.